Tráfico de influencias: Fiscalía rechaza por segunda vez la denuncia contra aerolínea estatal de Bolivia, BoA.
El caso BoA es una muestra de que no hay pesos ni contrapesos
Carlos Toranzo – Analista.
En general no hay pesos ni contrapesos en el Estado, como debería existir en cualquier democracia, en una democracia sana.
Está absolutamente claro que es el Poder Ejecutivo el que tiene el control absoluto del Poder Judicial, como del Electoral. Por lo tanto, no debe llamarnos la atención de que cuando haya casos que tienen que ver con la justicia, que debe analizar y juzgar hechos presuntamente cometidos por gente del Gobierno, es obvio que ocurrirán estas cosas. Definitivamente no actuará en consecuencia, no lo hará.
Es obvio que la justicia está controlada por el Poder Ejecutivo, y eso es irreversible por ahora. Cuando uno apela a ella, debe saber que estará inclinada a este lado. Entonces, no se puede confiar en un proceso justo, sino parcializado.
Este caso de BoA es simplemente una ilustración particular de esta ausencia de pesos y contrapesos, y que viene de una democracia que, como hemos comprobado en los últimos años, es muy débil.
Primero se saca del escenario al vicepresidente, ahora resulta que se observa la presencia del gerente de la línea aérea y de su hermano en la acusación presentada, qué mejor muestra de lo que estamos afirmando.
Es muy difícil que la justicia sea dura con quienes son cercanos al Gobierno o con quienes son parte del ámbito cervano a Palacio de Gobierno.
Hoy, esa instancia tiene una labor que se ha tornado importante, que es la de amedrentar de cualquier forma a la oposición y a todos aquellos que no piensan como el Gobierno; es un tema que está claro y lamentablemente lo vemos de forma repetitiva y en distintos casos.
De esta forma, es muy difícil pensar que esta denuncia de corrupción que ha sido presentada por la oposición llegue a buen puerto, lo más probable es que este caso quede en nada. (EL DEBER).
Fiscalía rechaza por segunda vez la denuncia contra BoA
La primera vez observó la inclusión de García Linera. Ahora la Fiscalía no ve justificación por la inclusión del gerente de BoA y de su hermano, que está en el equipo de seguridad del ‘vice’.
Silvana del Castillo, cuñada del ‘vice’, vendió sus acciones a La Colonia, dijo su abogado. Foto: Rolando Villegas
EL DEBER, La Paz
La Fiscalía rechazó por segunda vez la demanda presentada por Unidad Nacional (UN) para que se investigue el contrato suscrito entre la aerolínea estatal BoA y la empresa Air Catering, que en el momento de la firma tenía como socia a la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, mientras que el abogado de la empresaria acusada, Silvana Carolina del Castillo Tejada, confirmó que ella deshizo su participación accionaria en Air Catering y la vendió a la firma La Colonia, de Cochabamba.
El vocero de UN, Arturo Murillo, presentó la querella por uso indebido de influencia en contra de la cuñada del segundo mandatario, de la otra socia de Air Catering, Olga Haydeé Osorio, y el gerente de BoA, Ronald Casso Casso; también incluyó en la querella a Fabián Casso, hermano de Ronald e integrante del equipo de seguridad de García Linera.
El abogado Luis Butikoffer, defensor de Silvana Carolina del Castillo Tejada, señaló que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna, pero que cuando lo haga estará dispuesta a colaborar.
Además, confirmó que ella vendió sus cuotas de capital a la empresa La Colonia, una de las tres compañías de cáterin que operan en Bolivia, desde que estalló el escándalo del contrato. No quiso revelar el monto de la transferencia.
La Fiscalía, en esta ocasión, observó la inclusión de los hermanos Casso y señaló que pese a que pidió al denunciante una aclaración sobre este tema, “no se advierte el hecho concreto y las acciones propias que se atribuyan a los mismos”. El argumento del primer rechazo fue porque estaba incluido el vicepresidente, cuando este goza de caso de corte. “Pero no es que García Linera quedará fuera, nosotros presentaremos cuando veamos conveniente una solicitud de juicio de responsabilidades por este tema ante la Fiscalía General del Estado”, explicó Murillo.
El documento, firmado por la fiscal de materia Tatiana Salazar, señala que la denuncia tampoco “establece con claridad a los autores, víctimas, partícipes, damnificados y testigos, entre otros”. “Quieren que hagamos su trabajo”, replicó Murillo.
Por lo tanto, rechazó la denuncia porque no cumple los “requisitos legales pertinentes, no existe relación fáctica clara o no existen elementos necesarios para tomar una decisión”, se lee en el documento entregado ayer
Para saber
El Gobierno contrataca
El Ministerio de Defensa reactivó un proceso en contra del vocero de UN, Arturo Murillo, en el que se lo acusa de tener una libreta de servicio militar falsificada.
La defensa
Murillo respondió que en su momento no pudo hacer el servicio militar porque fue declarado inhábil y que le dieron la libreta con esa excepción. Señaló que no se lo debería investigar, sino a quienes firmaron el documento que le entregaron.
Contrataque
Arturo Murillo presentó una acción judicial para neutralizar esa arremetida gubernamental, ejecutada desde el Ministerio de Defensa.