Karen ArauzLa justicia nunca fue el fuerte de Bolivia. Siempre se ha considerado un derecho reservado para los ricos e influyentes y, a la gente de la calle, solo le queda rezar para caer en manos de alguno de los jueces probos, para quienes la administración de justicia es una vocación y la rectitud, es su línea de conducta. La palabra justicia tiene una connotación sublime y su sola mención debería imponer respeto. Porque justicia es sinónimo de moral, ética, integridad. Pero estos conceptos, han llegado a la degradación más baja en la Bolivia de hoy.Cuando el gobierno de Evo Morales tuvo la peregrina idea de llevar los nombramientos de los administradores de justicia camuflados en una votación popular, fue por una muy perversa motivación, seguramente la peor de todas las maniobras de sometimiento de los poderes del estado al servicio de su administración. Nadie ha olvidado que las ternas fueron elaboradas por el MAS, revisadas por el MAS y donde el principal requisito fue, por supuesto, ser incondicional al MAS.Un poder judicial armado obviando lo más elemental como es una selección basada en la meritocracia e idoneidad profesional, sumado a la prohibición de ser conocidos por la gente obligando a ir a ciegas a la emisión del voto, lograron que ese nefasto 16 de octubre de 2011, se diera inicio al más turbio período de nuestra justicia que perdurará, tristemente, en la memoria de nuestro país. Pese a que los votos nulos y blancos, arrasaron a los votos válidos y los magros porcentajes con los que se acreditaron, no lograron despertar un mínimo de dignidad en los postulantes, menos aún una reflexión de los que tenían en su manos rectificar y anular el malhadado proceso.Se está visualizando con crudeza el estado de nuestra justicia. Los fariseos se rasgan las vestiduras y no tienen ni el pudor de hacer un mea culpa. Si no fuera patética y extrema la situación, causaría gracia oír al vicepresidente, confesando que «la justicia le da náuseas». Porque todos ellos olvidan, el beneplácito que les causa el monolítico accionar de fiscales y abogados bajo planilla, cuando sus servicios -no solo son aceptados sino exigidos – y son abundantemente recompensados.Es que cuando se hicieron las cosas para su bien mayor, que era meter en cintura a todo aquél que desnudara el mínimo signo de debilidad en el gobierno, es la causa de que en estos momentos estemos ante el más patente e inexcusable deterioro. La utilización de las personas, sacando ventaja de sus necesidades y falta de mejores opciones, es el principio del fin de la cualidad de un Estado viable. Y basta un par de manzanas podridas para descomponer todas y cada una de las capas-en este caso-de la sociedad.La Policía nacional, lamentablemente, no está exenta de la extrema descomposición. Se ha visto envuelta en situaciones escandalosas, donde la insubordinación en actividades non sanctas, -algunas de ellas, lo más extremo de la persecución política- ha mellado también su débil estructura. Muchos oficiales a los que lastima y ofende ser utilizados, son cuestionados por ser parte de una de las tantas instituciones con las que se ha hecho tanto daño y tenga a la ciudadanía, en la más absoluta indefensión.Como queriendo dar una solución a la extendida extorsión, surge la más simplista y vergonzosa de las supuestas soluciones: vigilancia al interior de los juzgados instalando cámaras en cada despacho de jueces y fiscales y desplazando además, policías camuflados de civil cuya misión es fisgonear y mimetizarse entre litigantes y administradores.Depender de un adminículo tecnológico, no para dar fin sino para «pescar» a uno que otro corrupto, demuestra lo mal que vamos. El deterioro es tal, que ya casi se necesitan cámaras en cada aula escolar, en cada hogar, con el fin de frenar el maltrato de mujeres y niños. Parece que estamos llegando al límite de lo amoral. Estamos perdiendo la capacidad racional de poder diferenciar entre el bien y el mal. Todo está permitido y la sociedad boliviana, como nunca antes, está reviviendo los albores de la civilización cuando la ley de la selva era la única que regía el relacionamiento humano.No se puede concebir que se renuncie a la equidad, a principios morales básicos y a valores intrínsecos de honradez y rectitud. Toda esta última década, hemos sido arrastrados hacia la confrontación constante infligiendo el mayor daño posible a todos y cada unos de los estratos de la sociedad. Qué estará pasando por la mente de aquellos abogados cuya profesionalización está comprometida con conceptos como apego a las leyes y a la noble y correcta aplicación de la justicia. Les debe resultar intolerable que el poder político esté por encima de las leyes. De toda la decadencia institucional que tenemos que afrontar, la de la justicia es con seguridad, la más sensible. Atañe a la vida misma de las personas. Y un desliz puede significar la diferencia entre la libertad y el encierro, entre la vida y la muerte, y entre la iniquidad y la ley.El Día – Santa Cruz