En Bolivia, las gobernaciones departamentales deberían hacerse cargo de las cárceles para evitar la desatención del gobierno nacional. Después de la matanza en El Abra se plantea el desafío de recobrar mando.
OPINIÓN, Cochabamba
“Es que no vamos a gastar en los reclusos, tampoco les vamos a dar comodidades después de todo lo que hacen, tienen que ir a pagar sus delitos pues”, comentó extraoficialmente un asambleísta en Cochabamba, después de la matanza en El Abra. Y este pensamiento es el que tienen muchas autoridades en el país. No creen en la rehabilitación de los internos como una posibilidad que hay que canalizar, sino que los reos son personas indeseables en las que la inversión solo es gasto.
Este pensamiento es el que sustenta un sistema penitenciario corrupto, precario, y que no reforma a quienes delinquen sino que los especializa en la crueldad, en la venganza, en el odio. Ya en 1973, Concepción Arenal advertía que “un buen sistema penitenciario es el que no corrompe y además corrige, pues la prisión que no corrige, deprava”.
El sistema penitenciario boliviano deprava porque prefiere ignorar a los reclusos. En un estudio de la Oficina Jurídica para la Mujer, sobre el sistema carcelario, fueron identificados nueve problemas principales: el hacinamiento y falta de clasificación penitenciaria, la sobreutilización de la detención preventiva, dificultades para acceder a las medidas sustitutivas, insuficiente servicio de defensa pública, deficientes condiciones de salud, alimentación e higiene, inadecuadas condiciones para visitas conyugales, violencia y maltrato al interior de las cárceles, una situación de desarraigo y abandono de los indígenas.
Tampoco existen programas eficientes de rehabilitación, no hay policías especializados en seguridad penitenciaria, la política de criminalidad es deficiente “y el presupuesto para la administración de justicia apenas llega al 0.7 por ciento del presupuesto nacional, lo que incide en que no haya suficientes jueces y la mora judicial se multiplique, cuando otros países invierten al menos el 5 por ciento ”, señaló el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, Freddy Arce.
“Se dice que la calidad humana de un país se mide por cómo trata a sus presos; sin embargo, Estados que se dicen muy democráticos y con índices aceptables de ingreso económico, mantienen una política de trato inhumano y degradante a las personas privadas de libertad”, reflexionó la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño.
Bolivia cuenta con 53 recintos penitenciarios, de los cuales 17 son cárceles situadas en capitales de departamento y 36 son carceletas en provincias.
La Ley de Ejecución Penal en Bolivia, vigente desde 2001, rechaza el hacinamiento y establece que el Estado debe garantizar que los recintos penitenciarios cuenten con la infraestructura mínima y adecuada para la custodia y el tratamiento de los internos. A 13 años de la promulgación de esa norma, las infraestructuras de las cárceles siguen siendo las mismas, pero hoy existe mucha más gente amontonada en ellas. En casas viejas se mezclan sentenciados y detenidos preventivos, además de las familias de los presos. Se han escrito miles de artículos periodísticos y se han pronunciado decenas de discursos políticos reconociendo estas aberraciones, pero en los hechos nadie ha demostrado voluntad política y destinado recursos para cambiar el sistema penitenciario.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó el 14 de noviembre su investigación sobre la matanza en El Abra. Responsabilizó al Estado porque a través de sus instituciones no hizo nada por evitar la tragedia, pese a que el 22 de julio la Defensoría había alertado a Régimen Nacional Penitenciario del sistema de extorsiones, torturas y vejaciones que imperaba en este penal ante la complicidad de autoridades de la Policía, Régimen Penitenciario regional y una jueza de Ejecución Penal.
Villena pidió al presidente Evo Morales que intervenga Régimen Penitenciario nacional, pero no ha habido respuestas del Gobierno.
El exdirector de Régimen Penitenciario Tomás Molina cree que las condiciones infrahumanas en las que sobreviven los reclusos pueden derivar en una eventual demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya una familia de jóvenes presos chilenos advirtió con demandar a Bolivia por las torturas y extorsiones que Edgar Ariel Tancara ejerció contra ellos. Según Molina, Bolivia tiene una de las legislaciones penitenciarias más modernas del mundo, pero en las cárceles, los internos siguen viviendo como en la Edad Media. Ninguna reforma será posible, coinciden abogados y exautoridades, si el Gobierno no aumenta significativamente el presupuesto del sistema penitenciario.
Molina cree también que es necesario que las cárceles se descentralicen y dependan de los gobiernos departamentales y que los policías, en número suficiente, se especialicen en seguridad penitenciaria para evitar que los delegados se autogobiernen.
Los planes a corto plazo en El Abra
Construirán bloque para reos peligrosos
La Gobernación de Cochabamba invertirá 2.5 millones de bolivianos en la ampliación del penal El Abra en 2015. El plan es construir un nuevo bloque de tres niveles con una capacidad para 200 internos. Uno de los objetivos es enviar a este bloque a los reclusos peligrosos y a los sentenciados, para separarlos de los preventivos.
Punata ofrece tierras para un nuevo penal
El alcalde de Punata, José González, ofreció 40 hectáreas de terreno para la construcción de un nuevo recinto carcelario. Autoridades ya visitaron el terreno y verificaron que tiene todos los servicios básicos. El municipio punateño quiere ceder los mismos para evitar el ingreso de loteadores. Solo falta el dinero para la obra.
85 Policías expertos en seguridad carcelaria
En noviembre, 85 cabos se graduaron de un curso de 4 meses en especialización en Seguridad Penitenciaria. Sin embargo, hasta el viernes, no aumentaba la cantidad de policías asignados al penal de El Abra.
Que se investigue a Régimen por inacción
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió a la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas que investigue qué medidas de prevención tomó Régimen Penitenciario nacional ante su denuncia, del 22 de julio de 2014, sobre la existencia de la red de extorsión de delegados y autoridades en El Abra. A la Fiscalía igual.
El desafío de recobrar mando
MáS POLICíAS, REQUISAS FRECUENTES, REVISIONES A VISITAS Y DESTRUCCIóN DE DEPóSITOS SON ALGUNAS MEDIDAS.
OPINIÓN, COCHABAMBA, BOLIVIA
Recuperar la autoridad y reforzar la seguridad interna y externa del penal de El Abra son los principales desafíos de la gobernación policial. Desde el 5 de noviembre, el mayor Juan Carlos Corrales se hizo cargo del recinto y ya aplicó varias medidas para lograrlo.
Hizo un inventario de las cámaras de vigilancia y confirmó que existen cinco. Cuatro normales instaladas en el ingreso, en el perímetro externo por la puerta de garaje, en las torres 2 y 7. La quinta una cámara madre, una PTZ que gira 360 grados, encima del perímetro externo. El secretario de El Abra en la gestión 2012 -2013, Ruddy Copa, informó que si bien las cámaras fueron instaladas por la Gobernación de Cochabamba “no llegaron a funcionar”. En el despacho del penal se halló guardada una computadora (CPU, monitor, teclado y estabilizador), que probablemente sea parte del equipo para controlar las cámaras. Sin embargo, no existe documentación que respalde la recepción de todo estos equipos. Ya se pidió que el capitán Méndez Assaf, quien tenía la documentación, preste un informe al respecto.
Lo cierto es que, de acuerdo a normativa, es Régimen Penitenciario que tiene que encargarse de poner en funcionamiento estas cámaras. Lamentablemente, en esa instancia no hay presupuesto y es urgente buscar alternativas para que otras instituciones, (Gobernación y alcaldías) dispongan en sus presupuestos de seguridad ciudadana para ésta y otras necesidades. Corrales ya envió solicitudes escritas para que Régimen Penitenciario traslade a las oficinas de la gobernación de El Abra, los paneles de control del agua, la energía eléctrica y otros servicios que estaban en “la oficina de Tancara”. Empero, habrá que ver si Régimen Penitenciario cuenta con recursos para ejecutar este trabajo técnico. Corrales también ha instruido al personal policial la revisión minuciosa a las visitas para evitar el ingreso de drogas, celulares y otros. Hubo quejas en principio, pero este diario verificó que las requisas personales a mujeres son hechas por mujeres policías que usan guantes y palpan a las visitas con respeto. Sin embargo, en dos requisas efectuadas recién, todavía se hallaron sobres con marihuana, cuchillos y otros que se cree que ingresan en las noches a través del personal policial de la anterior gestión que no ha sido removido.
Al día siguiente de la matanza en El Abra fue descubierto un enorme depósito que incluso tenía un vaciado de cemento, donde Tancara y su séquito guardaban alcohol, drogas y armas. Recién fue destruido, rellenado de tierra y apisonado con maquinaria pesada de la Alcaldía de Sacaba. “No voy a permitir depósitos en cerrajerías, carpinterías o cualquier taller, los encargados serán los responsables”, advirtió el nuevo gobernador.
Otra medida importante es el cumplimiento de la Ley 2298 en cuanto a la puesta en funcionamiento del Consejo Penitenciario. “Este Consejo, formado por varias instituciones trabajará semanalmente para efectuar un seguimiento que las medidas se apliquen correctamente”.