Lío. Sus autoridades, en algunos casos por seguridad ciudadana, dicen que emitieron autorizaciones y hasta placas de circulación.
Ref. Fotografia: Respuesta. Una pequeñísima parte de los vehículos incautados estos días por la Aduana Nacional.
En los municipios fronterizos de Santa Cruz, dan cuenta que en promedio, un 50% de su parque automotor está constituido por vehículos «chutos».
«Los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos vemos con mucha preocupación la situación de los autos indocumentados que circulan en nuestro» territorio, expresa un voto resolutivo firmado en pasados días por una decena de alcaldes, entre ellos los ediles de San José, Roboré, Santa Antonio de Lomerío y San Ignacio.
«Con las acciones que viene tomando la Aduana Nacional, estos vehículos se van a ver comprometidos, entonces quisiéramos ver qué mecanismos y plazos van a haber dado, ya que la mayoría son herramientas de trabajo», precisó Germaín Caballero, Alcalde de San José de Chiquitos.
Un panorama parecido. Desde el municipio de Concepción, la Presidente del Comité Cívico Femenino, Amanda El Hage, ha señalado que hay preocupación general en dicha población, dado que el 60% del parque automotor que circula no cuenta con documentación. «La mayoría de la gente que tiene este tipo de vehículos, por ser más barato, es pobre. Estamos preocupados. Dicen que no van a vender gasolina, de eso estamos preocupados», señaló.
Por su parte, Erwin Méndez Fernández, Alcalde de San Ignacio de Velasco, confesó que en la gestión de su antecesor, vía la aprobación de una normativa del Consejo Municipal, se dispuso la entrega de un distintivo rojo que incluía un número, a cada vehículo indocumentado, cuyo denominativo era «chapa». «Antes de mi gestión mediante una Ordenanza Municipal, se le puso una chapa con el único fin de recaudar tributos municipales, ya que al existir una gran cantidad de vehículos, nos fregaban las calles y no aportaban nada al municipio», detalló.
En dicho municipio, según testimonio de Méndez, al momento los vehículos «chutos» sobrepasan el 50% con respecto al total. Sin embargo, la autoridad señaló que desde su gestión, el municipio ya cuenta con el Sistema Informático del RUAT (El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal). «Desde hace dos años, este municipio ya se dejó de poner ese tipo de chapas rojas. Ahora hemos solicitado al Concejo anular esa disposición transitoria», dijo.
En el extremo fronterizo. En los municipios de San Matías y Puerto Suárez, los vehículos ilegales predominan; se trata en su mayoría de autos internados desde el Brasil como también procedentes del occidente del país. «De momento la venta de combustible está normal, todos se aprovisionan. Por disposiciones anteriores a mi gestión, se entregaron placas municipales y pero ya hemos dejado de otorgarlos por eso hay como un 50% de unidades sin documentación», informó.
Las autoridades de la mancomunidad chiquitana, tienen previsto una reunión la próxima semana con la presidente de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, a objeto de velar por la «herramienta de trabajo» y evitar posibles decomisos.
«Algunos tienen antecedentes de ilegalidad, pero todos son herramientas de trabajo. Por un principio de seguridad en su momento, los Concejos Municipales, otorgaron placas», admitió Caballero.
Por su parte Ardaya, señaló que las intervenciones a poblaciones campesinas y fronterizas se harán de manera progresiva, velando por la seguridad de sus efectivos y además de evitar enfrentamientos.
La Aduana estima que unos 30 mil autos «chutos» entraron al país después de la amnistía que permitió la regularazación de unas 150 mil unidades en 2012.
Resultados
La Aduana en dos días decomisó 44 unidades
Operativos. En acciones desplegadas en el valle alto de Cochabamba y otra parte en Santa Cruz, según la Aduana, se han logrado decomisar 44 vehículos con placas clonadas. «Hemos empezado a sacar de las poblaciones. Se está haciendo en distintos lugares del país», precisó Ardaya.
Dueños. La ANB recordó que cuando se hace la captura de un vehículo es de «carácter contravencional», no tiene una pena privativa de libertad, ni se inicia un proceso penal en contra de los propietarios o del conductor del vehículo.
Dificultades. La ANB ha hecho conocer que todavía el ingreso a las provincias rurales está supeditada a la entrega voluntaria expresada por algunos municipios de Cochabamba, dada la inseguridad y ausencia del Estado en esas zonas.
Fuente: eldia.com.bo