VULNERARÍA LIBRE ASOCIACIÓN.
Aval a sindicatos contradice CPE
Los Tiempos, Cochabamba
El presidente Evo Morales en la promulgación del DS 2348, junto a un paquete de decretos, el pasado 1 de Mayo, en Palacio de Gobierno. Foto Apg Agencia
El decreto 2348 que señala que los sindicatos y otras asociaciones necesitan el aval del Presidente del Estado para ser reconocidos no es compatible con la CPE, señaló ayer el constitucionalista José Antonio Rivera. Los sindicalistas Óscar Olivera y Norma Barrón afirmaron que se vulnera la libertad de asociación. En Cochabamba, 103 sindicatos y 19 asociaciones están en vilo por la norma.
El decreto, promulgado el pasado 1 de mayo, señala que las personerías jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras sólo podrán ser tramitadas ante el Ministerio de Trabajo y que serán reconocidas con el visto bueno del Ejecutivo, en este caso del presidente Evo Morales. Se busca evitar la ramificación de las representaciones, según la explicación del Gobierno.
Rivera explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) consagra el derecho a la libertad sindical, que supone potestad y capacidad de los trabajadores para organizarse y defender sus derechos e intereses.
Señaló que es evidente que esas organizaciones están sujetas a la ley, pero no pueden estar condicionadas al aval presidencial porque eso supone “una especie de control político” al ejercicio de la libertad sindical.
“Es la primera vez que se pone esa condición de que un presidente tenga que avalar (a las organizaciones sindicales). No es compatible con la Constitución ni corresponde a los principios de racionalidad”, manifestó.
Barrón, secretaria de Conflictos de la Central Obrera Departamental (COD), recordó que la Central Obrera Boliviana (COB) se fundó con base en la Tesis de Pulacayo (importante documento del movimiento obrero boliviano y latinoamericano aprobado en la mina del mismo nombre, en 1945), donde el primer punto aborda la importancia de la independencia ideológica de los sindicatos con relación al Estado y a los partidos políticos. Y añadió que si bien cobija a todas las tendencias partidarias, prima la que expresa mejor la defensa de los trabajadores.
Pero con el actual decreto, “lo que busca el Gobierno es controlar a los trabajadores porque el Presidente es el que va a decidir si un sindicato existe o no, es un manoseo y es un decreto muy peligroso”, señaló.
Olivera, exdirigente sindical, usó el mismo término para referirse al nuevo decreto y recordó que los trámites de personería jurídica los firmaba el Ejecutivo desde 1943, pero después esa normativa se cambió y se respetaba “el criterio de las bases”, así el Ministerio de Trabajo sólo se limitaba a emitir las resoluciones de creación.
“El decreto actual creo que lo que busca es establecer una especie de filtro de los sindicatos. El presidente (Morales) ya hizo declaraciones sobre que no podía haber independencia política de los sindicatos porque deberían estar con el Gobierno (…). Creo que busca absoluto control de los sindicatos, es peligroso y se vulnera la decisión autónoma de las bases, que es esencial en el sindicalismo”, apuntó.
Por su parte, el ejecutivo de la COD, Luis Villarroel, manifestó que la preocupación de los trabajadores no está en el DS 2348, sino en que el Gobierno no promulgó otros decretos acordados, entre los que resaltó el bono de antigüedad y la promulgación de la Ley General de Trabajo.
Sin embargo, para el sector fabril es una medida “preocupante”; según el ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles, Mario Céspedes, se convocará a un ampliado nacional para la próxima semana, en el que analizarán los cuatro decretos emitidos el 1 de mayo.
El exdirigente de la Federación de Maestros Urbanos Bladimir Mendoza afirmó que el decreto va en contra del principio de independencia sindical porque subordina los sindicatos a los intereses del partido de gobierno.
“Todos saben que el MAS ejerce paralelismo sindical donde hay organizaciones contestatarias que no se subordinan. El aval del Gobierno a los sindicatos no es que esté resguardando la autonomía sindical, sino está subordinando a los intereses coyunturales del partido de gobierno”, advirtió.
Explico que se trata de una medida “muy grave” y que ante esa situación exigieron a la COD realizar un ampliado departamental para que haya un pronunciamiento unánime que exija la anulación del decreto.
Falta reglamento
Según el técnico de Asuntos Sindicales de la Jefatura de Trabajo, Roberto Escobar, de los 103 sindicatos que hay en Cochabamba, 55 pertenecen al sector fabril; 25 a empresas de electricidad, telecomunicaciones y universidad; y 23 son del área de construcción, que incluyen a los trabajadores de aseo y áreas verdes del municipio.
Escobar dijo que antes las personerías jurídicas eran tramitadas en La Paz y sólo necesitaban el aval del Ministerio de Trabajo.
Ahora, con el nuevo decreto, no se sabe cuáles son las facultades del Gobierno para la creación de nuevos sindicatos porque falta la reglamentación y no se sabe cuándo estará lista.