Debían fiscalizar, hacer el seguimiento y cierre de los proyectos, y no lo hicieron. Algunos dirigentes ahora dicen que sospechaban de proyectos “fantasmas”.
Ministra y directores tenían la misión de vigilar los proyectos
Según el Estatuto Orgánico del Fondo Indígena de Bolivia.
El director ejecutivo debía fiscalizar, hacer el seguimiento y cierre de los proyectos, además contaba con el apoyo de cuatro direcciones y nueve unidades.
Página Siete, La Paz
Página Siete. Documento SIGMA, en el que se observa los 600 millones que recibió Hilarión Mamani (Conamaq).
El Estatuto Orgánico del Fondo Indígena establece que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los miembros del directorio y los directores ejecutivos de esa entidad son los responsables de la transferencia, administración de los recursos y del seguimiento y ejecución de los proyectos.
El artículo 7 del decreto de creación del Fondo también establece que el presidente nato del directorio es el ministro de Desarrollo Rural. En este caso la ministra Nemesia Achacollo, quien está en el cargo desde el 2010, año que la entidad indígena comenzó a desembolsar recursos para la ejecución de proyectos en beneficio de los indígenas.
En ese marco, Achacollo -según el Estatuto Orgánico de la institución- tenía la obligación de «realizar los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro del objeto del Fondo”.
Asimismo, la ministra debía «proponer las medidas y resoluciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo”. También la presidenta nata tenía que «cumplir y hacer cumplir las decisiones del directorio”.
Achacollo informó, al pleno de Senado, que el 13 de febrero de 2015 convocó a reunión de directorio para informar sobre la situación del Fondo y analizar el informe que difundió la Contraloría el 12 de febrero.
La convocatoria de Achacollo se produce dos meses después de que la Contraloría presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el millonario daño económico al Estado por 153 proyectos ejecutados o inconclusos financiados por el Fondo.
La responsabilidad del directorio -integrado por 12 representantes de ocho organizaciones indígenas y cuatro ministerios- es aprobar los proyectos, debatir, normar, decidir y fiscalizar las políticas y acciones del Fondo.
El director ejecutivo de la entidad tenía la misión de poner en conocimiento oportuno del directorio cualquier irregularidad o falta que conozca en el desarrollo de sus actividades institucionales. Entre sus obligaciones también estaba la ejecución de las resoluciones, disposiciones y decisiones del directorio.
Asimismo, debía fiscalizar, hacer el seguimiento y cierre de los proyectos. Además, bajo su dependencia están las direcciones de asesoría legal, administrativa financiera, de proyectos y técnica que también vigilaban la aprobación de proyectos.
Estas cuatro direcciones también contaban con el apoyo de nueve unidades que realizaban desde el análisis jurídico del proyecto hasta el acompañamiento de la ejecución de proyectos financiado por el Fondo.
Dirigentes sospechaban de proyectos “fantasmas”
Página Siete / La Paz
Damián Condori, excandidato a la Gobernación de Chuquisaca y exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB), explicó que el directorio del Fondo Indígena decidió transferir estos recursos porque tenían «fuertes” sospechas de que existían proyectos «fantasmas” en diferentes regiones del país.
«Se sospechaba que había proyectos fantasma, cada organización hemos determinado hacer un proyecto de fortalecimiento y con eso verificar, ir hasta el lugar (donde hay proyectos) a través del personal que se contrató para verificar si existe o no existe el proyecto, o en qué situación se encuentran los proyectos de cada organización”, indicó.
Explicó que las inspecciones permitirían evidenciar cuánto de los recursos se ejecutó en los 10 años del Fondo Indígena.
«No podemos quedar mal como organizaciones indígenas y por eso se aprobó el proyecto”, justificó Condori.
Sin embargo, para Eduardo León, abogado del exdirigente del Conamaq, Rafael Quispe, y actual diputado de Unidad Demócrata (UD), los fondos se manejaron sin que se haya hecho control en el uso de los recursos. Apuntó a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y al directorio del Fondo de ser los responsables de un supuesto mal manejo.
«La ministra Achacollo y el directorio del Fondo son responsables del control de los recursos públicos. Las transferencias han sido irregulares”, dijo el jurista, y denunció que por los menos 210 millones de bolivianos del Fondo Indígena fueron desviados para actos políticos.