En Oruro y Potosí, 7 municipios son ‘zonas rojas’ de la caza de vicuñas
En el mercado 16 de Julio de El Alto (La Paz), las vendedoras de fibra de vicuña dicen desconocer cómo llega el material a ese centro de abasto, pero todos los jueves y domingos instalan sus puestos entre las calles L. de la Vega y Fournier y venden el kilo de ese filamento desde Bs 1.200 hasta Bs 2.200. “Traen de todo lado y nos ofrecen”, se limita a explicar una comerciante. Ella oferta una variedad de vellones de origen nacional, pero también de Argentina, Chile y Perú.
La fibra de procedencia argentina es la más barata, pues es de un tono café claro. El kilo se cotiza en Bs 1.200. En cambio, la chilena es de una tonalidad marrón intermedia y su precio va de Bs 1.200 a Bs 1.600. La que tiene más valor es la hebra que viene de tierras peruanas, que se cotiza entre Bs 1.800 y Bs 2.200 porque es un tono café más oscuro. En cambio, la hebra boliviana cuesta hasta Bs 2.000 el kilo.
FILAMENTOS. Pero no solo eso; en el lugar, la decena de comerciantes también ofrece mantas, chalinas y tullmas (cordón para trenzar el cabello) que son tejidas por artesanas locales. “Esta manta es de vicuña y está hecha a mano”, explica una de las comerciantes y pide un monto de Bs 6.000. Dependiendo del tipo de material y su procedencia, además si tiene figuras puede llegar a valer hasta Bs 10.000. En ese mismo sector, las chalinas cuestan hasta Bs 1.000 y las tullmas, Bs 200.
Los filamentos y las prendas se venden en ese centro de abasto sin ningún tipo de control, aun cuando el Decreto Supremo 28593 establece que su comercialización solo está autorizada a las comunidades manejadoras, quienes obtienen el filamento de un proceso de esquila del animal vivo en estado silvestre, lo que no solo acontece en Bolivia, sino también en Perú, Argentina y Chile.
Y es que la vicuña, el más pequeño de los camélidos, cuya fibra es demandada en el mercado local y externo porque se ubica entre las tres más finas del mundo, es una especie protegida por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) porque estuvo al borde de la extinción a fines de la década de los 60. Su filamento solo puede ser vendido con esa certificación. El kilo del vellón en el mercado externo legal llega hasta $us 500.
Desde 1998, cuando se hizo la primera esquila sostenible, la fibra “cosechada” fue vendida al mercado exterior, por lo que los filamentos que hay en la feria 16 de Julio son obtenidos de manera ilegal, concluyen pobladores, autoridades y especialistas en el área. Aseguran que esa fibra está bañada de sangre porque los cazadores furtivos matan a esos mamíferos para conseguir ese pelaje.
La cacería deja cientos de animales muertos, aun cuando la Ley de Ambiente 1333 la prohíbe y establece, de manera general, una pena privativa de hasta tres años para quienes matan a especies protegidas. El Código Penal establece una condena de uno a seis años por el delito de destrucción o deterioro de los bienes del Estado y la riqueza nacional.
Los cazadores o “loberos”, coinciden pobladores de Oruro y de Potosí y funcionarios de la Gobernación orureña, operan en el área donde hay camélidos: La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Oruro. Empero su incidencia es mayor en cinco municipios orureños: Toledo, Santiago de Andamarca, Corque, Huari y Quillacas; y dos potosinos: Kolcha-K y Tomave.
En las siete regiones municipales, que están catalogadas como “zonas rojas”, los cazadores furtivos no solo asedian a las vicuñas, sino también hostigan a los pobladores. Esas zonas son pampas extensas, de fácil acceso, donde las vicuñas pastan libres y en grupos numerosos, grafica el presidente de la Asociación Nacional de Manejadores de Vicuña de Bolivia (ANMV-B), Alfonso Casilla.
Con ese criterio coincide Gonzalo Mamani, responsable del Proyecto de Fortalecimiento a la Conservación y Manejo de Vicuñas de la Gobernación de Oruro. En ese departamento, la entidad identificó que los cazadores operan sobre todo en diez comunidades: Yuruna, Canarcollo y parte de Abaroa, en el municipio de Santiago de Andamarca; Untavi y Challacruz, en Toledo; Huaycollo, Andapata y Lacalaca, en Corque; Santiago de Paria en Huari; y Totorani en Quillacas.
Entretanto, según pobladores de Potosí, en esa región las localidades afectadas suman una decena, entre ellas Vinto K, Villa Candelaria de Viluyo, Bella Vista, Río Grande, San Pedro de Kenes, Kiwana, Julaca, ubicadas en el gobierno local de Colcha K; y San Pedro de Opoco, Suntura y Tola Pampa, en el municipio de Tomave.
Año tras año, los habitantes de esas poblaciones cuentan por decenas los cadáveres de los camélidos. Pero no existe un registro respecto a los decesos. En el caso de Oruro, solo en la comunidad Lacalaca, uno de los puntos críticos de la jurisdicción de Corque, fueron victimadas 50 vicuñas en 2014 y en lo que va del año, diez. Similar es la situación en los ayllus Pocorcollo y Pumasara, del cantón Untavi (municipio de Toledo), donde en 2014 se registraron 120 animales muertos y en lo que va de 2015, ya son unos 100.
Pero en otras regiones, que no son consideradas áreas frágiles, también hay decesos. Es el caso de Pampa Aullagas, jurisdicción local orureña, donde se registró 30 cuadrúpedos muertos esta gestión y por lo menos 50, el pasado año.
Son algunos ejemplos de lo que acontece en Oruro, donde los cazadores utilizan armas de fuego. Los comunarios hallaron vainas de revólveres calibre 42, pero también de carabinas. Y a diferencia de ese departamento, en Potosí, los “loberos” utilizan boleadoras (cuerdas que constan de dos o tres bolas), unos instrumentos de caza que son lanzados a las patas de los mamíferos para enredarlas.
El alcalde de Colcha-K, Segundino Quispe Mamani, denunció que entre el 12 y 14 de septiembre pasado fueron asesinados un centenar de camélidos en las comunidades Villa Candelaria y Bella Vista. Un mes antes, en la población Vinto K, de ese gobierno local, se denunció la matanza de 25 animales. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua informa que, en el primer caso, se coordinó con la Secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí para definir un plan de acción. Respecto a la matanza de 25 camélidos, el despacho precisa que fueron capturadas dos personas, quienes fueron detenidas preventivamente en la cárcel de Cantumarca. Ellas operaban junto a otras cuatro sujetos que están prófugos.
Otra de las “zonas rojas” de Potosí es San Pedro de Opoco donde, según el presidente de la Comunidad Manejadora del mismo nombre, Filemón Alvis, a la fecha se contabilizaron 15 cadáveres.
Datos del Grupo de Especialistas de Camélidos Sudamericanos (GECS), una de las agrupaciones de voluntarios que constituyen la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dan cuenta que entre 2008 y 2013 fueron victimados 3.289 animales en diferentes áreas del país. Empero, el asesor de la ANMV-B, Daniel Maydana, dice que esos datos no son precisos porque no hay un sistema de monitoreo.
Las comunidades manejadoras, asegura su presidente, Alfonso Casilla, estiman que al menos 300 mamíferos mueren cada año en diferentes localidades.
Si bien no hay información oficial sobre el número de bajas, el despacho de Medio Ambiente y Agua estima que “considerando que solo el 5% de vicuñas son capturadas en el ámbito nacional, se estima un valor de 80.500 bolivianos”.
CASOS. El despacho menciona también que la principal amenaza para la supervivencia de esa especie es la cacería furtiva. Maydana complementa que si bien esa actividad ilegal se ha acrecentado es todavía marginal y “no está poniendo en riesgo las poblaciones de vicuñas, por el momento”, pero advierte: “tal vez estemos acercándonos a eso”.
Solo en Oruro, las denuncias sobre la cacería se hacen eco en los medios de comunicación desde 1994, según recortes periodísticos recolectados por la Gobernación. Y en los archivos de ese despacho también hay notas de denuncia de comunarios desde 2006. Desde ese año y hasta 2014, pobladores de diferentes comunidades presentaron cerca de 100 casos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que toma como base la información de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de Oruro, informa que solo en 2013 y 2014 se presentaron 51 hechos, se realizaron 25 operativos y se desarticularon tres bandas. Y menciona que si bien hay “varias denuncias”, los autores no siempre son detenidos porque huyen, pues estos incidentes ocurren en la noche. “No hay personas aprehendidas por lo que el proceso solo queda como denuncia, verificación y no prospera más allá, porque no se conoce quién lo hizo”.
En las misivas remitidas a la Gobernación orureña, moradores de las pampas del altiplano relatan la suerte que corren las vicuñas, pero esos hechos también se ven reflejados en los testimonios que recogió Informe La Razón en la visita que hizo, a inicios de septiembre de este año, a Toledo, Corque y Santiago de Andamarca, tres de los cinco municipios considerados “zonas rojas”.
“Ellos (cazadores) nos amenazan con dispararnos con armas de fuego, caminan en dos motos, encapuchados para que no se les pueda descubrir, se dedican continuamente a cazar vicuñas, pese a que estaban en la cárcel. Ellos negocian con los cuerpos en la ciudad de La Paz y la carne la venden como si fuera de llama”, denunció el 1 de junio de 2006 el comunario Juan Chura, del municipio de Toledo, a través de una nota dirigida a la Dirección Departamental y Medio Ambiente de la exprefectura de Oruro, hoy Gobernación.
Nueve años han transcurrido y la situación no ha cambiado. En esa región, los camélidos siguen cayendo en las pampas. Pastores de llamas, que son los que habitualmente escuchan las detonaciones, comunican el hecho a vigilantes, pero cuando éstos logran dar con ellos son repelidos con disparos.
ILEGALIDAD. La Gobernación orureña identificó que en las “zonas rojas” operan al menos a siete grupos de caza furtiva. Su modus operandi es el mismo: dos personas ingresan a las pampas entre las 17.00 y las 05.00 a bordo de una motocicleta. Uno de ellos utiliza la moto para arrear a los mamíferos hacia un segundo sujeto, que se esconde entre los pajonales, quien dispara a la cabeza o al corazón de esos animales con una carabina o un revólver. Con ayuda de cuchillos, ambos extraen el cuero de la parte de la espalda hasta el cuello en menos de dos minutos. Luego huyen dejando los cadáveres regados en las pampas o entre los pajonales.
Los pobladores viven en carne propia ese asedio. Raúl Pizarro, comunario del de Pampa Aullagas (Oruro), relata que cuando descubrió a unos “loberos” y les dio alcance, éstos le dispararon. “No podemos defendernos, por eso no nos enfrentamos a ellos, no podemos hacer nada”.
¿Quiénes son las personas que se dedican a esta actividad ilegal? En las comunidades orureñas sospechan de pobladores de comarcas aledañas; en algunos casos incluso lograron identificarlos, pero no los denuncian porque no tienen pruebas. En Potosí, los pobladores desconocen la procedencia de los “loberos”, pero recientemente capturaron a dos personas, de un total de seis, que son de Oruro.
El exalcalde del municipio orureño de Santiago de Andamarca, Braulio Huaylla, asegura que la gente que da muerte a las vicuñas son de zonas colindantes, porque para transitar con facilidad por las planicies deben conocer la región. Con ese criterio coincide Pantaleón Chambi, vigía de la Comunidad Culluri, del municipio orureño de Toledo, quien teme enfrentarse con esos sujetos, porque su vida corre peligro. Pero también los pobladores y autoridades locales tienen miedo de identificar a esas personas, según Gonzalo Mamani, funcionario de la Gobernación de Oruro, porque pueden ser objeto de demandas.
Una investigación sobre la cacería furtiva, realizada por Corsino Huallata, miembro voluntario del GECS, concluyó que además de ser personas “generalmente del lugar”, los cazadores operan sobre todo durante las fiestas patronales. “La gente, como está de fiesta, no se da cuenta porque los pastores de llamas son los que cuidan a las vicuñas y alertan”.
Y cuando los pobladores logran atrapar a los “loberos” y los entregan a la Policía, ésta los libera. Es el caso que comenta Raúl Pizarro, comunario del municipio orureño de Pampa Aullagas, quien relata que el pasado año fue detenido un sujeto, que transitaba de noche por la planicie a bordo de su moto, lo cual despertó sospechas. La persona fue puesta a disposición de la Policía, pero grande fue su sorpresa cuando al día siguiente lo dejaron en libertad. “¿Y qué ha hecho la Policía?, al día siguiente lo había soltado sin que nosotros estemos. Nos han dicho: ‘había sido de tal lugar’, ‘conocido es’, ‘no es cazador furtivo’”.
En el municipio de Toledo, uno de los casos emblemáticos es el que involucra a dos comunarios, quienes fueron sentenciados por la caza de vicuñas. Empero, según denuncias de pobladores, luego de recuperar su libertad volvieron a las andanzas. En 2009, un juez emitió una orden de aprehensión, porque esas personas “incumplieron las condiciones de extramuro y libertad condicional”. En dos ocasiones, en 2010 y 2011, se solicitó ayuda al Ejército y a la Policía para hacer cumplir la orden de detención, pero no fueron detenidas.
Si bien la Ley de Medio Ambiente 1333 dispone una pena de uno a tres años para la caza de especies en riesgo, como la vicuña, el asesor de la ANMV-B, Daniel Maydana, asegura que el castigo es “muy laxo” porque la matanza de estos mamíferos “no es un delito grave”.
Así también piensa Gonzalo Mamani, de la Gobernación orureña, quien asevera que los cazadores prosiguen con esa actividad ilegal porque “el castigo no es duro”. Por ello, en julio de 2014, su repartición presentó un anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para que, primero, la vicuña sea reconocida como patrimonio del Estado; y segundo, que la sanción llegue al menos a diez años.
En el caso de la matanza de 25 vicuñas, en Potosí las dos personas detenidas fueron imputadas por el delito de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional, porque el animal es un patrimonio natural, y la sanción prevista es de uno y seis años de cárcel, según el Código Penal.
El GECS considera que la falta de una implementación efectiva de penas es uno de los factores que facilita la caza. Empero, el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, afirma que la solución a este problema no pasa por endurecer la sanción, sino que se debe generar conciencia y dar beneficios a las comunidades para que cuiden a los mamíferos.