El senador Óscar Ortiz informó que remitieron una petición de informe escrito a los ministerios de Obras Públicas, Hidrocarburos, Minería y Desarollo Productivo para conocer el detalle de los siete contratos que firmaron con la empresa China CAMC y el estado en el que se encuentra cada uno de los proyectos.
La petición se realiza en paralelo a la conformación de la comisión especial en el Órgano Legislativo, que investigará este caso cuando falta una semana para la realización del referéndum constitucional.
La diputada Norma Piérola dijo que si se envía una solicitud de informe escrito, se corre el riesgo de que el tema se dilate por falta de interés de los investigados. Recordó que ella remitió varias peticiones y nunca tuvo resultados. En algunos casos fueron respondidos después de casi un año.
Por otro lado, el asambleísta departamental de Santa Cruz , José Luis Santistevan, reveló que CAMC se adjudicó obras cuando no tenía subsidiaria en Bolivia. Explica que ese hecho amerita una investigación porque, en su criterio, el Estado no podría firmar contratos con empresas extranjeras.
Según la separata publicada por CAMC el 31 de enero, la compañía creó su sucursal en Bolivia el 27 de agosto de 2013 con la razón social China CAMC Engineering Co. LTD. Bolivia Branch; sin embargo, la compra de las tres perforadoras fue firmada en agosto de 2011, dos años antes de que se creara CAMC en Bolivia. Esas fechas ocasionaron la petición de investigación de parte del asambleísta Santistevan.
La Ley 187 de noviembre de 2011 establece que esas tres perforadoras serán adquiridas con un crédito chino por $us 60 millones y al mismo tiempo abroga la Ley 4149 de diciembre de 2009, que asignaba esos 60 millones para financiar el Proyecto de Gas Domiciliario 39 K, para la ampliación de redes de distribución de gas natural.
“Desde ese entonces se firmaron los decretos que autorizaban a las entidades a adquirir contratos de forma directa o por excepción, pese a las observaciones que se realizaron”, recordó el asambleísta cruceño, que realizó el estudio de todos los decretos que crearon empresas estatales con capitales públicos y que además eran beneficiados con decretos de compra directa de bienes y servicios y no tenían ninguna fiscalización.
Fuente: eldeber.com.bo