Arturo Yañez CortesEn otra prueba más que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha quedado degradada a una repartición cuya única misión es levantar la mano para cumplir los designios de su jefazo y Cia, se está tramitando una reforma a la Ley No. 44 de juicios de responsabilidades contra el Presidente y Vicepresidente del Estado, introduciendo, en contra de un artículo expreso de la Constitución (aunque otro de la misma lo autoriza…), una instancia de apelación de las sentencias que se emiten en esos procesos. El argumento repetido por los interesados, es impecable: estamos adecuando esa ley a la Convención Americana de DDHH, verdaderamente plausible…El problema es que si ese propósito fuera genuino, jamás la anterior Asamblea Legislativa ni la anterior debieron de haber sancionado una serie de normas que violan flagrantemente no sólo la Convención Americana de DDHH, sino la jurisprudencia del Sistema Interamericano de DDHH, vinculante (léase obligatorio, entonces) para el Estado boliviano y sus agentes (sean legisladores, magistrados, jueces, fiscales y cualquier otra autoridad pública que se expida sobre derechos de las personas). Es más, la misma nueva Constitución Política aprobada a sangre y fuego en La Calancha (van 8 años de impunidad…) también contiene normas que van en contra de la CADH, por ejemplo la retroactividad de la ley penal.Ahora, si en un repentino arranque de coherencia con el sistema interamericano, los legisladores por fin han comenzado a realizar el control de convencionalidad al que incluso están obligados a realizar hasta de oficio como les obliga la sostenida jurisprudencia del sistema interamericano, bato mis palmas hasta enrojecerlas y les propongo para seguir realizando esa acertadísima tarea, aplicar el control de convencionalidad a las normas que en la anterior gestión legislativa y en la actual, levantaron la mano sin cumplir elementalmente ese control (podrían empezar puesto que la tarea será inmensa, por sus leyes 04 y 07), hoy imprescindible tratándose de cualesquier tarea legislativa que cumpla siquiera por aproximación los parámetros del SIDH, que reitero, nos es vinculante pues hemos suscrito la Convención Interamericana y hemos declarado –como Estado– que aceptamos las decisiones de su Corte (doctrina y jurisprudencia).Por cierto entonces que por este plausible arranque de control de convencionalidad en curso, debo entender que también implica que el Estado boliviano, ante cualquier fallo adverso del SIDH que afecte y especialmente ponga en evidencia el grosero comportamiento de sus legisladores y especialmente operadores de su sistema de justicia en contra del sistema interamericano, lo cumplirán sin chistar, evitando –como su jefazo amenazó en varias oportunidades– huir del mismo.Sostengo esto a la vista de las varias denuncias en trámite y las que se preparan, puesto que el control de convencionalidad que se “aplica” hoy en la Bolivia plurinacional, si siquiera se menciona en alguna resolución, es en los hechos, inexistente o directamente contrario a esa doctrina y jurisprudencia, sea por desconocimiento o porque deben meterle nomás…(ya saben ustedes el motivo). Entonces, este repentino y fabuloso a mi juicio arranque de coherencia con el Sistema Interamericano de DDHH podría ser la mejor oportunidad para evitarle responsabilidades internacionales al Estado boliviano (que las pagaremos todos) o ¿se seguirá cumpliendo aquello de Hamilton en el Federalista?: «No hay libertad, si el poder de la justicia no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. La libertad no tendrá nada que temer de la judicatura sola, pero sí tendrá todo que temer de la unión de ésta, con cualquiera de los otros departamentos». El tiempo lo dirá.El Día – Santa Cruz