La defensa de la magistrada boliviana Soraida Chánez tiene 15 días para presentar la apelación ; no obstante, el gobiernista MAS tiene dos tercios en la nueva Asamblea que entrará en funciones el 22 de enero.
Exmagistrada apelará la sentencia ante la Asamblea
«Esta sentencia ya estaba dictada hace meses atrás, ahora simplemente se ha formalizado, consolidado y legalizado. Ya sabíamos que ésta iba a ser la sentencia”, declaró Soraida Chánez después de escuchar el fallo del tribunal que dictaminó su destitución del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La exmagistrada manifestó que organizará toda la documentación para argumentar las vulneraciones cometidas durante el proceso, antes de presentar una «apelación” ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según la Ley de Juicio de Responsabilidades, la defensa tiene 15 días para presentar la apelación ; no obstante, el MAS tiene dos tercios en la nueva Asamblea que entrará en funciones el 22 de enero.
«Por los plazos, si computamos necesariamente la próxima Asamblea tendría que conocer el caso (…). La Asamblea es una instancia más que nosotros tenemos que recurrir, porque a mí lo que me interesa es que una instancia competente me diga que yo no he cometido ninguno de los delitos por los que se me ha sentenciado”, declaró Chánez.
En pasados meses, el vicepresidente, Álvaro García Linera, exigió al Senado una sanción que sea ejemplarizadora contra los magistrados por la suspensión de la Ley del Notariado.
Entonces, la exmagistrada consideró que la sentencia ya estaba dictada por lo que en más de una oportunidad anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la Asamblea y en particular el MAS vulneró sus derechos.
En referencia a la sentencia, el expresidente del Tribunal Constitucional Rudy Flores dijo que todos deben asumir responsabilidad sobre sus actos.
El Senado destituye a Chánez y envía el proceso a la Fiscalía
Dos asambleístas oficialistas rechazaron la sentencia por ser “injusta”.
La exmagistrada del TCP fue acusada, junto a sus colegas Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, de prevaricato y otros delitos por suspender la Ley del Notariado.
Página Siete. Rosario Chánez escucha la sentencia del MAS en el Senado.
Página Siete / La Paz
El tribunal de sentencia (Senado), conformado por senadores del MAS, destituyó ayer de su cargo a la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y remitió el proceso al Ministerio Público.
«El Senado, en virtud de la jurisdicción y lo establecido en los artículos 23 y 45 de la Ley 044, dicta sentencia sancionatoria contra Soraida Chánez”, indica la resolución del juicio de responsabilidades por la suspensión de la Ley del Notariado.
La sanción establece que la autoridad judicial, elegida por voto popular en 2011, incurrió en «faltas muy graves” por sus actuaciones contrarias a la Constitución y las leyes.
De acuerdo con la sentencia, Chánez «vulneró la presunción de constitucionalidad” y actuó «ultrapetita” (más allá de lo pedido), pues la acción contra la Ley del Notariado no puso en cuestión la constitucionalidad de toda la norma.
Asimismo, se argumenta que la suspensión de la mencionada norma causó mayor inconstitucionalidad y se violó el Código Procesal Constitucional.
El fallo fue aprobado por dos tercios de los miembros del Tribunal; sin embargo, los senadores Mario Choque y María Eva Vacaflor, ambos del MAS, rechazaron la sentencia por considerarla «injusta” y que se vulneraron derechos fundamentales.
Ambos legisladores no asistieron a las deliberaciones del Tribunal porque según la defensa de Chánez fueron «excluidos”, lo que podría ser una causal de anulación de la sentencia.
Sin embargo, el Tribunal no quiso pronunciarse sobre esto pese a la consulta del abogado defensor Guido Melgar.
El senador David Sánchez (MAS) confirmó que ambos legisladores no participaron en las últimas deliberaciones del Tribunal, aunque su colega Fidel Surco dijo que ambos senadores se «autoexcluyeron”.
El 29 de julio, la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra los magistrados del TCP, Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez y les suspendió de sus cargos, acusándolos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y el 4 de diciembre comenzó el juicio en el Senado.
Durante todo el mes, los acusados denunciaron la vulneración de varios de sus derechos como el debido proceso y la negación de justicia. El Tribunal rechazó todos los incidentes que presentaron y toda la prueba documental y testifical, pero ante las protestas de los magistrados aceptaron que presenten cinco testigos por acusado.
El Senado también tuvo que modificar la Ley del Juicio de Responsabilidades en pleno proceso, debido a las observaciones de organismos como la ONU para que la máxima sentencia sea la destitución del cargo y el proceso sea enviado a la Fiscalía.
El Senado decidió apartar a Cusi por su delicado estado de salud y la magistrada Velásquez renunció a su cargo, por lo cual salió del juicio; Chánez terminó sola en el proceso.
La revelación del estado de salud
Durante el desarrollo del juicio, el ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes reveló la enfermedad incurable del magistrado suspendido, Gualberto Cusi, pese a que en varias oportunidades su defensa solicitó al tribunal de sentencia (Senado) la reserva y confidencialidad del caso.
Calvimontes, vulneró la Ley 3729 al revelar la enfermedad que padece el magistrado; no obstante, la norma establece la estricta confidencialidad sobre la enfermedad.
Por estas causales Cusi solicitó la restitución a su cargo, pero el Tribunal rechazó su petición.
Senado destituye a Chánez y defensa pedirá la nulidad
Juicio. Dos senadores se abstuvieron de aprobar el fallo y fueron parte del debate
La Razón / La Paz
El Tribunal de Sentencia del Senado destituyó definitivamente de su cargo a la magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Soraida Chánez. Sin embargo, la defensa de la jueza anunció que solicitará la nulidad del juicio oral.
Luego de las 16.00 de ayer se dio lectura al proyecto de fallo. La resolución se fundamentó en los delitos por los que fueron acusados los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Chánez: prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, debido a un auto que emitieron en marzo de 2014 y que supuestamente paralizó la nueva Ley del Notariado. Chánez fue la única sentenciada del proceso y su caso fue remitido a la Justicia Ordinaria. En cambio Cusi fue separado temporalmente del juicio y Velásquez renunció a su cargo el martes.
Ayer, cuando los 19 senadores votaron para la aprobación del fallo, Mario Choque y Mary Vacaflor expresaron su disconformidad y se abstuvieron de aprobarlo. Tras este hecho, el abogado de Chánez, Guido Melgar, anunció que apelará el juicio oral y solicitará su anulación, “según lo indica el artículo 358 del Código Penal”.
El jurista denunció que los dos legisladores no fueron incluidos en la deliberación. El senador David Sánchez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció también esta situación. “No participaron (en el fallo)”, dijo. Los senadores de oposición se abstuvieron de conocer el caso.