Bella Vista, Sillajhuay y Huayllas viven cerca de al menos 275 explosivos sembrados por el Ejército chileno en los años 70.
Pueblos minados, temor en la frontera con Chile
La Razón / Jorge Quispe / La Paz
La portada de Informe La Razón que circula hoy junto a nuestra edición impresa.
En la quebrada del río Cancosa que comparten Chile y Bolivia, una pisada puede ser la última. “¿Y cómo sabemos que aquí no hay minas antipersonales?”, pregunta Informe La Razón. El guía responde con un tono franco, que no brinda certidumbre. “Hay que confiar en la buena fe de las personas que pusieron las mallas con alambres de púas”. A pocos metros, a los costados izquierdo y derecho, los cadáveres de dos llamas son prueba del riesgo que ronda por esa zona fronteriza.
Potosí y Oruro son los departamentos bolivianos que lindan con suelo chileno. Y hay zonas limítrofes con artefactos explosivos sembrados por el Ejército de Chile desde 1974 hasta 1983, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Una medida tomada también en regiones colindantes con Perú y Argentina, incluso en la fría Antártida. ¿Por qué? Simplemente porque el general que dejó el poder en 1990 y falleció en 2006 quería evitar así la huida por tierra de sus enemigos políticos y salvaguardar el territorio de Chile ante la desconfianza que le provocaban los mandatarios de las tres naciones vecinas, por ejemplo el boliviano Hugo Banzer Suárez (1971-1978), los peruanos Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), o el argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981).
Consideradas por los especialistas como una de las armas más innobles del mundo al no diferenciar si su víctima es un civil, un militar, un anciano o un niño, estas minas se activan por presión (al pisarlas), por alivio de presión (al levantar el pie del artefacto) y por tensión (sobre cables). Informe La Razón visitó las áreas limítrofes de las comunidades de Bella Vista y de Sillajhuay en el municipio potosino de Llica, y la de Huayllas, en el de Coipasa, en Oruro. Se maneja que allí fueron plantadas al menos 275 minas antipersonales. Las tres poblaciones albergan unas 300 personas que aprendieron a convivir con este peligro, aunque esto no implica que no sientan temor. Y sobre todo su ganado paga las consecuencias.
Aproximadamente a 600 kilómetros de La Paz se encuentra Bella Vista. Sus 60 habitantes no saben nada de la ampliación que solicitó Chile en 2011 para el desminado de esa frontera altiplánica. Algunos admiten que no duermen tranquilos, que se sienten amenazados. Más aún porque entre junio y agosto fallecieron dos llamas. Se las considera víctimas de estos artefactos explosivos. Es que las aguas del río Cancosa que ingresan desde la nación vecina y que bordean el pueblo no solo refrescan el árido lugar, sino que albergan y arrastran desgracias. “Nuestros animalitos siguen muriendo, yo perdí cinco llamas, otros igualmente”, se queja Florentino Lázaro.
Informe La Razón recibió la ayuda de dos guías para recorrer esa región. Penetró kilómetro y medio hasta la quebrada del río Cancosa, en el lado chileno, donde las minas antipersonales marcan presencia. Por el centro corre el afluente transparente de unos cinco metros de ancho y en ambas orillas se encuentran instalados alambres con púas, sujetados por estacas metálicas de dos metros de alto en cuya parte superior sobresale un letrero triangular. Sus letras blancas escritas sobre un fondo rojo son una advertencia: “MINAS”.
Convención. Solamente son dos hebras punzantes las que cercan el depósito hídrico, no tres, ni cuatro, como señala un informe de la Comisión Nacional de Desminado de Chile sobre las medidas de seguridad desplegadas, en conformidad con la Convención de Ottawa sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, firmado en 1997 y ratificado en 2001 por Chile. En un sector, las hebras están prácticamente en el piso y no impiden que animales e incluso civiles que transiten por la noche puedan ingresar al área prohibida.
A ello se suma que en la quebrada tampoco esté presente un letrero verde que avise sobre la presencia de estos artefactos explosivos, tal cual dictan las normas internacionales. “Por la zona no todos los comunarios saben leer y escribir”, aclara el maestro Marco Antonio Quiñones, director de la escuela de Bella Vista. En mapas de 2008 del Ministerio de Defensa Nacional de Chile se informa que ese sitio figura como un “campo minado levantado”. El reporte de 2013 de la Comisión Nacional de Desminado de ese país indica que allí existen 56 minas instaladas entre 1978 y 1980, y que pertenecen al tipo A.P.M-14 N.A.
Los guías y comunarios no tienen dudas de que uno de estos artefactos mató en junio a una llama que pertenecía a un pastor boliviano que pastaba por el sector restringido del río Cancosa. El pelaje negro y algo de los huesos del animal siguen tirados en esa zona del territorio chileno. A unos 30 minutos de allí, desde Bella Vista, Tito Durán confiesa que está sorprendido por la extensión que ocupan estos dispositivos. “Antes el campo minado era pequeño, de unos 100 por 100 metros, ahora son más de 1.000 metros y por eso sigue muriendo nuestro ganado”.
Los civiles tienen un conocimiento básico sobre dónde están las minas, pero lo que más preocupa a los campesinos es la suerte de los integrantes de su rebaño camélido, que son presas fáciles de estos artefactos. El alambrado tiene una longitud de al menos kilómetro y medio. Hace 40 años, las comunidades fronterizas de ambas naciones tenían un fluido contacto comercial, social y cultural. “Pero fuimos sorprendidos por estos campos minados, porque antes andábamos en bicicleta y a pie, sin embargo ahora no se puede”, admite Lázaro, quien además postula que están conscientes del peligro que corren cada vez que sus llamas pasan al lado de Chile y deben traerlas hasta sus rediles. Siente que el sembrado de estos dispositivos fue como echar plumas al viento, porque si se intenta recogerlas no se sabe dónde cayeron.
Al ingresar más en la quebrada, uno de los guías recomienda que se debe “andar seguro”, sin provocar la caída de piedras a la zona minada, que incluso se tomen fotografías desde una distancia prudente porque algunos explosivos son bastante sensibles. “Hay que caminar por donde hay evidencias de que transita la gente”. Aproximadamente a 300 metros del cadáver de la llama negra, otro cuerpo inerte de un camélido yace dentro del área restringida chilena. Se ven dos de sus patas, sus vísceras, parte de su cabeza y su lana esparcida. Tal vez fue víctima de sus ansias por beber agua del río, en agosto.
Desde la II División del Ejército, acantonada en Oruro, se indica que los dispositivos son antipersonales y antitanques, y que la mayoría son completamente imperceptibles por la noche. Aparte existe la amenaza de que las lluvias arrastren los explosivos del río hasta la población bellavisteña. “Estas minas en muchos casos son removidas por los cursos de agua temporales, constituyendo un peligro fuera del área en que fueron plantadas”, afirma el general Luis Benavides, comandante de la II División, desde su oficina. No se sabe si se deslizaron hacia Bolivia y tampoco dónde se encontrarían.
En Bella Vista, lugareños se muestran impotentes, no saben qué hacer ante este panorama que los asola durante décadas. “Los chilenos deberían haber desactivado antes, pero las minas siguen ahí”, reclama Quiñones, en cuya unidad educativa estudian 30 alumnos. Hace diez años, 85 escolares pasaban clases en sus instalaciones, pero el director revela que muchos dejaron la comunidad junto a sus familias por la falta de trabajo y porque estaban cansados de vivir con el Jesús en la boca. Eso no es todo. El coronel Jorge Fernández, de la II División del Ejército, sostiene que no es suficiente poner señalética en las áreas riesgosas y que los letreros deberían llevar la siguiente leyenda: “No pasar. Zona minada”.
En medio de un terreno accidentado y rocoso, al menos a cuatro horas de viaje en vehículo desde suelo bellavisteño, se encuentra el poblado de Sillajhuay, conocido como Chulluncane por los chilenos. Allí hay dos campos minados separados por un precario camino que tiene alambrados a los costados. Una ruta que es usada por contrabandistas para la internación de vehículos indocumentados desde Iquique (leer nota de las páginas 14 y 15). Son parajes donde habitan el suri o avestruz altiplánico, las vizcachas y pequeñas lagartijas, a unos 100 metros del Hito 38.
El informe 2013 de la Comisión Nacional de Desminado de Chile publicado el 30 de abril de 2014 subraya que en esa área existen 117 artefactos explosivos plantados entre 1978 y 1980, y que son del tipo A.P.M-14 N.A.
El espacio restringido es más pequeño que el del río Cancosa, pero el peligro para el ganado camélido de los pastores es el mismo que en Bella Vista. Los sectores encerrados de ambos lados de la vía tienen el tamaño de una cancha de fútbol, poseen señalización y aunque ésta no es muy nítida, se alcanza a leer “MINAS”, y en el sector inferior “EJÉRCITO CHILE-FISCAL”. Allí sí existe un letrero verde de un metro por 60 centímetros de altura en el que la alerta está escrita con letras blancas: “PELIGRO CAMPO MINADO”, reza en español; más abajo dice “DANGER MINE FIELD”, en inglés, y en la sección inferior “PELIGROWA AKA PAMPA MINATAWA”, en aymara, que en castellano significa “peligro, esta pampa se encuentra minada”.
Si en Bella Vista parte del alambrado está prácticamente en el piso, lo que implica un riesgo para el ingreso de civiles y animales, en Sillajhuay las redes se hallan en buenas condiciones. Una hora y media antes de llegar a este punto limítrofe perteneciente al municipio de Llica, un puesto militar controla el tránsito boliviano en ese frío y alejado confín. Hay más. A dos horas y media de viaje en coche se levanta Huayllas, donde existe un antiguo puesto militar del RI-22 Mejillones Centinelas del Pacífico. A menos de un kilómetro de ese sitio que es llamado Pacoma por los chilenos, uno se topa con dos campos minados en el vértice del salar de Coipasa, ya en Oruro.
Aymaras. Por el medio cruza un camino de ripio que conduce a Chile. Estas zonas restringidas igualmente tienen un tamaño similar al de una cancha de fútbol. La señalética lleva alertas en castellano, inglés y curiosamente en alemán (GEFAHR MINENFELD), nada que ayude a las poblaciones aymaras que habitan en ese paraje. El soporte metálico muestra signos de oxidación, mientras que los pequeños triángulos rojos son ilegibles por la noche. Fue en este lugar donde en agosto de 1982, los hermanos Ayca —Rubén, entonces de 12 años, y Jonás, de diez,— perdieron una pierna y un ojo.
Ambos quedaron discapacitados tras la explosión de un artefacto parecido a una lata de atún (leer la historia de la siguiente página). En ese sector que los potosinos de Llica reclaman como suyo, pero que según el alcalde de Coipasa, Rómulo Pérez, pertenece al departamento orureño, vive Erasmo Ayca, quien durante cuarto de siglo colaboró como centinela al Ejército boliviano, cuidando ocho hitos limítrofes. “Sigo izando la bandera nacional y haciendo patria como pocos en este alejado rincón”, comenta con un dejo que demuestra orgullo.
Cuando se le informa que Chile obtuvo una prórroga hasta 2020 para desminar toda la frontera, expresa su disgusto, sobre todo tras rememorar la desgracia que cayó sobre sus dos hermanos menores en los años 80.
“No cumplieron nada (de la Convención de Ottawa), los chilenos dicen que es más difícil desarmar que armar… pueden matarse incluso ellos mismos, porque esto (la zona minada) puede reventar en cualquier momento”, asevera el hombre que conoce como muy pocos esa área binacional y que recibió hace más o menos 15 años un grado honorífico de sargento como reconocimiento a sus servicios brindados a la nación.
En Sillajhuay y en Huayllas —que en el reporte de la Comisión Nacional de Desminado de Chile figura como Pacoma, con 102 minas del tipo A.P.M.-14 N.A. instaladas entre 1978 y 1980,— no se reportaron más accidentes que el sucedido con los Ayca, al menos no se tienen otros registrados. Sin embargo, el peligro sigue latente y no deja en paz a los habitantes de estas comunidades. “Nosotros los mayores sabemos que las minas son peligrosas, pero los niños no entienden, son curiosos y pueden entrar a esos campos con explosivos”, se lamenta el bellavisteño Tito Durán.
El Ministerio de Defensa está consciente del problema. “Bolivia no permitirá mayores demoras y por el contrario requerirá a Chile, para que cumpla su compromiso de destruir y remover las minas antipersonales sembradas a lo largo de su frontera con nuestro país, por el riesgo que generan a personas civiles asentadas en las zonas fronterizas”, adelanta en un cuestionario respondido a Informe La Razón. La resignación ha carcomido en estas tres últimas décadas a las protestas de los pobladores de estas tierras olvidadas por el Estado. Pero, ¿cuántas minas siguen activas y le quedan a Chile por desarmar en estos límites?