Bolivia. La justicia criolla, que imperturbable mandó en 1927 a fusilar a un hombre a sabiendas de su inocencia tras un juicio de 10 años, mostró en las últimas 48 horas los extremos de su crisis, al sentenciar por la vía abreviada al asesino confeso de una mujer menos de 24 horas después del crimen, en la primera jurisprudencia por feminicidio en Bolivia, y fallar por la culpabilidad de un hombre procesado durante 15 años por violar y matar a una escolina.
Millar de personas protagonizaron el lunes 18 de agosto un plantón en la ciudad de Santa Cruz tras el asesinato de una mujer a manos de un empleado de un parqueo de coches (Foto ABI)
En el proceso más sumario de la historia boliviana de casi 190 años, la justicia sentenció a Ronald Iván Fernández Chambi a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinar a sangre fría a una bioquímica y modelo, Sophia Calvo Aponte, en la ciudad de Santa Cruz, y dictar la misma pena a Odón Mendoza, a quien encontró culpable de ultrajar y matar a una niña de escuela en La Paz, después de un penoso juicio abierto en 1999.
La legislación boliviana abolió la pena de muerte vigente en los años «70, cuando, durante la dictadura del general Hugo Banzer, el violador Melquiades Suxo expió su culpa fusilado en un paredón una madrugada de 1973 en La Paz, y ahora contempla como máxima pena 30 años de presidio sin derecho al perdón de un juez o del Presidente.
Horas después de admitir el sábado por la tarde ante la Policía que mató a Calvo Aponte, cuyo cadáver ultrajó y paseó en la maletera del coche de su víctima que deseó obsesivamente poseer, Fernández Chambi, de 23 años y cuidador de un aparcadero de coches, fue sentenciado, por un juez, cerca de la una del domingo, a pasar inexorablemente tras de rejas hasta 2044.
La celeridad de juicio que constituye la primera sentencia cierta por feminicidio, agitó, por extrapolación, el recuerdo de la mayor vergüenza conocida de la justicia boliviana que el gobierno del presidente Evo Morales trató en 2011 de desfibrilar con la elección popular de magistrados que, lo ha reconocido públicamente el mismo mandatario indígena, en poco y nada contribuyó a cambiar la crisis crónica del sistema judicial criollo.
En 1927 un juez ordenó fusilar a Alfredo Jáuregui a sabiendas que éste no era, ni mucho menos, el asesino del presidente José Manuel Pando (1899-1904), cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de junio de 1917 en el hoy populoso barrio de El Kenko, entonces un yermo.
A nombre del Ministerio Público boliviano, el fiscal Uría requirió por la muerte de Jáuregui, quien en primera instancia fue exonerado de los cargos, mas la presión política, centrada en la pugna entre liberales y republicanos, logró reabrir un juicio que duró 10 años y que remató con el fusilamiento de quien el día del deceso de Pando tenía 16 años.
«Voy a morir. El crimen que se va a cometer lo soporto sereno y me remito a Dios, que es testigo de todos mis actos. El espíritu del general Pando está aquí presente y si pudiera hablar diría: «retírenlo del patíbulo, éste no es mi asesino»», dijo en el patíbulo Jáuregui antes que el pelotón le diera muerte y que lanzara una imprecación contra sus juzgadores.
Ironías de la historia, el hijo del fiscal Uría, Luis Uría, secretario privado del presidente nacionalista Gualberto Villarroel fue asesinado, junto a éste, por una turbamulta en 1946 en la Plaza de Armas de La Paz.
Jáuregui se inculpó -al extraer un bolillo en una suerte de ruleta rusa que protagonizaran su hermano mayor y un amigo de ambos, de apellido Choque- del crimen de Pando que, se esclarecería décadas después, sufrió un aneurisma cerebral cuando se detuvo a descansar en la casa de los Jáuregui para libar, cuando retornaba a caballo de su hacienda.
«Choque parece el predestinado y con horrible mueca indescriptible se aproxima al ánfora con emoción y saca el tercer bolillo blanco. Lo levanta en alto y lo enseña al público con una alegría de niño», concluye el historiador Mariano Baptista Gumucio, que reconstruyó el momento en que «asustados, e influenciados por el alcohol, los sindicados decidieron lanzar el cuerpo (de Pando) a un barranco de El Kenko».
Este martes, la justicia boliviana, que arrastra una mora judicial estimada en miles de casos, encontró que Odón Mendoza fue quien, en su calidad de regente de escuela, violó y dio muerte a la niña Patricia en 1999.
El abogado de Mendoza, Wilding Panique declaró que «quedamos defraudados de la justicia, se absolvió al violador en serie José Luis Flores López».
Mendoza, que penduló entre la calle y los barrotes de la cárcel de San Pedro en La Paz durante 15 años, dijo que la sentencia era «una gran injusticia».
«Apelaré, seguiré luchando hasta salir libre», advirtió.
En declaraciones a la estatal Radio Patria Nueva, la politóloga Helena Argirakis, puso en evidencia que los partidos de oposición «electoralizarán casos de feminicidio en Santa Cruz», la ciudad más pujante y violenta de Bolivia, remecida por la saña y desparpajo con que Fernández Chambi mató a Calvo Aponte, bioquímica especializada en centros chilenos y reconocida modelo.
La advertencia de Argirakis se registra a menos de 2 meses de las elecciones bolivianas del 12 de octubre.
El presidente Morales es favorito en las encuestas. Según la última publicada este martes por la red de televisión PAT, en Santa Cruz, Morales tiene una intención de voto seguro de 42%, De acuerdo con el panelista y jefe de redacción del diario El Deber el mandatario ganaría los comicios con el 71% de los votos.
ABI, La Paz y Santa Cruz