El decreto, dado a conocer en la Gaceta Oficial, establece que «cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, exautoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva». «Asimismo, las actuaciones que sean conducidas por éstos tendrán absoluto carácter de reserva y confidencialidad», indica el documento, que añade que la Cancillería de Bolivia definirá las líneas que «compatibilicen» esta disposición con los derechos constitucionales de «información, expresión y opinión».
El origen de la norma de confidencialidad
En Chile también pidieron copias del llamado Libro del Mar
El decreto fue promulgado poco después de que la Procuraduría General del Estado denunciara a un periodista y a la directora del diario La Razón, de La Paz, por la publicación de un reportaje el 13 de abril sobre la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Aquel artículo fue publicado dos días antes de que el presidente Evo Morales presentara el mes pasado en la CIJ la memoria con los alegatos jurídicos, históricos y diplomáticos para pedir un fallo que obligue a Chile a negociar en firme su demanda de una restitución de la salida al mar, perdida en una guerra en 1879.
La defensa de los periodistas denunciados pidió la declinación de la competencia del fiscal y del juez a cargo del caso, que ahora se maneja en reserva, porque la denuncia debió tramitarse en función de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925. Sin embargo, un juez ha ordenado que el secreto de fuente sea levantado y que el periodista que escribió el reportaje revele en el plazo de tres días los nombres de quienes dieron a conocer la supuesta información reservada.
La Procuraduría ha asegurado que el objetivo de la demanda no es sancionar al medio, sino identificar a quienes supuestamente filtraron «información reservada y protegida por ley».
El decreto respalda iniciativas de Evo
Por otra parte, el decreto también valida la decisión del presidente Evo Morales, de encargar al exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) que explique y defienda en foros y eventos internacionales el juicio planteado contra Chile en la CIJ. «El Presidente (…) podrá encomendar a cualquiera de los miembros del Consejo Permanente de Expresidentes, Excancilleres y otras Personalidades e Intelectuales, misiones oficiales de difusión de la política exterior o de la demanda marítima boliviana, en el territorio nacional o en el extranjero», señala la norma.
Fuentes: EFE y El Deber Digital