Carlos Federico Valverde Bravo
Se define como omertà a una “ley del silencio o código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas”. Dicho esto, aseguro que entre el exfiscal, ahora prófugo Marcelo Soza Álvarez, y el Gobierno boliviano hay un acuerdo (omertà) para evitar que se sepa, oficialmente, lo que pasó antes, durante y después en el llamado ‘caso terrorismo’.
Repasemos: fuimos muchos los que denunciamos las tropelías de Soza, y el Gobierno lo defendió mientras pudo. Cuando no pudo, encontró la manera de mantenerlo alejado de los estrados judiciales en calidad de testigo-encausado y decidió que se lo cite en Sucre y que allí se anuncie que, una vez Soza presente en la indagatoria, se pediría su detención; Soza optó por irse y el Gobierno respiró aliviado. Desde La Paz, el Gobierno criticó a Soza e incluso al Gobierno de Brasil, pero demoró en pedir su extradición; finalmente, Soza consiguió la condición de refugiado del Conare. Hace unos días, Soza logró la ampliación del refugio y el Gobierno volvió a atacarlo desde dos flancos: el primero, el político; el segundo, desde la acusación judicial sin cerciorarse de que los casos con acusación son, efectivamente, contra Soza o que están vigentes. Eso no importa, el efecto se logra: Soza demuestra ante Brasil y el Conare que, en el fondo, lo que hay es una persecución política, situación que hace que el fugitivo sea aún más protegido.
Mientras tanto, Soza denunció –vía Skype– lo que todos sabíamos y habíamos denunciado (ver Maten a Rózsa y Qué pasó presidente, de mi autoría, donde documento muchas de las denuncias que hoy hace Soza); eso le da la garantía de que el Gobierno lo va a atacar políticamente y… el círculo sigue ‘girando’ y la impunidad de ambos se ratifica. Gobierno y Soza quedan sin castigo y los detenidos siguen peregrinando en busca de una justicia que no llega. La omertà, en este caso, se invierte, porque ambos aliados hablan mucho, dicen de todo porque esa es la manera de evitar ponerse frente a frente en el banquillo de los acusados. Gana la política, pierde la justicia. Al menos habrá que reconocer que, en esto de ganar impunidad y continuar el abuso, el Gobierno y Soza saben muy bien lo que tienen que hacer.
El Deber – Santa Cruz