Alejandro Brown I.*
Como Poncio Pilatos, el Gobierno de Evo Morales se lava las manos por la crisis en la justicia. La retardación y la corrupción dentro de la administración de este poder han traspasado nuestras fronteras y ahora es tema de preocupación en la comunidad internacional.
A estas dos lacras (la retardación y corrupción), se han sumado las renuncias en el Tribunal Constitucional Plurinacional por la injerencia gubernamental, y el terrorismo informático que realiza el Movimiento al Socialismo, interviniendo los teléfonos de los administradores de justicia.
Precisamente esta grave denuncia llevó al supremo Ruddy Flores renunciar a la presidencia del máximo organismo de justicia en Bolivia.
En medio de esta grave y eterna crisis en nuestro otrora tercer poder del Estado, el MAS trata de negar su culpa eludiendo la responsabilidad, siendo que fueron los pseudo indígenas quienes cuotearon esa instancia. Y a esa misma conclusión han llegado los jefes de Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM), Samuel Doria Medina y Juan del Granado, respectivamente, quienes coincidieron que el gobierno del presidente Evo Morales pretende deslindarse de responsabilidad por la crisis en la administración de justicia en el país.
Ambos advirtieron la existencia de una “maquinación permanente” desde Palacio de Gobierno que depara la manipulación de jueces. Sin lugar a dudas es el gobierno, el MAS, el propio presidente Evo Morales, los que han manipulado en extremo la designación de los jueces, y hoy día están comandando la persecución judicial de los opositores.
Para nadie es desconocido que ahora el gobierno se vale del órgano judicial para perseguir a opositores con la finalidad de inhabilitarlos como candidatos en las elecciones. Solo basta con recordar que fue la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la que preseleccionó a los profesionales que pugnaron por cargos en el Órgano Judicial.
A raíz de esta crisis en el sistema judicial, la Unión Europea (UE) en Bolivia, manifestó su preocupación a través de su representante en el país, Timothy Torlot, quien advirtió que “hay corrupción y falta de acceso a la Justicia”.
El embajador de la UE fue claro y directo, pero a diferencia de nuestros gobernantes, en vez de buscar chivos expiatorios, señaló que darán ayuda. La justicia en Bolivia es un sector con desafíos enormes, por los problemas de corrupción, falta de acceso y falta de capacidad de los actores en el sector. Y esta visión no es reciente, ya que algunos países miembros de la UE, como Alemania, Dinamarca y España, ya trabajan en el fortalecimiento de esta área.
Para la comunidad internacional los temas más importantes a apoyar son dos: la calidad de la Justicia, esto en la formación de jueces y la capacidad de tomar decisiones; y la accesibilidad a la Justicia, especialmente para gente que no tiene recursos.
La Justicia se constituye en nuestra montaña más alta, dentro de los desafíos que se tiene, ya que se necesita un esfuerzo enorme para llegar al objetivo, una tarea en la que se debe involucrar el Gobierno y diferentes actores de la Justicia y la sociedad, resaltó el embajador.
Es bueno recordar que en octubre de 2011 se realizó la elección por voto popular de autoridades judiciales, en una reforma del sistema impulsada por el Gobierno, con candidatos del Gobierno y con unos resultados que dejaron mucho qué desear. Tras asumir el cargo en enero de 2014, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, consideró que esa elección fue “un desacierto”. El 6 de febrero dio un plazo hasta fin de año para que las autoridades cambien la imagen judicial.
El 2 de febrero, el presidente Evo Morales sentenció que la incorporación de profesionales de “poncho, pollera y sombrero” en la administración de la Justicia no logró cambios, y convocó a un debate nacional para encontrar soluciones a los problemas de corrupción y retardación en ese órgano.
¿Será que las declaraciones del magistrado Cusi incomodaron al presidente, porque vinieron de un legítimo indígena?, ¿o tal vez las denuncias del presidente del Tribunal sobre el espionaje e injerencia gubernamental provocaron que el MAS ahora quiera una reforma con tribunos serviles?
Lo cierto es que hoy los asambleístas del oficialismo trabajan en buscar mecanismos jurídicos legales para poder cambiar a las máximas autoridades del Órgano Judicial. Esto porque la ley del Órgano Electoral no permite un revocatorio para éstas.
La única verdad actualmente es que la dimisión en los últimos días de los presidentes de los tribunales Supremo y Constitucional y la destitución de un fiscal regional por supuesta corrupción avivaron hoy en Bolivia la polémica sobre la crisis del Poder Judicial.
Irónicamente el primer mandatario dijo que las demoras y la corrupción "son el cáncer de la Justicia boliviana". Pero no dijo nada de las extorsiones y las persecuciones. Tampoco habló de la manipulación del Gobierno para encerrar a los opositores a su gobierno contraviniendo todas las leyes que su mismo régimen aprobó.
Por eso las declaraciones, aunque subidas de tono, del diputado opositor Luis Felipe Dorado, no son erradas. Señaló que "la Justicia está podrida" y denunció que existe una falta de independencia de poderes por las supuestas injerencias del Gobierno.
Las dimisiones en los altos cargos de la Justicia son síntomas de la crisis, pero también pareciera que lo que ha causado la elección de autoridades de este poder es que cada cual se sienta el primus inter pares (el primero entre iguales). Por ello es necesario crear una instancia independiente para evaluar a jueces y fiscales y con capacidad para premiar a los virtuosos y castigar a quienes no realicen su labor.
Una posible solución para descontaminar la justicia, sería replicar la experiencia que se tuvo en la Corte Nacional Electoral en los años 90, cuando se nombró como vocales a un grupo de ciudadanos notables para recuperar la credibilidad de ese sistema. Aunque ciertamente esto no le convendría al partido de Gobierno, que lo único que hace hoy es echar sus propias culpas a otros, en vez de arrancar el mal de raíz.
Es obvio que esto solo sucederá cuando Bolivia goce de un gobierno que respete la ley, los derechos y ponga ‘coto’ a la corrupción dando el ejemplo, en vez de estar ‘pinchando’ los teléfonos de los jueces y magistrados.
*Perseguido político