Andrés Gómez VelaEl 23 de enero de 2002, cuando agonizaba el llamado «Estado neoliberal”, el entonces parlamentario opositor Evo Morales fue expulsado de la Cámara de Diputados por 104 votos, acusado de abusar «de su inmunidad para desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional (que había ordenado a Morales dejar de bloquear) y para incitar a cometer acciones violentas”, que desencadenaron delitos y crímenes contra la vida, la propiedad y otros derechos fundamentales.La recomendación de desafuero de la Comisión de Ética de Diputados se produjo después de un bloqueo que terminó con la lamentable muerte en Sacaba de tres campesinos, tres militares y un policía a manos de desconocidos que actuaron entre la turba.De ese hecho violento, causó estupor e indignación en gran parte del país el secuestro, tortura y asesinato de dos uniformados, cuyos familiares responsabilizaron de este crimen a Evo Morales, por lo que pidieron su expulsión. La comisión pidió, con inusual celeridad y trámite de 48 horas, la separación definitiva.Ante tal abuso, Morales acudió al Tribunal Constitucional, éste le dio la razón y ordenó restituirlo en su curul porque identificó errores procedimentales cometidos por Diputados en el tratamiento de la Resolución Camaral 108/2001-2002, que lo separó del cargo durante cinco meses. No conforme, Morales presentó una complementación y enmienda para que la Cámara de Diputados le pague las dietas de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2002.El Tribunal Constitucional otra vez le dio la razón, argumentó que el recurrente tiene derecho al monto total de las dietas percibidas por los asistentes a todas las sesiones realizadas durante los meses indicados debido a que su inasistencia no fue voluntaria, sino forzada por una resolución.La Cámara Baja, presidida entonces por el mirista Luis Vásquez, instruyó un pago simbólico de una dieta equivalente a 41 bolivianos. En el acto, el Tribunal observó que «no cumple” con lo dispuesto y ordenó «el pago inmediato de las dietas y toda otra remuneración mensual a que tiene derecho el recurrente, en igualdad de condiciones con los asistentes a las sesiones convocadas durante el periodo comprendido de febrero a julio de 2002”.Recuerdo este caso porque fue el último intento en Bolivia de construcción de institucionalidad, entendida como la consolidación de un Estado de Derecho, cuyos rasgos fundamentales consisten, precisamente, en que el derecho es el principal instrumento de gobierno, porque la ley guía y limita la conducta de ciudadanos y autoridades y hay contrapesos en los poderes. En otras palabras, la institucionalidad es la antípoda del totalitarismo.Bolivia perdió su frágil institucionalidad en 10 años. Hoy ¿a qué institución pueden acudir los ciudadanos agredidos por un «todopoderoso” en busca de justicia?¿Al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)? ¿Cómo? Si acaba de negar la razón a un joven que pidió derecho a la objeción de conciencia para no hacer Servicio Militar. El TCP desconoció precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, olvidó el caso Alfredo Díaz Bustos y violó el artículo 109 de la Constitución.¿Puede un ciudadano confiar, como en Brasil, en alguna instancia estatal para que investigue un caso de corrupción que afecta al Presidente, Vicepresidente o a un ministro hasta que se haga realidad la envejecida frase: caiga quién caiga? ¿Puede creer en la Contraloría del Estado Plurinacional? ¿Puede un opositor o crítico del régimen actual acudir a un tribunal para que repare su derecho violado? Una década después, sólo quedó el Defensor del Pueblo como una institución adonde la gente acude con esperanza. Pero, en unos días más habrá otro Defensor y por cómo viene la mano, temo que seguirá la suerte de las otras instituciones.Dada esta situación crítica, la primera tarea del próximo gobierno debe ser establecer la institucionalidad del Estado para que el último ciudadano deje de sentir miedo y pueda defenderse ante cualquier abuso, como lo hizo Evo Morales cuando lo expulsaron de la Cámara de Diputados.Página Siete – La Paz