Habrá cuartel, indica ministro Romero. Pobladores, en emergencia en Yapacaní, Santa Cruz.
Rechazo. Pobladores de Yapacaní huyen de la gasificación, el miércoles, cuando bloqueaban una vía. AFKA.
La Razón / Santa Cruz, Bolivia
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó la construcción del cuartel antidroga en la localidad cruceña de Yapacaní, considerada zona roja del narcotráfico; mientras los pobladores de esa región, que levantaron su bloqueo, reiteraron su pedido para que ese terreno sea un campo ferial.
El miércoles, pobladores de Yapacaní bloquearon el camino Santa Cruz-Cochabamba, en rechazo al colocado de la piedra fundamental para el retén policial antinarcóticos, con los argumentos de que querían que el área tenga otra utilidad y temían abusos de parte de los efectivos en operativos. Pese a la oposición y a un enfrentamiento con gasificación, el Gobierno inauguró la construcción del cuartel.
Según Romero, un pequeño grupo de gente “estaría digitando” la oposición a la edificación de ese centro policial destinado a albergar a policías para realizar operaciones y acciones contra el tráfico ilícito de las drogas y la producción de cocaína.
Emergencia. Pese a que los pobladores de Yapacaní suspendieron el bloqueo de la carretera, éstos se declararon en estado de emergencia, tras un cabildo que concentró a los sectores sociales y autoridades municipales. Rechazaron la construcción de la base policial y acordaron que los terrenos sean destinados para la edificación de un campo ferial.
Romero dijo que hace dos años se declaró zona roja del narcotráfico a cinco municipios de la provincia Ichilo, por existir actividades de producción de cocaína. “(Por eso) instalamos un cuartel improvisado de Umopar (Unidad Móvil para el Patrullaje Rural) a fin de fortalecer los operativos en las zonas de San Germán, Kilómetro 7, Buena Vista, Santa Fe y otras”.
El alcalde de Yapacaní, Zenobio Meneses, atribuyó la presencia del narcotráfico en su municipio a la existencia de la hoja de coca, vegetal que se constituye en la materia prima principal para esta actividad ilícita. “Este producto ingresa del Chapare, entonces el control debería de ejercerse en ese sitio”, agregó la autoridad edil.
El informe que brindó Romero da cuenta de que en toda la provincia Ichilo, en dos años, se decomisaron 15 toneladas de cocaína; se destruyeron 6.021 fábricas de droga y 39 laboratorios de cristalización; se desarrollaron 6.097 operativos de interdicción; y se aprehendieron a 26 personas para investigarlas. “Estos resultados muestran la producción de la sustancia controlada en la zona”, manifestó.
En respuesta, Meneses explicó que la molestia de la gente se da porque las autoridades gubernamentales no coordinaron la instalación de la base policial. Indicó que los pobladores se enteraron, a través de rumores, de la ejecución de la obra. A esto se sumó que ese predio está dentro de la mancha urbana, agregó.
Para Romero es urgente dar sostenibilidad a este proyecto, a través de la construcción de una infraestructura policial. La Unión Europea (UE) respondió al apoyo solicitado y aprobó un desembolso de 1 millón de euros (más de $us 1,37 millones) para garantizar la consolidación de la obra con fines de interdicción.
Control a la hoja de coca
Vigilancia
El alcalde de Yapacaní, Zenobio Meneses, dice que si hubiese control en la límite entre Santa Cruz y Cochabamba, desaparecerían las fábricas de cocaína en su municipio, ya que no habría coca.