Gobierno: Demanda de discapacitados es inviable
La renta solidaria de Bs 1.000 se paga con los recursos que antes se financiaba a los partidos políticos y que suma Bs 40.000.000, recursos con los fue creado el Fondo Nacional de Solidaridad y de Equidad. Este monto se divide en dos partes, el 50% para la política asistencialista (pago de la renta) y el resto para proyectos que beneficien a ese sector en los ámbitos educativo, salud, laboral y otros.La Razón Digital / Marilyn Choque / La PazEl viceministro de Tesoro y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, dijo que en caso de acceder al pedido de los discapacitados, el costo del beneficio pasaría de Bs 22,1 millones a Bs 368 millones al año, cifra que está por encima del presupuesto que se asigna a las gobernaciones, lo que hace inviable la demanda.Recordó que la renta solidaria de Bs 1.000 se paga con los recursos que antes se financiaba a los partidos políticos y que suma Bs 40.000.000, recursos con los fue creado el Fondo Nacional de Solidaridad y de Equidad. Este monto, agregó, se divide en dos partes, el 50% para la política asistencialista (pago de la renta) y el resto para proyectos que beneficien a ese sector en los ámbitos educativo, salud, laboral y otros.»El viernes, ellos (las personas con discapacidad) abandonaron el dialogo (en Caracollo, Oruro) y dejaron a la comisión con toda la intención de buscar alternativas, mostraron una actitud cerrada y reacia, por ejemplo a la posibilidad de destinar recursos provenientes de los delitos de narcotráfico», indicó Durán en entrevista en el Programa el Pueblo es Noticia de los medios estatales.Manifestó que a diferencia de la postura de este grupo, las federaciones, asociaciones y confederaciones de personas con discapacidad de La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro aprobaron en las mesas departamentales la formación de la mesa técnica.En tanto, en el mismo programa, la ministra de Salud, Ariana Campero, dijo que los representantes de los discapacitados “tienen una posición radical” porque no muestran voluntad a un diálogo integral para enfrentar su demanda de un bono mensual de Bs 500.“No aceptan hablar de salud, educación, justicia ni otros temas que no se refieran específicamente a su pedido. Pero es difícil conversar solo del bono sin explicar que financieramente hay otras inversiones para las personas con discapacidad”, indicó Campero.Este viernes el diálogo se rompió entre el Gobierno y ese sector, que retomó una marcha desde Caracollo rumbo a la sede de gobierno.
Campero cree que discapacitados mantienen postura “intransigente” y ve “tinte político” en la marcha
El representante de la personas con discapacidad en Potosí, Gary Ramírez, sostuvo que las autoridades aún no quieren abordar el tema del bono y que seguirán en la lucha.
ANF / Página SieteDespués de dos mesas de diálogo con las personas con discapacidad, la ministra de Salud, Ariana Campero evaluó la situación. Consideró que en el sector movilizado persiste una postura «intransigente” y cree que al no llegar a acuerdos la marcha tiene un «tinte político”.»Están en posiciones intransigentes, la intención no es el diálogo, hay una intención muy manifiesta de querer generar una imagen del Gobierno que no lo es”, sostuvo Campero en una entrevista en Bolivia Tv.Campero señaló que el sector movilizado sólo se centra en la exigencia de un bono de 500 bolivianos mensuales para poder avanzar en el diálogo, y no muestra un mínimo interés en otros aspectos como el de salud, educación o el labora.Recalcó que el Gobierno debe cuidar la economía de todos los bolivianos y que se trabajó en diferentes áreas para beneficiar a las personas con discapacidad; sin embargo, los representantes del sector abordan temas de coyuntura.»Todos estos factores nos hacen pensar que hay un matiz político en la movilización, nos hace pensar en la intencionalidad de desestabilizar y generar una imagen que somos insensibles y que no accedemos al bono”, sostuvo la Ministra.Las personas con discapacidad marchan desde Cochabamba hacia la ciudad de La Paz en demanda de un bono mensual de Bs. 500 para su manutención. El Gobierno dialogó con el sector en dos ocasiones sin llegar a ningún acuerdo.