El gobierno chileno se aferra a la idea de que el Silala es un río internacional que fue reconocido por el Tratado de 1904.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, se desvió el curso natural de las aguas para favorecer su paso a lado chileno. IVÁN PAREDES
Chile cree que inspección al Silala ‘no cambia nada’
Su Canciller se aferra a la idea de un río internacional que fue reconocido por el Tratado de 1904. El presidente Evo Morales y otras autoridades estuvieron en la zona.Jesús Alanoca – EL DEBEREl Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, consideró que la visita que lidera el presidente Evo Morales al manantial del Silala «no cambia la realidad», que a su juicio está expuesta en un mapa del Tratado de 1904 que tilda a esa vertiente como un río internacional.La autoridad, jefa de las relaciones diplomáticas del vecino país, señaló que «ellos (los bolivianos) pueden visitar su territorio y mirar el río como les parezca y con la compañía que quieran» y ratificó que si se materializa la demanda boliviana ante La Haya, contrademandarán.Conoce más: Alcalde chileno se dirige al Silala y reclama a BacheletHace unas horas el presidente Evo Morales, autoridades nacionales, regionales y medios de comunicación se trasladaron a la provincia Sud Lípez, Potosí, para constatar el «desvío artificial» de las aguas, que van a Chile para «beneficiar a empresas mineras».»La realidad es que el Silala es un río internacional y así lo ha reconocido Bolivia por más de 100 años», agregó el Ministro de Relaciones Exteriores al término de la reunión que mantuvo con el Consejo Asesor para la demanda boliviana ante La Haya.Lea también: ¿Qué es el Silala y por qué el interés por sus aguas?Bolivia denuncia el uso «ilícito y abusivo» del manantial que emana desde el lado boliviano de la frontera y que fue cedido en concesión en 1908, para abastecer del líquido elemento a ferrocarriles que llegaban al país, pero después se rompió ese acuerdo al constatar que el agua era vendida.En 2013 el Gobierno inició acciones para sentar soberanía sobre el afluente y recién esta gestión comunicó la decisión de evaluar acudir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se cobre la deuda histórica por el uso de las aguas.