Antonino de Leo asegura que la norma boliviana no está acorde con los estándares internacionales. Está orientada a la represión.
ANF y El Deber
La Ley 1.008 fue aprobada en julio de 1998 y está orientada, entre otras cosas, a controlar los cocales y a sancionar el narcotráfico
El representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito en Bolivia, Antonino de Leo, insistió ayer que la Ley 1008, aprobada en julio de 1988, “no está en línea con los estándares internacionales, las buenas prácticas ni las lecciones aprendidas en materia de normativas de drogas”.
La crítica a la ley que regula la producción de hoja de coca, pero también la lucha contra el narcotráfico, surge a raíz de su carácter punitivo y casi exclusivamente orientado a la represión y la seguridad, señaló.
Afirmó que la ‘visión prohibicionista’, surgida en los años 80, se basó en una interpretación del sistema internacional de fiscalización de las drogas. Cuando se aprobó la primera convención relativa al opio, la cocaína y la marihuana, en 1961, se planteó destinar recursos estatales a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los adictos a estas drogas.