Defensoría pide al Ministerio de Justicia intervenir la cárcel de El Abra y denuncia amedrentamiento

La Defensoría del Pueblo demandó, a través de un comunicado, activar un plan de seguridad y protección en el recinto carcelario de Cochabamba ante la posibilidad de reactivación del conflicto. Cuestionó se haya permitió una fiesta y el ingreso de terceros. Los hechos de violencia dejaron cuatro muertos y 11 heridos.

imageLa Razón Digital / La Paz. Bolivia

Dos de las 4 victimas en la morgue del hospital Viedma, “El Lucifer” y ”El Tancara”, donde se realizó la autopsia. Foto Los Tiempos.



La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Justicia considere una “intervención inmediata” de la cárcel de El Abra, en Cochabamba, tras los hechos de violencia que dejaron cuatro muertos y 11 heridos por armas de fuego y punzocortantes. Además denunció amedrentamiento en la investigación por parte de funcionarios del Ministerio de Gobierno.

En un comunicado de prensa, apoya su solicitud en el artículo 46 de la Ley de Ejecución Penal que establece: “La Administración Penitenciaria y Supervisión depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Viceministerio de Justicia”. «Pedimos que, ante la gravedad de los hechos, se considere una intervención inmediata de la cárcel de El Abra por parte del Ministerio de Justicia», plantea.

La posición surge a un día de los enfrentamientos en la cárcel de Cochabamba. Informes dan cuentan que pugnas de poder desataron el enfrentamiento entre presos bolivianos y extranjeros, con el saldo de cuatro muertos, entre ellos el delegado de los reclusos. Los hechos se dieron pasadas las 22.00 del domingo y en medio de un festejo por la Virgen de Urkupiña, que congregó a familiares de los reclusos.

La institución, presidida por Rolando Villena, cuestionó se haya permitido la realización de una fiesta, como el ingreso de terceros al recinto, entre ellos mujeres, niñas y niños. Entre los heridos de bala hay dos mujeres, una de ellas estaba embarazada y perdió a su bebé por el impacto de un proyectil.

La Defensoría del Pueblo envió a una comisión para investigar lo sucedido. “Denunciamos además la acción de amedrentamiento y censura que sufrió el equipo defensorial que ingresó al recinto de El Abra el día de ayer, por parte de miembros de seguridad del Ministerio de Gobierno, que requisó, confiscó y borró el registro fotográfico que debía ser utilizado en el informe que haremos público”, señala el comunicado.

Demandó encarar “medidas urgentes” para garantizar la vida, integridad y tranquilidad de las personas privadas de libertad de El Abra y activar un plan de seguridad y protección ante la posibilidad de que se reactiven más actos de violencia. Además anunció que investigarán los hechos y exigió al Gobierno y Fiscalía garantizar su labor.