Santa Cruz. Cirugía de general Prado puede retrasar caso terrorismo

Caso Rózsa. La defensa legal de Gary Prado Salmón considera que la baja médica que tendrá el procesado terrorismo puede obligar a reprogramar las audiencias del juicio.
El general Gary Prado culminó su declaración ante el tribunal

El general Gary Prado fue intervenido la mañana de este jueves y su recuperación podría demorar algunas semanas. Foto archivo.

La mañana de este jueves Gary Prado Salmón, procesado por el caso terrorismo, fue sometido a una operación quirúrgica y su recuperación podría retrasar las audiencias del proceso, que debería reiniciarse el lunes 24 de agosto en la ciudad de Santa Cruz.Prado Salmón fue intervenido para cerrarle úlceras que le ha causado el permanecer por años en silla de ruedas. El comité médico no le ha remitido la baja médica, y no se descarta que esta pueda ser de al menos 30 días de reposo, lo que le impediría acudir a las audiencias.Gary Prado Araúz, hijo y abogado defensor, dijo que el tribunal que dirige el fiscal Sixto Fernández tendrá que tomar una decisión en cuanto a la continuidad del proceso ya que en estos casos la norma establece que el procesado debe ser separado del juicio y que la causa prosiga con los demás imputados.“Tendrá una baja médica prolongada, el tribunal tendrá que tomar una decisión, una de ellas puede ser la separación del juicio y cuando él esté en condiciones se lo juzga individualmente; la opción es que se suspendan las audiencias hasta que se restablezca”, dijo Prado Araúz.El hijo del procesado recordó que en 2005 Prado Salmón fue intervenido quirúrgicamente y en aquella oportunidad las audiencias del caso fueron retrasadas por 10 días.Este medio intentó comunicarse con el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández; sin embargo, no atendió al contacto telefónico.El caso terrorismo data del 16 de abril de 2009 cuando murieron a manos de la Policía en el hotel Las Américas el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi, acusados por el Gobierno de formar una banda terrorista que supuestamente organizaba milicias separatistas a las órdenes de empresarios y políticos autonomistas de Santa Cruz.