Tras recibir la declaración de tres jueces y una secretaria, el Ministerio Público ordenó la aprehensión para que un juez determine la situación en la que asumirán defensa. Hoy serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares.
Exjueces del video son imputados por tres delitos
EL DEBER, LA PAZ
El exjuez Marcelo Barrientos junto a su abogado. APG NOTICIAS.La fiscal del caso los aprehendió y hoy serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares. El ministro de Gobierno revela que la justicia del país está infectada por consorcios poderosos.Los exjueces Marcelo Barrientos y Humberto Viscarra fueron aprehendidos ayer por la noche por la fiscal Rosario Venegas, acusados por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo. La decisión fue tomada luego de que el Ministerio de Transparencia hizo público un video en el que ambos, y la secretaria Micaela Alí, que también fue aprehendida, participaron en una supuesta extorsión filmada por la madre de un procesado por el delito de violación a una menor de 16 años, a quien le pidieron una coima de $us 15.000.Las declaraciones se realizaron en la oficina de la fiscal, desde las 16:00 hasta después de las 21:00. La representante del Ministerio Público no quiso hablar con los medios de comunicación al terminar la jornada. Sin embargo, se supo que los detenidos serán sometidos hoy a una audiencia de medidas cautelares.Por la tarde, cuando el exjuez Barrientos transitaba por el centro de La Paz fue interceptado y detenido por efectivos policiales vestidos de civil, que lo condujeron ante la fiscal Venegas. Por la mañana, el Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen había expedido una orden de aprehensión. Su abogado, Moisés Ponce de León, que reapareció en el ejercicio de la profesión luego de su reclusión en Palmasola por un caso relacionado con la fuga del ex fiscal Marcelo Soza, protestó por esa situación, y recalcó que su cliente se dirigía de forma voluntaria a comparecer ante el Ministerio Público.Ni al ingresar, ni al abandonar la oficina de la Fiscalía, escoltado por efectivos policiales rumbo a las celdas de la Felcc el exjuez anticorrupción quiso declarar ante los medios ni lo hizo su abogado.El que sí lo hizo, cuando llegaba a la Fiscalía, fue su excolega Humberto Viscarra. «Me vine a presentar de manera voluntaria. Hay la tecnología para poder editar cualquier video, nunca he pedido dinero a nadie, tampoco sé si es que el doctor Barrientos lo hizo. Pueden haber medios ilícitos por los que se han manipulado las pruebas, les pido que no hagan escarnio de las personas. No tengo una sola denuncia de extorsión, no meto las manos al fuego por nadie, cada uno responde por sus actos».Cuando los efectivos de seguridad lo retiraban a las celdas judiciales, simplemente repitió “soy inocente”.La secretaria, a la que en el video se observa cuando recoge la cartera y el celular de la denunciante, para evitar que grabe o registre la conversación, tampoco conversó con los medios, y se limitó a pedir que se dirijan a su abogada,ConsorciosEl ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando se refería a este caso, señaló que es un ejemplo de que la justicia “existen consorcios en todo el país, estos son poderosos, y la única manera en que se transformar la justicia en Bolivia es que estos sean desarticulados”.La autoridad manifestó que la única forma de acabar con ellos es meter presos a sus operadores jurídicos, sean estos jueces, abogados, o fiscales.El ministro manifestó que este es un problema muy grave, porque los consorcios “manipulan, generalmente priorizan la atención de casos que involucran grandes sumas de dinero. Los otros casos, donde no hay disputa de mucha plata, los dejan archivados, por eso hay tanto detenido preventivo y retardación de justicia”, dijo.Manifestó además que estos consorcios buscan a través de abogados e intermediarios, a los clientes, “los extorsionan, van dilatando el proceso o administrando los tiempos, manipulan el curso del proceso, según vayan recibiendo dinero y distribuyéndose entre la banda de extorsionadores”, manifestó.Concluyó, además, que luego, cuando las personas pagaron, le dan una medida sustitutiva, “y esa persona se escapa y luego vuelve a delinquir y la Policía se siente frustrada y desautorizada. A estos grupos la gente les tiene miedo, porque son poderosos”.Puntualizó que operan principalmente en el eje. “Son varios consorcios que monopolizan el curso de la justicia. Además, hay encubrimiento, pero el sistema está mal diseñado, porque los fiscales debieran investigarse entre ellos, o juzgarse entre jueces. En resumen, son juez y parte, por lo tanto se protegen entre ellos”.El Consejo de la Magistratura advirtió el jueves que el caso de los jueces José Marcelo Barrientos y Jorge Humberto Viscarra puede derivar en un proceso por consorcio entre ambos magistrados y el fiscal Félix Augusto Marín, que acusó de violación al hijo de la señora que los filmó cuando Barrientos pedía dinero para allanar una sentencia de menos años.En el video, el juez habla de una sentencia producto de un juicio oral. La acusación fiscal dice violación y el juez ofrece modificar la sentencia. No da opción a analizar si podía ser una sentencia absolutoria, promete cambiarla para hacerla favorable al imputado. Señala además que hablaría con el fiscal Marín para allanar esa situación. Hasta el momento, el Ministerio Público no citó al mencionado funcionario.La representante del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, aseveró que en el proceso, si se confirma la participación del fiscal Marín, se sumará la figura de consorcio entre los jueces y el fiscal
La Fiscalía aprehende e imputa a exjueces acusados de extorsión
La Fiscalía inició el proceso penal en la vía ordinaria a tres exjueces del Tribunal 1° de Sentencia en Materia Anticorrupción, acusados de extorsión. Tras recibir ayer las declaraciones de los sindicados, se ordenó su aprehensión a la espera de la correspondiente audiencia cautelar.
Cerca de cinco horas demoró la fiscal Rosario Venegas en tomar las declaraciones de Marcelo B., Humberto V. y René D., también compareció ante la autoridad la exsecretaria de esta sala judicial, Micaela A. Al culminar el acto, los acusados fueron trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
La representante del Ministerio Público no quiso brindar declaraciones tras la toma de declaraciones, pero entregó a los periodistas una hoja en la que especificó los delitos por los cuales fueron imputados los cuatros acusados: cohecho pasivo de juez-juez a fiscales, incumplimiento de deberes y beneficio en razón del cargo.
En el marco del procedimiento penal, luego de la imputación se aguarda la audiencia de medidas cautelares para que un juez defina si serán enviados a prisión de manera preventiva o si se beneficiarán de alguna medida sustitutiva.
El caso recibió el repudio de representantes de los tres órganos del Estado, además del defensor del Pueblo, Rolando Villena, luego de que Patricia Q. denunció, a través de una filmación oculta, que fue víctima de extorsión de parte del entonces juez Marcelo B, quien tras negociaciones le exigió pagarle $us 3.000, de los $us 15.000 iniciales, para cambiar la acusación en contra de su hijo de violación a estupro, que es un delito menor.
La fiscal del caso emitió órdenes de aprehensión en contra de Marcelo B. y de Humberto V., ya que ambos fueron filmados por la denunciante cuando era extorsionada. En la grabación también se implicó a la secretaria, quien revisó a la víctima si portaba algún objeto de filmación. El tercer juez fue convocado por decisión de la fiscal. Cerca de las 15.00, el primero de los citados fue aprehendido por policías, aspecto que fue observado por su abogado, Moisés Ponce de León, debido a que su cliente iba a declarar de manera voluntaria, en cumplimiento a una citación que recibió para las 16.00 de ayer.
Audiencia. La declaración de Marcelo B. empezó a las 15.30 y concluyó aproximadamente a las 19.00. Tras esta acción, él fue conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en calidad de aprehendido.Por la tarde se encontraba en oficinas de la Fiscalía René E., quien fue el primero en culminar sus declaraciones y luego lo hizo Micaela A.
Humberto V. llegó a la Fiscalía cerca de las 16.00 y aclaró que se presentó de “manera voluntaria”, debido a que se declaró inocente porque él nunca pidió dinero a la mujer que denunció la extorsión. Ingresó a la oficina de la fiscal Venegas acompañado de su hija, quien asume la defensa.
En este caso aún se aguarda que la Fiscalía asuma acciones en contra del exfiscal Augusto M., quien fue citado en el diálogo del video. El material audiovisual fue revelado a los medios de comunicación por la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia, junto al director nacional de Defensa Pública, David Tezanos.
La declaración de estos acusados fue seguida por la viceministra Saravia, quien aseguró que tras conocer la decisión del Ministerio Público, se analizará la posición que asumirá. Saravia indicó que el Ministerio de Transparencia se constituyó en parte coadyuvante en este proceso. También hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de extorsión de Marcelo B. o de otros fiscales para que se apersonen a la Fiscalía y aporten con pruebas.
Un video muestra la extorsión
Denuncia
El pasado miércoles, la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia, reveló la filmación de la víctima en la que se ve que el juez Marcelo B. exige el pago de $us 3.000 para beneficiar con una resolución.
Proceso
Tres exjueces y una exsecretaria fueron imputados ayer por la fiscal Rosario Venegas, por los delitos de cohecho pasivo de juez-juez a fiscales, incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo.
Proceso
Según el procedimiento, se aguarda la audiencia cautelar, que se prevé tenga lugar hoy.
Gobierno da garantías a denunciante
Williams Farfán
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la integridad de la mujer que denunció al ahora exjuez Marcelo B. por extorsión, a través de un video. También anunció que apoyarán jurídicamente en el proceso en contra de los funcionarios judiciales.
El jueves, Patricia Q. dijo que teme por su vida y la de sus familiares, tras lanzar la denuncia, por lo que pidió garantías a las autoridades. La mujer dijo que Marcelo B. le pidió $us 3.000, de los $us 15.000 iniciales, para favorecer a su hijo acusado de violación, a través del cambio de delito por estupro.
“Entiendo que la víctima denunció acoso, nosotros somos los encargados de resguardar el orden, por eso vamos a tomar contacto con ella y le vamos a brindar la protección física a ella y sus familiares que requiera”, adelantó Romero.
Agregó que también, si fuera necesario, se le dará protección jurídica a Patricia Q., para que continúe como parte denunciante en el caso que se inició en contra de tres operadores del juzgado (dos jueces y la secretaria), con el fin de que “los extorsionadores” reciban su sanción. “La justicia está en su peor momento porque la corrupción anda en la justicia, ya que los juicios en su resolución no responden a la aplicación de las normas, sino del dinero”.
Según ABI, Romero, en Santa Cruz, también sugirió realizar modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) con el objetivo de plasmar reformas en la Justicia boliviana y la Policía, para eliminar las redes de extorsión en sus distintos niveles. “El debate de la justicia es profundo y hay que hacerlo con la participación del Estado y la sociedad, que seguidamente podría implicar el cambio de la Constitución”, manifestó.
Sugieren ajustar la designación de jueces
Yuvert Donoso
Wilbert Choque, consejero de la Magistratura, considera que los actuales requisitos para elegir y designar jueces son insuficientes, por ello, planteó otros mecanismos más idóneos para contar con los mejores profesionales en la administración de la justicia. La sugerencia fue expuesta luego de los cuestionamientos que surgieron por la forma de elegir autoridades, como el caso del juez destituido Marcelo B., acusado de extorsión.
Choque dijo que la ley establece una convocatoria externa para elegir jueces con base en una evaluación de méritos y examen de competencia. El Consejo de la Magistratura determinó que esa elección sea de manera pública, con la participación de delegados de organizaciones sociales y veedores del sistema universitario y del Colegio de Abogados.
Advirtió que ese mecanismo es insuficiente. Por ello, planteó que una comisión departamental, conformada por profesionales reconocidos, pueda realizar una entrevista a los postulantes seleccionados y recomendar a los que sean aptos para ejercer el cargo. Señaló que con esa recomendación, sea el primero o último de la lista, el Consejo de la Magistratura debe designar a esos profesionales.