Guadalupe Peres-Cajías*Miércoles 3 de febrero. Activa TV transmite, en la noche, el programa conducido por Carlos Valverde. El periodista hace un anuncio que revolcaría a la opinión pública en los siguientes días: Evo Morales Ayma tuvo un hijo con Gabriela Zapata Montaño en 2007. Él dirige al Estado boliviano, desde hace 10 años; ella, la gerencia comercial de CAMC Engineering desde hace casi tres. El Estado y CAMC tienen acuerdos millonarios. La posibilidad de un tráfico de influencias se ha anunciado.A los pocos minutos, inicia una serie de comentarios en los medios masivos y en las redes sociales. No obstante, aún queda la duda sobre las declaraciones del periodista cruceño.En los siguientes días, gracias a las declaraciones de Juan Ramón Quintana y del propio Presidente –que confirman los datos presentados por Valverde, aunque niegan la supuesta denuncia de corrupción- los comentarios se masifican. Los «memes” (ilustraciones con carácter irónico o sátiro, propias de las redes sociales) empiezan a circular constantemente. La ciudadanía no sólo parece sorprendida, sino considerablemente ofendida.El caso de corrupción del Fondo Indígena parece menor. Aún así, la mujer relacionada con esta denuncia se muestra agredida en una dudosa entrevista de la Red Uno. Afirma «mi vida privada sólo me incumbe a mí, en primer lugar” y tilda a las denuncias hechas en su contra, así como a los diferentes comentarios en consecuencia, como una «cacería sangrienta” y se considera víctima de un «ataque terrorista”.Mis estimados lectores, comprenderán que no hubo «cacería sangrienta” ni «acto terrorista”, por las definiciones más básicas de tales expresiones. Sin embargo, sí creo pertinente analizar ¿por qué la vida privada de Gabriela se volvió de interés público y, en consecuencia, por qué hubo una reacción tan participativa de la opinión pública?En 1962, Jurgen Habermas publicó Historia y crítica de la opinión pública, donde planteó el debate -aún vigente- entre lo privado (el «oikos”) y lo público (la «polis”). Entonces, afirmó que una de las diferencias más importantes entre uno y otro radicaba en que el segundo afecta al desarrollo del colectivo, pues vincula a los intereses comunes.En ese sentido, la vida privada de Gabriela Zapata Montaño pudo haberse mantenido como tal hasta que se sugirió una denuncia: su vínculo personal con Evo Morales habría incidido en el enriquecimiento particular de ella y de la empresa donde trabaja, en detrimento del bienestar del Estado, gracias a una serie de contratos que ascienden a los 500 millones de dólares. Una cifra que parece imposible para un país que, aún con una década de bonanza, sufre situaciones de considerable pobreza e inequidad social.Por ello, la abogada defensora de Zapata Montaño, Ángela María Burgoa, quizá podría repensar la declaración a César Galindo (de Red Uno)… «su dignidad, su privacidad a nadie del pueblo le interesa”.Al contrario de tal enunciación, los ciudadanos bolivianos se interesaron y expresaron con relación a la denuncia promovida por Valverde. Estas reacciones podrían explicarse a través de la propuesta de John Stuart Mill (1806-1873), quien sugirió que los gobiernos debían ser evaluados por su capacidad de promover en cada persona el ejercicio y el desarrollo para obtener formas de felicidad humana, sin que eso dañe al colectivo.Afirmó que el bienestar debe ser un fin individual y un propósito social para hacer una mejor vida para la colectividad.En ese sentido, la población boliviana cuestionó al Presidente en ejercicio al ver afectado el discurso otrora promovido sobre lo «social”, lo «colectivo”, o -en términos del Vicepresidente- lo «comunitario”. Una vez más (y quizás peor que nunca) pocos se benefician con mucho. El poder viola la institucionalidad. Las declaraciones oficiales sólo buscan marearnos más. Y lo privado, aún en escenarios que no le competen, supera a lo público.Entonces me pregunto… ¿éste es el proceso de cambio con el que queremos continuar?*Docente universitaria y especialista en investigación en comunicaciónPágina Siete – La Paz