Enrique Fernández García*
Cada día me interesa menos sentenciar; a ser juez de las cosas, voy prefiriendo ser su amante.José Ortega y GassetNo hay régimen, autoridad, ley u orden que pueda librarse de ser juzgado por nuestra conciencia. Es irrelevante que, con tono sacerdotal, los creadores de una norma defiendan su perfección; la falibilidad del hombre se ha obstinado en acompañarnos desde siempre. Sucede que nada de lo gestado hasta el momento puede estimarse impecable.Corresponde anotar que, al lanzar este dictamen, no desacredito, como muchos meditadores del posmodernismo, el concepto de progreso. Yo pienso que hubo avances, adelantos, cambios favorables al individuo y su libertad. El punto es que todas las grandes obras humanas son, a lo sumo, perfectibles. En este sentido, aunque las reglas de Solón, Justiniano o cualquier otro legislador hayan sido más que comprensibles, ninguna estaba exenta del cuestionamiento. Todo sujeto, peor aún si tenía el deber de cumplir un mandato, podía llevar a cabo ese análisis.El derecho que tiene una persona a considerar, en términos morales, las leyes no debe ser negado por ningún Estado, salvo cuando éste busque una calificación infame. Solamente los experimentos que tienden a la opresión, individual o colectiva, se oponen a su vigencia. Pocas cosas tan sensatas como brindar esta posibilidad a quienes se impone la obligación de cumplir aquellos dictados. Obrando de este modo, el fortalecimiento del compromiso ciudadano resulta favorecido. Encontrando razonable su establecimiento, así como los objetivos que perseguiría, una disposición puede merecer aun la estima del prójimo. Sin duda, no es insustancial tratar de que nuestros valores, principios e ideales coincidan con las prescripciones fijadas por un régimen. Lo que se procura es, en suma, la instauración de un orden justo, una realidad merecedora del amparo.Pero la crítica ética del derecho no es lo único que puede hacer el ciudadano. Tal como, cuando habla de la justicia política, ha explicado Otfried Höffe, esos cuestionamientos pueden ser también formulados ante otras dimensiones del poder. Así, sería factible censurar las actuaciones gubernamentales más allá de lo establecido por ley. Porque un representante de la ciudadanía puede respetar las normas, pero, asimismo, incurrir en imbecilidades del peor tipo, agraviando moralmente a los demás mortales. No basta, pues, que alguien se jacte de no perpetrar delitos; pese a ello, sus decisiones pueden todavía originar reprobaciones del todo legítimas. Por consiguiente, no habría tribunales encargados de su procesamiento en ese ámbito. Los llamados a emitir tales dictámenes serían sujetos que rechazan la indecencia.Es imprescindible que sometamos al Estado, sus normas, estructuras y autoridades, sin importar el nivel jerárquico, a esa crítica fundada en la ética. Olvidemos las rígidas tonterías del positivismo, al igual que los relativismos apadrinados por el historicismo. Parece acertado apostar por juicios que rebasen esas fronteras, amigas de un orden sin fundamento trascendente. No existe otra vía que posibilite la legitimación del sistema en el cual, por suerte o desventura, nos encontramos. Conviene precisar que, si se notan anomalías al respecto, habrá la necesidad de promover su eliminación. Es que un individuo no debe limitarse a lanzar sentencias en esa materia; será igualmente imperativa su acción para terminar con los problemas de inmoralidad política. Por lo tanto, el desafío es no quedarse en la identificación de injusticias. La transformación que se requiere para mejorar el ejercicio del poder nos deja este deber.*Escritor, filósofo y abogado