El representante de la Oficina de la UNODC en Bolivia, Antonino de Leo, sostuvo que la ley 1008 de sustancias controladas es obsoleta y plantea trabajar en una nueva en el marco de un proceso de diálogo.
El representante de la UNODC Antonio D Leo Foto: ABI
La Razón Digital / La Paz
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino de Leo, consideró que la ley 1008 de sustancias controladas es obsoleta y ve urgente una nueva norma en esa materia que delimite “claramente” las áreas de cultivo y productores legales. Además sugiere incorporar alternativas al encarcelamiento para microtraficantes.
La ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas está vigente desde 1988 y estableció la legalidad de 12.000 hectáreas del arbusto en las zonas tradicionales de los Yungas de La Paz, sin embargo la norma fue flexibilizada para permitir el cultivo legal de 7.100 hectáreas en el Chapare, durante el gobierno de Carlos Mesa.
“La modificación de la ley 1008 es una tarea urgente; esta es una ley obsoleta; no tiene en cuenta todos los cambios que hubo en el país”, afirmó De Leo en una entrevista con la estatal Patria Nueva, un día después de presentado el informe de monitoreo de cultivos que constató que entre 2012 y 2013 la extensión bajó en 9%, de 25.300 a 23.000 hectáreas.
El representante del organismo internacional consideró que la nueva ley debe establecer la cantidad de la extensión legal de los cultivos en función a la demanda, y ser trabajada en el marco de un proceso de participación nacional.
También deberá tomar “en cuenta las necesidad que tiene Bolivia para satisfacer el consumo legal, pero también la nueva ley (tendrá) que delimitar claramente las parcelas y productores legales”, sugirió, e informó que la UNODC está dispuesta a aportar en el debate con propuesta en materia de justicia para temas de narcotráfico.
“Contribuir de manera muy positiva, compartiendo buenas prácticas en la administración de justicia criminal con relación a temas de droga. Hay buenas prácticas que podemos compartir. Las cárceles no tienen que llenarse de microtraficantes, hay buenas prácticas en términos de alternativas al encarcelamiento”, sostuvo.
La administración del presidente Evo Morales perfila dos leyes para sustituir a la 1008, una vinculada a la lucha contra el narcotráfico y otra referida a la coca.
De Leo destacó los avances en materia de reducción de cultivos de coca y señaló que puede afianzarse aún más la lucha contra el narcotráfico. “No hay ningún país, por poderoso que sea, que puede hacer frente por sí mismo a un fenómeno de dimensiones transnacionales”, destacó y abogó por fortalecer la cooperación regional e internacional en esta materia.
“Más del 90% de las incautaciones de droga ilícita a nivel mundial se dan gracias a la información de inteligencia, en otras palabras, si un país o un grupo de países tiene la información, inteligencia y la comparte tiene más posibilidades de hacer frente al fenómeno del narcotráfico”, señaló.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó ayer que el 47% de la producción de la hoja es desviado al narcotráfico. El informe de la UNODC establece que la producción potencial de las 23.000 hectáreas de coca llega a 40.400 toneladas, de las que el 47% no pasa por el control de los mercados legales de Villa Fátima, en La Paz, y Sacaba, en Cochabamba, ambas zonas productoras.
El Gobierno expulsó de Bolivia a la agencia estadounidense antidroga DEA y a Usaid. Además expulsó al embajador Philip Goldberg en 2008, desde entonces no fueron restablecidas las relaciones a nivel de embajadores, pese a haberse concretado un Acuerdo Marco bilateral que fijó el nuevo marco de relacionamiento.