Bolivia. Tres instancias legislativas reciben las denuncias de los litigantes. Retardación, prevaricato y corrupción son parte de las quejas a investigar. Los legisladores esperan un cambio de actitud de los operadores de justicia.
Diputados reciben 22 denuncias contra magistrados del Judicial
MAGISTRADOS El Órgano Legislativo atiende más de 200 denuncias contra autoridades judiciales.
Cambio, La Paz
La Cámara de Diputados recibió más de 200 denuncias contra operadores de justicia, que incluyen posibles casos de corrupción, retardación de justicia y prevaricato. Del total 22 están dirigidas a magistrados del Órgano Judicial.
La comisiones de Derechos Humanos, Justicia Plural y de Constitución, de la Cámara Baja, habilitaron sus oficinas para recibir las denuncias de la población litigante que se vea afectada por el actuar de jueces, fiscales o investigadores.
“Abrimos oficinas para que las personas pueden quejarse por el retardo de justicia (para que) jueces, fiscales o vocales que no cumplan sus deberes sean denunciados ante este ente legislativo”, declaró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rodolfo Calle.
Desde el martes, cuando se abrió uno de los puntos de reclamo, hasta el jueves se recibieron cinco denuncias, que se suman a unas 200 que recibió el Comisión de Derechos Humanos y que ya son investigadas.
A estas denuncias, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Sejas, adicionó otras 22 que están dirigidas contra altas autoridades del Órgano Judicial, lo que derivaría, de encontrarse indicios, en juicios de responsabilidades.
“Tenemos varios procesos en la Comisión de Justicia que tienen que ver con denuncias que fueron interpuestas contra autoridades del Órgano Judicial, por razones obvias no vamos a dar los nombres porque somos nosotros los que investigamos y si el caso amerita imputaremos y acusaremos”, indicó.
Se trata de denuncias contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Las pesquisas se iniciaron y los integrantes del Comité del Ministerio Público se encuentran en la ciudad de Sucre para recibir las declaraciones de los sindicados.
En tanto, el Comité de Desarrollo Constitucional, presidido por el diputado Samuel Plata, recibe las denuncias en la planta baja del edificio adjunto al Palacio de Justicia, la Comisión de Justicia Plural, en su oficina ubicada en la planta baja del Edificio Ex Banco Minero; y la Comisión de Derechos Humanos en el primer piso del mismo edificio.
Los diputados están predispuestos a ayudar a los litigantes para encontrar una solución a la crisis de la justicia en Bolivia. “Ojalá los operadores de justicia puedan tomar conciencia y superar el difícil momento que están atravesando”, dijo Sejas.
LA OPINIÓN
El abogado constitucionalista William Bascopé explicó que los operadores de justicia pueden ser procesados y que el juicio de responsabilidades está reservado para los magistrados de los máximos tribunales de justicia.
Los casos de retardación y corrupción “son delitos en ejercicio de sus funciones, no son delitos de carácter ordinario o común que no van a un juicio de responsabilidades”, por lo que deben ser procesados por el Órgano Legislativo, acorde a procedimiento, puntualizó el jurista.
EN EL INTERIOR DEL PAÍS
En los siguientes días, anticipó Sejas, se abrirán oficinas en las capitales de departamento para que la población presente sus denuncias “contra jueces, vocales, fiscales, policías que supuestamente incurrieron en retardación de justicia, corrupción, prevaricato, todo acompañado con una prueba que sustente su denuncia”.
Los afectados pueden acercarse a las comisiones portando los documentos que detallen la secuencia de hechos de la denuncia, acompañado de las pruebas que pueden ser fotocopias simples. En el documento se debe especificar el nombre y el cargo de la persona que se acusa.
Tras la investigación, los diputados tienen tres opciones: presentar la imputación formal, rechazar la denuncia o remitirla a la justicia ordinaria.
Sejas argumentó que con estas acciones el Legislativo cumple con “dar cumplimiento a la Constitución de controlar, fiscalizar e investigar”.
56 magistrados fueron electos como altas autoridades del Órgano Judicial, de ellos 28 son titulares y 28 suplentes.
2 tercios se necesitan, en la Cámara de Senadores, para sentenciar a miembros del Órgano Judicial que son procesados.
“Se puede denunciar a jueces, fiscales, investigadores que supuestamente incurrieron en corrupción.
Juan Carlos Sejas
Presidente Comisión de Justicia Plural
Constitución establece juicio a magistrados
La Constitución Política del Estado (CPE) establece el juicio de responsabilidades a altas autoridades del Órgano Judicial como una forma de fiscalización a las autoridades de ese Órgano del Estado, explicó el abogado constitucionalista William Bascopé.
“La Constitución manifiesta dos etapas: primero la Cámara de Diputados hace una especie de sumario previo, toma declaraciones, recolecta pruebas de los actos hechos en el ejercicio de sus funciones, luego acusa ante la Cámara de Senadores a estos miembros”, explicó.
Es el Senado que actúa como juzgado, “la sentencia se da por al menos dos tercios de los miembros presentes”.
Los artículos 159, numeral 11, y 160 numeral seis determinan las atribuciones del Legislativo, de poder juzgar a otro Órgano de Estado.
Los delitos cometidos en el ejercicio de funciones se procesan en juicio de responsabilidades, mientras que otros delitos pasan a juicio ordinario.