La Defensoría del Pueblo hizo una verificación en 63 juzgados y tribunales en materia penal de 16 ciudades del país y evidenció que los mismos concentran más de 28 mil casos, lo cual contribuye a que la mora judicial en Bolivia persista.El informe, presentado este lunes, detalla que los 63 juzgados y tribunales en los que se realizó la verificación defensorial tienen más de 28.000 casos radicados, de los cuales los Juzgados de Instrucción Penal Cautelar concentran 21.600, los Tribunales de Sentencia 1.592 y los de Ejecución Penal 4.902.Estas cifras demuestran que la cantidad de casos en la etapa de juicio oral es menor en relación a causas que están en la etapa preliminar.“El Alto es la ciudad que más casos concentra con 4.000; seguida de Sucre con 3.525; Cochabamba y La Paz con más de 3.300 cada una”, agrega el informe.El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que en esta verificación se identificó que las condiciones de trabajo y la excesiva demanda no atendida, están afectando la atención adecuada de los procesos penales e incrementando la mora judicial. “Lo que vulnera los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que tienen casos pendientes, especialmente de las víctimas”, remarcó.La verificación –que se realizó en enero de este año a 25 Juzgados de Instrucción Penal, 22 Tribunales de Sentencia y 16 de Ejecución Penal– revela, además, que en algunas ciudades no se cuentan con ambientes aceptables para el trabajo que se realiza.Tal es el caso la situación de Yacuiba donde, en algunos casos, el juez, su personal y las partes deben salir al patio para efectuar las audiencias por falta de espacio. En cambio en El Alto, en un juzgado, se utiliza el despacho del juez como sala de audiencias.La situación también es crítica en cuanto al mobiliario que resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio y, en algunos casos, por la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso.El informe del Defensor indica que en un juzgado, las mesas incluso son prestadas y también se detectaron casos en  los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores públicos, situación que se repite en el caso del material de escritorio, evidenciándose que en un Tribunal de El Alto, los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, cartulinas, bolígrafos u otro accesorio  de escritorio.Respecto al sistema informático de seguimiento de causas, se ha verificado que en las ciudades de Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua y Caranavi, no se cuenta con el sistema, por lo que se recurre a los propios expedientes o a los libros del juzgado o tribunal,  para proporcionar información al público. En ciudades capitales de departamento, el funcionamiento del sistema es más regular.Respecto a la cooperación existente entre los juzgados, tribunales y el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el informe señala que en La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, la cooperación es inexistente, mientras que en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad  es escasa y no uniforme en todos los juzgados y tribunales.El informe destaca también que, para evitar la retardación de justicia, algunos juzgados realizan el trabajo fuera de los horarios establecidos y realizan audiencias de inmediato, en especial de casos donde la víctima es un niño, niña o adolescente.“Aunque es evidente que, durante toda nuestra historia, el Órgano Judicial ha tenido un presupuesto limitado e insuficiente, no es menos cierto que, en la actualidad con el crecimiento de la demanda pública en la mayoría de sus áreas, la situación alcanza niveles de gravedad”, alertó el Defensor, durante la presentación del informe.11 recomendaciones defensoriales Con base en los resultados del informe, el Defensor del Pueblo recomendó al Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia y  Ministerio de Justicia la aplicación de las siguientes medidas:• Mejorar el espacio físico donde funcionan los juzgados y tribunales, especialmente en las ciudades de Trinidad, Yacuiba, Riberalta y Monteagudo.• Atender las necesidades en cuanto a mobiliario de los juzgados y tribunales del país, además de la custodia adecuada de los expedientes y documentación que se genera diariamente en estas instancias, especialmente en los juzgados de Santa Cruz, El Alto, Oruro, Villa Tunari y Yacuiba.• Dotar de equipos de computación que satisfagan las necesidades y la cantidad del personal de los juzgados y tribunales de las ciudades de El Alto, Villa Tunari y Riberalta.• Dotar del servicio de internet a los juzgados y tribunales con la finalidad de que sea una herramienta más en el desarrollo de sus funciones.• Cubrir adecuadamente  la demanda de material de escritorio a juzgados y tribunales, en especial de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Riberalta, Oruro y El Alto.• Evitar largos periodos de suplencias legales o  de vacancia del personal de apoyo judicial.• Regular las prácticas y pasantías que, son realizadas en los juzgados y tribunales del Órgano Judicial, con la finalidad de establecer las responsabilidades y límites en el trabajo  que desarrollan.• Incrementar el número de jueces y de personal de apoyo judicial,  por la excesiva carga procesal y la mora judicial, en juzgados de instrucción especialmente.• Implementar el sistema de seguimiento de causas en todos los juzgados y tribunales a nivel nacional, y que sea de fácil acceso a litigantes, abogados y personal judicial, en especial en las ciudades de Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua, Caranavi y Riberalta.• Facilitar el desarrollo de los procesos, y evitar la retardación de justicia y los innecesarios formalismos a través de la implementación de  canales de relacionamiento con el Ministerio Público y el Servicio de Defensa Pública.• Implementar las plataformas de atención al público en los Tribunales Departamentales de La Paz, Oruro y Cobija, e implementar similares servicios en ciudades como: Riberalta, Yacuiba, Llallagua, Monteagudo y Caranavi, por existir una importante cantidad de público litigante.