Otro escándalo en la UMSS-Cochabamba: Contraloría denuncia que hay 300 docentes que deben Bs 10 millones por cobros ilegales

La entidad explicó que el monto adeudado por esos profesionales no logró ser cobrado aún, por el retraso causado en la entrega de notificaciones y porque cada uno presentó varios argumentos y recursos legales en las últimas gestiones que debieron ser considerados.

Contraloría denuncia que hay 300 docentes de la UMSS que deben Bs 10 millones por cobros ilegales

La Razón Digital / ABI / Cochabamba

imageEl contralor General Gabriel Herbas. Foto: Archivo Pedro Laguna-Archivo.



El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, informó hoy que más de 300 ex y actuales docentes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que deben devolver al Estado más de 10 millones de bolivianos por el cobro de sueldos y beneficios sociales ilegales entre las gestiones 2007 y 2008.

«Son más de 300 docentes y que si no me equivocó el monto supera los 10 millones de bolivianos. Estamos hablando de un millón y medio de dólares aproximadamente», aseveró.

A su turno, el representante regional de la Contraloría General del Estado en Cochabamba, David Barriga, explicó que la identificación de los deudores y el monto que tienen que pagar se hizo sobre la base de una auditoría especial y un informe ampliatorio.

Explicó que la auditoría efectuada inicialmente determinó que más de 190 docentes de la UMSS cobraron sueldos superiores al presidente Evo Morales entre 2007 y 2008 en franca vulneración a una estipulación de la Ley Financial vigente en esas gestiones.

«Luego tuvimos que hacer una ampliación porque se ha detectado otros involucrados», sostuvo.

Barriga agregó que el informe ampliatorio del caso fue realizado también por el período 2007-2008 y detectó por su lado que unos 30 catedráticos de la UMSS recibieron beneficios sociales con liquidaciones calculadas sobre la base de sueldos superiores al del presidente Evo Morales.

La autoridad estatal explicó que el monto adeudado por esos profesionales no logró ser cobrado aún por el retraso causado en la entrega de notificaciones y porque cada uno presentó varios argumentos y recursos legales en las últimas gestiones que debieron ser considerados.

Sin embargo, Barriga manifestó que la Contraloría General del Estado está cerca de emitir el dictamen final del caso para que luego se proceda a la ejecución de procesos coactivos que consigan que los fondos, junto con montos fijados por mantenimiento de valor, sean devueltos a las arcas gubernamentales.

«Esperamos que esto (el dictamen) se termine en unos tres meses ya por la cantidad de gente y la cantidad de documentos y argumentos que presentaron los involucrados», concluyó.