Emilio J. Cárdenas*
El más alto tribunal judicial de Venezuela -al que en general se tiene por sumiso al Poder Ejecutivo de ese país- esto es, el llamado «Tribunal Supremo de Justicia», habrá de examinar -pronto- la constitucionalidad y legalidad de la absolutamente infame resolución 008610, emanada del Ministerio de Defensa de Venezuela.Ella es la vergonzosa norma que autoriza expresamente a las Fuerzas Armadas de ese país a utilizar sus armas y su poder de fuego contra la población -inocente y desarmada- en aquellas manifestaciones en las que las autoridades motu propio determinen que existe algún “riesgo de violencia mortal”. Criterio que obviamente es elástico, impreciso e indefinido, y permite cualquier interpretación caprichosa o conveniente a las autoridades cuando el pueblo, cansado de padecer, sale a protestar. No por casualidad.De alguna manera reconociendo abiertamente que la pauta mencionada es realmente mala, el Defensor del Pueblo (en realidad, defensor del gobierno) anunció (en febrero pasado) que el Ministerio de Defensa estaba abocado a la preparación de un presunto “Manual” reglamentario, atento a que la norma referida requería “precisiones o ampliaciones” de modo “imperioso”.Dijo entonces que el referido instrumento, en su entender, estaría listo en 30 días”. Tres meses después de ese anuncio, el “Manual” aún no ha aparecido, ni se conoce su texto. No existe, entonces.A lo que se suma el anuncio del dictado de otro “Manual” de procedimientos también para los militares, en este caso en materia de “orden público”, que tampoco se ha dado a luz.Es obvio que, a través de esos “Manuales” pueden edificarse mecanismos de protección e irresponsabilidad para las Fuerzas Armadas, que sirvan para licuar o diluir sus responsabilidades en caso de que de pronto ocurran excesos, lo que, convengamos, en Venezuela es relativamente frecuente.Ocurre que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del alto tribunal admitió avanzar con la valiente demanda de nulidad contra esa norma que fuera oportunamente promovida por el abogado Henry Pereira Gorrín.Esa acción se interpuso el pasado 4 de marzo y, a diferencia de lo que normalmente ocurre con los procesos judiciales venezolanos (que tienen una notoria tendencia a “dormir el sueño de los justos”), la decisión referida se tomó con alguna celeridad. Por ello se está citando a declarar a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; al procurador Reinaldo Muñiz; y, naturalmente, también al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que comparezcan en autos y presenten sus argumentos y sus defensas respecto a la insólita norma, que ha sido impugnada por violatoria del artículo 43 de la Constitución de Venezuela, que protege específicamente el “derecho a la vida”.Cabe recordar que la Constitución de Venezuela además proscribe específicamente el uso de armas para el control de las manifestaciones públicas. Razón por la cual, en principio, tan sólo la Guardia Nacional estaría eventualmente autorizada para cooperar con las policías del país en el control y en la supervisión de las eventuales protestas.¿Qué puede esperarse de esta realmente corajuda acción judicial? Teóricamente, la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el actor. Es lo que correspondería.Es cierto, soñar no cuesta nada. Pero induce a auto-engañarse. El tribunal en cuestión ha sido históricamente repugnantemente servil al “chavismo”. Desde el 2004 al 2013, su Sala Político Administrativa no ha dictado ni una sola sentencia contra el gobierno “chavista”. Ninguna. Cero. Y esa no es una “señal”. Es otra cosa. Muy diferente. Es una confirmación de que en Venezuela el “estado de derecho” es, en todo caso, una mera -aunque gigantesca- ficción, que incluye a un Poder Judicial que nada tiene de independiente, ni de imparcial. Porque en la realidad es apenas un agente, absolutamente servil del Poder Ejecutivo.Esa es la dura realidad. Pese a ello, los organismos regionales siguen haciendo “la vista gorda” a todo lo que sucede en Venezuela, pretendiendo que ese país mantiene en operación una democracia. Lo que no es, para nada, cierto desde que la ha extraviado -y disfrazado arteramente- desde hace demasiados años. Desde el acceso del “chavismo” al poder. Ello conforma una situación deplorable que debiera avergonzarnos enormemente, a todos por igual en nuestra región.Es hora de salir de los silencios cómplices y de hablar claro, dejando de mentir por evidente omisión al no denunciar con la fuera del caso, cual la verdad de lo que hoy sucede en una Venezuela destrozada por la incompetencia de sus autoridades y el claro autoritarismo que las caracteriza.*Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones UnidasEl Diario Exterior – Madrid