Continúa desamparo a víctimas de trata, linchamientos y presos

Bolivia. Informe de la Comunidad de Derechos Humanos. Señala que el Estado deberá presentar al Examen Periódico Universal (EPU) los alcances de diferentes temáticas que se incumplieron a cabalidad en el país.

imagePágina Siete. Mónica Bayan expone el informe frente a periodistas, ayer.

Página Siete / La Paz



La Comunidad de Derechos Humanos presentó ayer un informe sobre la situación de las garantías constitucionales de las personas, el cual señala que si bien hubo avances en la implementación de normas, continúa el desamparo a las víctimas de trata, de linchamientos y de los privados de libertad, entre otros temas.

Mónica Bayan dio a conocer el informe que se realizó a través de tres coaliciones de organizaciones de la sociedad civil,  que deberá exponer el Estado en el Examen Periódico Universal (EPU), instancia que evaluará el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos a los que se llegó en una primera reunión, en 2010.

Sobre la trata y tráfico de personas, Bayan dijo que «pese a los esfuerzos del Estado todavía no se efectiviza una aplicación adecuada de la norma, deben resolverse las grandes falencias en presupuesto, personal y capacitación a las y los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley”.

Recalcó que el índice de trata y tráfico de personas en Bolivia se incrementó en un  92,2%  en los últimos 10 años. El 70%  de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, de 12 a 22 años de edad.

Linchamientos

Respecto a los linchamientos, la situación es similar. En 2013 se registraron 10 personas que  murieron en linchamientos en Bolivia. Sólo en la región del  Chapare, en Cochabamba, se han producido 16 casos de muerte en cinco años; en el municipio potosino de Uncía  se produjo  la muerte de cuatro policías.

«Según los medios de comunicación, en Bolivia se producen entre 10 y 20 linchamientos por año. Los intentos de linchamiento son muchos más”, manifestó   Bayan.

Entre las recomendaciones   se pide al Estado que adopte  las acciones concretas de prevención, mejorar la respuesta del sistema judicial (Policía, Fiscalía, Órgano Judicial) «para ganar la confianza de la ciudadanía y actuar frente a estos hechos y  que no queden impunes”.

La situación en las cárceles

De acuerdo con el informe de la Comunidad de Derechos Humanos, el 84% de las personas privadas de libertad en Bolivia se encuentra en situación de detención preventiva.

«El abuso de este instrumento, las reformas legales que han ampliado su aplicación, junto con la presión social y mediática que no admiten  el derecho a ser juzgado en libertad hacen que se convierta en la regla y no en la excepción. A ello se suma la retardación de justicia”, dijo Bayan.

Asimismo, la representante de la Comunidad de Derechos Humanos señaló que la seguridad en las cárceles sigue delegada a personas privadas de libertad.

La instancia reconoce la promulgación del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía (20013), «pero su aplicación e impacto es mínimo. Los prediarios (monto asignado para la alimentación de personas privadas de libertad por día)  es de 6,6 bolivianos o su equivalente a menos de un dólar”.

Bayan señaló que si bien se pondera el trabajo que se realiza en el indulto, el problema es la retardación de justicia.

El EPU que deberán exponer las autoridades del Estado Plurinacional será ante el Consejo de Derechos Humanos conformado por Estados del mundo. Bayan no precisó en la posibilidad de que Bolivia pueda «aplazarse” en la exposición sobre los alcances de los compromisos.

Otros temas

Impunidad Hasta la fecha no se  pudo acceder a los archivos militares de los regímenes dictatoriales. Por más de dos años se mantiene una vigilia por víctimas de la dictadura y no hubo respuesta por parte de las autoridades de Gobierno, dijo Mónica Bayan.

Independencia Hay observaciones al proceso de selección de candidaturas judiciales en la Asamblea Legislativa y al poco tiempo que duró la socialización de los méritos de  los candidatos. Si bien las elecciones se desarrollaron pacíficamente y con amplia participación, se observó un alto porcentaje de votos nulos y blancos.

Justicia La falta de acceso físico a la justicia ordinaria a nivel nacional  es otra limitación, pues  sólo alcanza al 42% del total de los municipios  del país,  lo cual denota su escaso nivel de cobertura.

Pobreza Un total de 860.448 bolivianos abandonaron la extrema pobreza en los últimos 11 años. Pese a los esfuerzos del Estado, continúa teniendo porcentajes elevados de pobreza en relación a los países de la región, principalmente en el área rural, donde alcanza hasta un 63,9%.

Salud No se cuenta con estadísticas oficiales actualizadas sobre la situación de la salud, la referencia oficial más reciente es de 2008, esta ausencia es un serio problema para la planificación de políticas.

En cuatro años hubo 492 feminicidios

El informe presentado para el Examen Periódico Universal (EPU) señala que de 2009 a 2013 hubo un incremento en la gravedad de hechos violentos contra la mujer.

En esos cuatro, se registraron 766 muertes violentas de mujeres. De  ese total, 492 fueron feminicidios y 274 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana.

Según los datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), cada dos días hay una mujer víctima de asesinato o feminicidio en Bolivia.

Según el informe, «la casi totalidad de estos casos permanece en la impunidad”.

Finalmente,  10.759 casos de violencia contra la mujer se denunciaron en el país de 2009 a 2013, de los cuales sólo 186, un 1,72%, llegaron a la acusación formal, y sólo 30, es decir el 0,28%, cuentan con sentencia. El resto se mantienen en plena investigación.