Tras la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomía, el diálogo ha comenzado. El MAS controla el consejo, y las gobernaciones de Santa Cruz y Beni proponen bajar el monopolio estatal al 84%. Los opositores creen que la reunión del Consejo Autonómico tiene afanes electorales.
Tras la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomía, el diálogo por el pacto fiscal ha comenzado. El MAS controla el consejo, y las gobernaciones de Santa Cruz y Beni están solo con una propuesta que bajaría el monopolio estatal del 88% al 84%
El 25% de la coparticipación tributaria que buscan redistribuir las gobernaciones de Santa Cruz y Beni implica un botín de Bs 10.000 millones que dejaría de administrar el Gobierno central.
Ese es el motivo para que el pacto fiscal se haya convertido en un debate largo, que tuvo un principio, pero que no tiene un final en el horizonte político actual. Según explica Carlos Schlink, director del Tesoro de la Gobernación de Santa Cruz, actualmente el nivel central del Estado controla el 88% de los Bs 221.180 millones que integran el Presupuesto General de la Nación. El 12% restantes se dividen entre los 339 municipios, nueve gobernaciones, una región autónoma y 10 universidades públicas.
Esto implica que el Gobierno se queda con el 75% de la coparticipación tributaria, mientras que el 25% restante se reparte entre municipios (20%) y universidades (5%). El ceder otro 25% haría que el Gobierno central pase a controlar el 84%, frente al 16% del resto de las entidades territoriales autónomas.
Sin embargo, desde hace dos años y en el mismo inicio del diálogo del pacto, el presidente Evo Morales ya expresó su idea sobre este proceso: “Pacto fiscal es descuartizar al país”, dijo. Para Schlink esto no es cierto. “Lo que el Gobierno central cederá a las regiones puede cubrirlo con notas de crédito fiscal, como lo hace hasta ahora. Así no pierde absolutamente nada y en dos años recupera el efectivo cedido con el incremento de las recaudaciones, por eso el modelo es sostenible”, asegura el economista.
Modelo para armar
El Gobierno ha diseñado un método para el pacto de cinco puntos y solo en los dos últimos se habla de fuentes de financiamiento y su distribución. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, señala que el pacto fiscal no debe reducirse a una simple distribución de recursos, sino que debe debatirse cómo alcanzar el objetivo de la erradicación de la pobreza, o cómo se puede usar de buena forma los recursos del Estado.
Y ahí Siles y el Gobierno tienen un as bajo la manga. Cuando las únicas dos gobernaciones opositoras plantean más recursos, Evo Morales y Hugo Siles recuerdan que cada año, en caja y banco de las entidades territoriales autónomas quedan unos Bs 14.000 millones sin gastar; es decir, Bs 4.000 millones más de lo que pretenden redistribuir.
Para Teófilo Caballero, economista y directivo del Comité pro Santa Cruz, esta crítica viene con trampa. En su opinión, Siles debería hacerse explicar la carga burocrática que implica realizar una ejecución presupuestaria para los niveles subnacionales. Según Caballero, demora entre siete y ocho meses. A eso le suma que el Gobierno amplía los techos presupuestarios de gobernaciones y municipios a fin de año, lo que impide la ejecución y agranda su cuenta en caja y banco.
José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, con especialidad en municipalismo, cree que la asignación de recursos para las gobernaciones es una discusión ineludible.
Explica que con la Constitución Política del Estado, que ya tiene seis años de vigencia, se reformó la estructura del poder. Hasta ese momento, Bolivia tenía solo dos niveles estatales: el central y el municipal.
Las prefecturas eran parte del Poder Ejecutivo central, ya que incluso el prefecto era designado por el presidente y tenía funciones limitadas.
El Consejo Departamental era designado por los concejos municipales. Administraban, básicamente, los recursos de las regalías departamentales.
Con la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, otra fuente de financiamiento fue sumada a las prefecturas y heredadas luego por las gobernaciones, pero, según indica Santistevan, los recursos del IDH fueron recortados a las gobernaciones un 30% para el pago de la Renta Dignidad y un 10% para financiar la seguridad ciudadana.
En cambio, han transferido a los gobiernos subnacionales la administración de los hospitales de tercer nivel, que en el caso de Santa Cruz ascienden a seis nosocomios, que antes dependían de la Alcaldía.
¿Quiénes deben discutir?
Un reclamo de los miembros del Consejo Nacional Autonómico fue la ausencia de los movimientos sociales y de las universidades en el debate. Siles explica que habrá una etapa para difundir los avances y propuestas de pacto fiscal, pero de momento la única inclusión que se hará al Consejo será la figura del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ya que precisamente esto debe culminar con un pacto sobre cómo se distribuirán los ingresos del país. Esa y la periodicidad de las sesiones del consejo serán las únicas dos modificaciones que se le harán a la Ley de Autonomías.
Santistevan cree que el pacto fiscal no es un debate del que deban participar ni movimientos sociales ni universidades, ya que básicamente es una distribución de competencias estatales y cómo financiarlas. Eso reduce la discusión al Gobierno central, autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.
Iván Arias, también municipalista, cree que si bien el grupo de discusión es reducido, el tema de discusión debe ampliarse. Para él, un pacto fiscal debe plantear una visión de país, hacia dónde vamos como país, cuáles son los programas y proyectos que nos llevarán allí y los recursos necesarios para llegar. Sin embargo, Arias cree que el Gobierno ha cerrado esta discusión. Según explica, para el vicepresidente García Linera no hay nada que discutir, se trata de un Estado plurinacional, productor y que participa en la economía. Los programas para llegar allí son la agenda 2025. Y los recursos ya están distribuidos.
Caballero añade que actualmente las autonomías se encuentran maniatadas para incrementar sus ingresos. Explica que la ley de clasificación de impuestos aprobada por el Gobierno limita a los municipios a las tasas, patentes e impuestos que ya tenían (propiedad y vehículos) y solo le permite cobrar nuevos gravámenes sobre la chicha de maíz. A las gobernaciones se le amplía el espectro sobre la aeronavegación y la motonáutica.
Y la Gobernación de Santa Cruz quiere incluir la clasificación impositiva en la discusión. Según Schlink, debe redefinirse la posibilidad de trabas, crear ingresos propios para los niveles subnacionales, además de levantar las trabas burocráticas a la ejecución presupuestaria y la posibilidad de adquirir créditos externos. Para Siles, todo está sobre la mesa de diálogo y allí se debe llegar a consensos. Eso sí, pide tomar en cuenta de que Bolivia es un país unitario y que cualquier pacto debe incluir a todos los actores.
Fuente: EL DEBER