Juicio en Bolivia. El tribunal está recusado y el principal acusador, Marcelo Soza, huyó a Brasil y denunció la manipulación de pruebas, excesos y compra de testigos.
Caso Rózsa: Cinco años de infamia e injusticia
El proceso pasa por su peor momento.
EL DÍA, Santa Cruz.
La salida del país del exfiscal Marcelo Soza, quien en una carta pública reveló la manipulación de pruebas, compra de testigos y excesos durante el operativo en el hotel Las Américas, han sumido en el descrédito al caso Rózsa, cuando se cumplen hoy cinco años del operativo en el hotel Las Américas.
Aquella madrugada del 16 de abril del 2009 murieron en el hotel Las Américas los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Martín Dwyer, quedando como sobrevivientes Mario Tádic y Elöd Tóásó. Las tres víctimas fallecieron en un cruce de balas, según la versión policial, o en un ajusticiamiento, de acuerdo a sus familiares y estudios forenses extraoficiales.
A raíz del operativo, el Ministerio Público acusó a 39 personas, de los cuales 9 guardan detención preventiva, por supuesto terrorismo y alzamiento armado, mientras que otros tienen detención domiciliaria y algunos decidieron abandonar el país, ya que no habían garantías constitucionales.
Sin embargo, analistas políticos, organismos internacionales de Derechos Humanos, cívicos, abogados defensores y opositores, lo consideran un juicio infame e injusto, que tuvo como principal objetivo, la destrucción de la institucionalidad cruceña y la persecución política de los opositores.
Un caso que se desmorona. Aparte de las revelaciones de Soza, en este último año el caso se quedó
por la recusación al Tribunal Primero de Sentencia, debido a la incompatibilidad de una juez ciudadana por tener una hija trabajando en el Ministerio de Transparencia. Antes del estancamiento del proceso, los tres testigos que declararon en dicho tribunal denunciaron la infiltración del Gobierno, el sembrado de pruebas y los abusos contra los Derechos Humanos.
El futuro. Con estos y otros antecedentes, la defensa de los imputados y sectores de la oposición han pedido que el caso vuelva a fojas cero y se reconduzca por los senderos de la verdad. La ONU anunció que tres relatorías del organismo hacen seguimiento al proceso y pidió que se conozca la verdad histórica de los hechos. El magistrado Gualberto Cusi, del Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica del país, pidió a título personal que se anule el juicio por todas las irregularidades denunciadas.
Ante esta situación, el Gobierno insiste en que hubo un plan urdido desde Santa Cruz con afanes separatistas, una versión que cinco años después se ha vuelto difícil de sostener.
A 5 años del caso Rózsa, el juicio está demorado
Apelación. El Gobierno dice que la célula terrorista continúa vigente y opera desde el exterior del país.
Retardación. Ignacio Villa, ‘El Viejo’, uno de los acusados, en una audiencia en Santa Cruz. Iván Condori.
La Razón / La Paz, Santa Cruz
A cinco años de la intervención del hotel Las Américas, los acusados del caso Terrorismo todavía denuncian que existen vicios de nulidad en el proceso y el Ministerio Público asegura que éstos dilatan el juicio. Para el Gobierno, la célula separatista está vigente y coordina desde el exterior.
El caso surgió el 16 de abril de 2009, tras un operativo policial con el que se desarticuló a un grupo acusado de separatista por el Gobierno. La facción estaba liderada por Eduardo Rózsa, según investigación oficial.
En medio de denuncias de un supuesto montaje y vicios de nulidad en el proceso, los abogados de los 21 acusados que asisten a juicio oral que se desarrolla en Santa Cruz, bajo la administración del Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, ratifican irregularidades en los procedimientos.
Para la defensa del general (r) Gary Prado Salmón, el primer vicio del juicio por alzamiento armado se generó en el que considera el asalto al hotel, sin contar con una orden de allanamiento emitida por una autoridad jurisdiccional y siendo que la Constitución dicta que los domicilios son asilos inviolables.
Entre otra de las supuestas irregularidades citadas está la competencia otorgada al exfiscal Marcelo Soza y a la jueza Betty Yañíquez, ambos de La Paz, cuando, en su criterio, lo legal era que el caso debió ser conocido por autoridades jurisdiccionales con asiento judicial en el lugar donde ocurrieron los hechos, en este caso Santa Cruz.
Proceso. Gary Prado Araúz dijo que en la detención de Mario Tadic y Elóód Tóáso también se registró otra vulneración a los derechos humanos, las garantías procesales y constitucionales. Según afirmó, a éstos se los sometió a torturas y golpes antes de ser llevados a La Paz. Además, aseguró que se cometió ilegalidad al designarle a Elód Tóáso un traductor inglés, cuando su idioma natural es húngaro.
Guido Colque, auspiciador de Ignacio Villa Vargas, mencionó que todo el proceso de Terrorismo tiene irregularidades; una de ellas, el tribunal seleccionó a juezas ciudadanas violentando las normas jurídicas. Fueron recusadas porque se denunció que la hija de una de ellas trabaja en el Gobierno.
Al otro lado, el fiscal asignado al caso, Marco Antonio Rodríguez, reconoció que existe retardación en el proceso, pero aseguró que hay que tener presentes que la dilación procesal está provocada por los actos de los acusados, por cuanto la mora es por incidentes, excusas, excepciones y recusaciones que presentan y solo buscan dilatar el caso, este hecho no es atribuible al Órgano Judicial ni a la Fiscalía.
“Es lamentable que todavía no haya una sentencia, pero sí es bueno decir que estamos en un juicio oral, estamos prontos a concluir con las declaraciones de los sindicados, ya que entraremos a la producción de prueba y posteriormente a los alegatos y sentencia; es decir, que se tuvo un avance considerable en el proceso penal”, señaló Rodríguez.
Para el Ministerio de Gobierno, el grupo irregular sigue vigente, pese a que algunos de sus miembros fallecieron durante el operativo policial en 2009. Iniciado el proceso penal por separatismo, en su opinión, los acusados dilatan en busca de impunidad y construyen alianzas con legisladores de oposición con el objetivo de desestabilizar al Gobierno.
El titular de esta cartera gubernamental, Carlos Romero, sostuvo que los grandes responsables del supuesto separatismo se encuentran sueltos o fuera del país y solo están entre los detenidos algunos que tuvieron una participación marginal. “Los que tenían dinero para pagar se fugaron del país, seguramente antes de notificarlos les visitaban y les decían que les iban a incluir en la investigación y arreglaban económicamente, como el caso del excívico de Santa Cruz”, remarcó.
Dilación y contactos en redes
Mora
Según un informe del Ministerio Público, la dilación del proceso por terrorismo se debe a que los acusados presentaron al menos 200 observaciones, excepciones y recusaciones.
Proceso
Según el Gobierno, los acusados Elöd Tóásó y Mario Tadic tienen contacto con legisladoras de la oposición y prófugos de la justicia a través de cuentas de Twitter, esto para desestabilizar al Gobierno.
El proceso para los 17 prófugos está paralizado
El fiscal que lleva adelante el juicio por Terrorismo, Marco Antonio Rodríguez, afirmó que el proceso judicial está paralizado para las 17 personas involucradas en el caso de separatismo y que escaparon del país.
Según el representante del Ministerio Público, esas personas fueron declaradas rebeldes; de tres de ellas se llegó a establecer su paradero, por lo que mediante el Órgano Judicial y la Cancillería se solicitó su extradición desde Uruguay y Brasil. “Debido al sistema procesal penal acusatorio donde prima el principio de oralidad, (es necesaria) la presencia del sindicado para que pueda defenderse, por lo tanto no puede enjuiciarse en rebeldía. Éste se suspende para los rebeldes”, dijo. El juicio y proceso se instalarán una vez que los prófugos estén en el país, para que luego sean puestos ante un juez.
Desarticulan la célula terrorista
El caso Rózsa o Terrorismo surgió el 16 de abril de 2009, tras un operativo de la desaparecida Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) que intervino el hotel Las Américas, en Santa Cruz. Allí se desarticuló a un grupo acusado de separatista por el Gobierno. La agrupación estaba supuestamente liderada por Eduardo Rózsa, quien fue aniquilado junto al irlandés Michael Dwyer y el húngaro-croata Arpád Magyarosi. A la acción policial sobrevivieron el boliviano-croata Mario Tádic y el húngaro-rumano Elöd Tóásó.
Existen en este proceso 39 acusados, quienes presentaron varias recusaciones, observaciones y excepciones, cuyas investigaciones estuvieron a cargo del exfiscal Marcelo Soza. Pese a ello se llegó a la audiencia conclusiva y al juicio oral. Al grupo irregular le atribuyeron el atentado a las casas del cardenal Julio Terrazas y del exviceministro de Autonomías Saúl Ávalos, en Santa Cruz de la Sierra.
Un informe de la Cámara de Diputados estableció que Rózsa coordinó acciones subversivas con autoridades, dirigentes y empresarios cruceños, extremo que siempre negaron éstos. El objetivo era conseguir, a través de acciones armadas, la separación de Santa Cruz del país.
Paralelamente la Fiscalía de La Paz inició la investigación del caso Terrorismo II, en la que se buscaba a los financiadores de la célula terrorista, entre ellos empresarios y excívicos de esa región. La fase del juicio es administrada por el presidente del Tribunal 1° de Sentencia de La Paz.
En marzo de 2013, dentro del proceso, Soza renunció por amenazas a su familia, según justificó, y tras ser acusado de extorsionar junto a su abogado Moisés Ponce de León a algunos de los procesados. El 11 de marzo de este año, el exfiscal huyó del país a Brasil, donde tiene un refugio temporal de 180 días. Las redes sociales dieron a conocer una carta de Soza en la que denuncia al Gobierno.