Desde el discurso del 22 de enero se vislumbró la decisión del MAS de cambiar la Constitución. La tesis es “estabilidad es igual a progreso” y “en nueve años hemos hecho más que en 200 años”. La oposición será un testigo privilegiado, sin posibilidad de veto
Evo Morales Ayma acababa de jurar para su tercer mandato como presidente de Bolivia y, en su discurso de posesión, el 22 de enero de este año, comenzó a amarrar la posibilidad de un cuarto mandato. Evo Morales comenzó a hilvanar una ecuación que no estaba dirigida a los presidentes de otros países que habían llegado a presenciar su nueva investidura, tampoco a los dos tercios de asambleístas de su partido, sino era un mensaje para sus electores: estabilidad política es sinónimo de progreso. Recordó los procesos de inestabilidad que le tocó vivir al país, habló del más reciente, de los cinco presidentes que se sucedieron antes de que él ganara las elecciones de 2005. Un día después añadió a ese recuento el recuerdo de los últimos compases de los gobiernos dictatoriales del país, cuando comenzó el servicio militar con un presidente y terminó con otro. Todo esto estaba enlazado con una idea madre: en nueve años de su gestión se había avanzado más que en los 200 años anteriores.
Ahí comenzó a fraguarse el cambio de la flamante constitución boliviana para permitirle acceder a al menos un mandato más. Él mismo, en una entrevista de diciembre de 2012, había dado la pauta: “He visto a muchos jóvenes con carteles que dicen ‘Evo 2025’”, dijo, en el salón Dorado de Palacio Quemado. A ello se suma que el deseo de darle la posibilidad de reelecciones sin límites a Evo Morales no es una novedad al interior de su partido. En la Constitución aprobada en Oruro el 10 de diciembre de 2007 el texto no limitaba la posibilidad de reelección.
La maquinaria
Hay quienes aseguran que el vicepresidente Álvaro García Linera se puso al mando de la nave para conseguir el cambio Constitucional junto con el procurador general del Estado, Héctor Arce. Ninguno de los dos se han referido al tema. García Linera, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene la llave para aprobar la ley de necesidad de reforma constitucional y llamar a referendo aprobatorio. Arce, por otro lado, es uno de los pocos, poquísimos, colaboradores a los que Morales puede llamar amigo y hombre de confianza. Además, Arce es considerado por los movimientos sociales que sostienen políticamente al Gobierno un asesor y experto en temas legales, que, como lo asegura Gustavo Aliaga, ejecutivo de los Interculturales (colonizadores, el primer núcleo de Evo), no dejó de asesorarlos ni cuando fue presidente de Diputados.
El resto quedó en manos de los movimientos sociales, que en marzo ya comenzaron a hablar de la posibilidad de reforma constitucional para permitirle a Morales ser candidato en 2019. Sin embargo, debieron esperar hasta el 25 de junio, hasta el congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para hacer oficial la decisión de llevar a Evo a una nueva postulación. “El presidente, como afiliado a la Csutcb, solo puede acatar la decisión del congreso”, dice Feliciano Vegamonte, ejecutivo de la ‘única’.
Luego, según cuenta Aliaga, vinieron las reuniones con las otras centrales indígenas y gremiales nucleadas en el Pacto de Unidad y el Consejo Nacional del Cambio. Ya para el 2 de agosto (‘Día del indio’, ‘Día de la revolución agraria’), comunicaron su decisión al presidente en Cochabamba. “Por su trabajo, por su capacidad debe continuar -dice Aliaga-, Evo ha modernizado el país”.
“Nosotros hemos elaborado una agenda 2025 y él la tiene que hacer cumplir -añade Vegamonte-. Después de 500 años de saqueo y sometimiento a todo el pueblo boliviano, ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido”.
La oposición
Con menos de dos tercios en ambas cámaras de la Legislativa, la oposición sabe que será una observadora del proceso. A lo sumo, será una bulliciosa observadora del proceso. Así lo asegura Luis Felipe Dorado, vicepresidente de la Cámara de Diputados, que asegura que luego del jueves 17, cuando los movimientos sociales ingresen el proyecto de ley redactado por Arce a través de algún asambleísta del MAS, tratarán de demostrar a través de debates que cambiar los límites de reelección implica una fuerte reforma a la Constitución, por lo que debería hacerse a través de una Asamblea Constituyente.
Carlos Hugo Molina, ex prefecto cruceño y abogado constitucionalista, dice que la mejor forma de resolver esa duda sería haciendo una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, Molina recuerda que, para la reforma, el MAS está recurriendo a una mayoría calificada (dos tercios de la Asamblea) y a un referendo aprobatorio.
En el fondo Molina ve el debate como un justificativo a la ausencia de un proyecto político distinto que impida a Morales ganar otra elección. “Después de la reforma -recuerda- habrá una elección por ganar”
Fuente: eldeber.com.bo