La Paz.- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que la vulneración de derechos laborales ocupa el primer lugar en denuncias recibidas por la institución en la gestión 2014, alcanzando la cantidad de 2.294 casos, 24% más que en 2013 cuando se recibieron 1.747 denuncias.
Foto de archivo
La autoridad señaló que en las tres últimas gestiones se ha reportado, en todo el país, un incremento considerable de este tipo de casos, colocando a los derechos laborales como los más denunciados en la gestión 2014, junto al acceso a la justicia y a la integridad personal. Estas denuncias se refieren a múltiples situaciones vulneratorias como la negación de salario justo, vacaciones, permisos por salud y horarios de lactancia, además de despidos injustificados y casos recurrentes de acoso laboral.
De acuerdo a los datos del sistema de recepción de denuncias, el año pasado, en las 19 oficinas de la Defensoría del Pueblo en el país, La Paz registró la mayor cantidad de denuncias de afectación de derechos laborales con 719 casos, seguido por El Alto con 390, Tarija con 188, Oruro con 174 y Beni con 117, aunque también existe una cantidad considerable en las otras capitales y en ciudades intermedias como Llallagua, Caranavi, Puerto Suárez y Riberalta.
En relación a las cifras presentadas, el Defensor del Pueblo señaló que el ejercicio de los derechos laborales, en general, se encuentran en situación preocupante en sus distintos componentes, especialmente por la precariedad de un alto porcentaje de los empleos, ya que la mayoría corresponden al sector privado, donde debido a la falta de normativa adecuada y de mecanismos de seguimiento y vigilancia desde el Estado, se observa el incumplimiento de derechos como la vacación, el salario justo, la estabilidad e incluso la aplicación de medidas de seguridad y protección para las y los trabajadores, además de graves falencias en el acceso a la seguridad social de corto y largo plazo.
“Nos preocupa especialmente la situación de poblaciones específicas como las mujeres que son sometidas de manera recurrente a la discriminación, al acoso laboral y al acoso sexual en sus fuentes de trabajo, los que se ven agravados por la vigencia de un sistema patriarcal y machista que aplica altos niveles de discriminación contra las mujeres embarazadas, adultas mayores incluso las mujeres indígenas”, señaló.
Otro grupo altamente vulnerable, indicó el Defensor, lo constituyen las y los jóvenes, especialmente quienes ingresan por primera vez al mercado laboral que sufren con mayor rigor la explotación, el acoso, los ingresos insuficientes y la negación de vacaciones, horas extras o estabilidad, que además se refirió a la situación de las niñas, niños y adolescentes que trabajan muchas veces en situación de alto riesgo, ante la ausencia de mecanismos de vigilancia y protección desde el Estado.
Villena se refirió también a las limitaciones y afectación del derecho a la libre organización de trabajadoras y trabajadores en el país. “El derecho a la sindicalización es uno de los más importantes y aquí también tenemos problemas ya que la organización sindical continúa siendo vista por los empresarios y por el sector público como un mecanismo peligroso que atenta contra los intereses patronales y en muchos casos se lo proscribe directa o indirectamente”, afirmó la autoridad.
Sobre la situación de los servidoras y servidores empleados como consultores de línea que representan un porcentaje importante en el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías, observó que están sometidos a una especie de discriminación constante ya que las actuales leyes vigentes les niegan el derecho a la vacación, a la seguridad social e incluso a la licencia por embarazo, constituyéndose en una especie de servidores de segunda clase que son despedidos con cada cambio de autoridades.
Al respecto la autoridad recordó que en la pasada gestión la Defensoría del Pueblo emitió un Informe Especial que señalaba claramente que esta situación atentaba contra los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, sin embargo estas recomendaciones no fueron atendidas por el Estado.
Fuente: OXÍGENO