Paz Zárate*
En los últimos meses, la retórica de varios personeros oficiales y analistas, tanto en Bolivia como en Chile, relativa al caso que enfrenta a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia ha crecido en agresividad. Las sensibilidades a ambos lados de la frontera están a flor de piel, y el fuego es atizado casi de manera diaria por autoridades de ambos países con gestos y expresiones que dificultan una relación bilateral trizada desde hace décadas. Palabras sacan palabras. Los resquemores están encendidos.
A pesar de que un proceso ante la Corte de La Haya constituye un mecanismo pacífico de solución de controversias respaldado por las Naciones Unidas, el caso ha desatado una escalada de dimes y diretes que acrecientan en vez de neutralizar la hostilidad mutua. Políticos de uno y otro lado, trenzados en una competencia de declaraciones altisonantes, luchan por verse cada cual más patriota. Y tal patriotismo, visible incluso en las más altas esferas, equivale a dar el trato más irrespetuoso y usar el lenguaje más ofensivo posible para con el otro país, e incluso ridiculizar la posición contraria en el caso en cuestión frente a cualquier cámara o micrófono cercano. Tal patriotismo también significa que los estamentos inferiores de la jerarquía del Estado presionarán a la cúpula para que se emitan señales que manifiesten indignación popular. La letanía de gestos inamistosos de un país para con el otro se alarga cada día.
Por otro lado, analistas que mayormente ignoran la extensa jurisprudencia del tribunal en cuestión –una Corte de 70 años– no tienen empacho en aventurar en los más importantes medios de comunicación de cada país las más exóticas visiones sobre la Corte y sus facultades, además de hacer taxativos juicios sobre la sustancia de una demanda cuyo contenido ignoran por completo. Es bien sabido que en estos procedimientos los memoriales en los cuales las partes desarrollan sus posiciones son de carácter totalmente reservado hasta el momento de la audiencia. Para tal evento faltan aún varios años.
Es cierto que en política -tanto nacional como internacional- los sentimientos importan. Los países, en cierta dimensión, se parecen a las personas. Acumulan traumas y cuitas, se pelean y -a veces- logran reconciliarse. Hay amistades y rivalidades de larga data, pero también es posible que enemistades centenarias -guerras incluidas- puedan dar paso a una cooperación cercana. El futuro de las naciones, afortunadamente, no está escrito en ninguna parte.
Para Bolivia, este caso contra Chile trata formalmente del posible efecto creador de obligaciones de tratativas diplomáticas infructuosas que versaban sobre un posible acceso al mar. Pero en sustancia, la aspiración boliviana excede lo que una Corte podría entregarle. De acuerdo a lo expresado por sus mayores representantes, Bolivia aspira a que le devuelvan su pasado, glorificado en la memoria, distante más de un siglo, con restitución incluso económica de lo que estima fue un despojo que consta en un tratado fechado en 1904, sobre el cual la Corte –establecida en 1945- no puede pronunciarse, pues excede las normas básicas de temporalidad de su jurisdicción. La dificultad para que una Corte de Naciones Unidas avale una restitución de este tipo es evidente. La lista de países que querrían que las manecillas del reloj corrieran al revés, y que antiguas extensiones territoriales volvieran a su soberanía seria considerable, y la alteración al orden internacional, inconcebible. Los fallos de la Corte son fuentes del derecho internacional general.
Chile, por su parte, se encuentra bajo el shock de haber recibido hace pocos meses por parte de esta misma Corte un fallo parcialmente desfavorable en el caso sobre delimitación de su frontera marítima con Perú. La argumentación de la Corte para no reconocerle al país austral el paralelo geográfico como frontera marítima en su máxima extensión fue considerada inentendible tanto por el gobierno como la sociedad. Esto ha derivado en una narrativa bien extendida que, en su versión más ácida, considera a la Corte como un foro antijurídico, a los litigantes extranjeros que asesoran al país como víboras sin escrúpulos profesionales que sólo quieren cobrar altos honorarios, y al conocimiento técnico como descartable, pues el derecho internacional equivale únicamente a una colección de caprichos sin ton ni son de unos extraños señores vestidos de togas y que, para empeorar las cosas, sólo hablan en inglés y francés.
Las circunstancias anteriores han derivado en un debate que, en la opinión pública de Bolivia y Chile, tiene mucho de irracional. La conducta de políticos, pseudoanalistas, y buena parte de los medios de comunicación respecto a la creación de expectativas y la conducción de relaciones internacionales de cada país -que van más allá de la solución que puede entregar una Corte a un cuestión jurídica concreta- evidencian un sentido de la responsabilidad que deja que desear. Las palabras, como bien se sabe, crean realidades. Y aquellas que hoy viajan de un país al otro no contribuyen a que ambas naciones puedan ponerle fin, dentro de un cierto tiempo, a la disputa que los enfrenta, ejecutando el fallo que se emita (sea sobre jurisdicción, sea sobre el fondo del asunto).
Con los sentimientos de las personas, ni de los países, no se juega. Inflamarlos puede tener consecuencias graves y duraderas. Enfrentados en una Corte, hay reglas por respetar y opciones procesales legítimas de cada cual. Las partes no debieran tratarse a gritos mientras suben los peldaños del edificio donde harán su alegato o su defensa, aunque esta última consista en decir que la Corte no tiene competencia para dirimir el pleito. La falta de mutuo respeto destruye la civilidad básica que un proceso jurídico busca establecer. Lo mínimo que el foro demanda es sensatez, y que la cordura logre gobernar la emoción.
*Analista de Oxford Analytica
El País – Madrid