La exigibilidad del idioma nativo en la función pública

MOIRA OK

Moira Sandóval Calvimonte*

Hemos presenciado una polémica sobre las inhabilitaciones a los candidatos a Defensor del Pueblo, en función al manejo de un idioma nativo. Sobre ello, me permito plantear algunas consideraciones en el ánimo reflexivo.

¿Quién podría cuestionar que es de importancia simbólica para la reivindicación de valores identitarios? Sin mencionar que es también un signo que da sustento a la vigencia del Estado Plurinacional. ¿O quién dudaría de las bondades del conocimiento bilingüe para las destrezas intelectuales?

Empero, su condición de imprescindible para un perfil laboral, de funcionario público, comercial, empresarial o social, es cuestionable.

Basándonos en los datos del censo 2012, la autoidentificación con pueblos originarios es menor al 31%.  Asumiendo que ese porcentaje está integrado por personas que hablan un idioma nativo, igual sería la tercera parte de la población. Importante primer dato.

Sin embargo, es bueno señalar que ese 31% no habla exclusivamente un idioma originario, sino además el español, como verificaron quienes tomaron contacto con los marchistas de la 8ª y 9ª marchas indígenas, quienes manejaban -además de un idioma nativo- perfectamente el español.

¿Cuál la razón?

Que luego de la Revolución de 1952 se puso en marcha la Reforma Educativa que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, teniendo como principal consigna reducir el analfabetismo (entonces superior al 68%) y castellanizar a los indígenas, incidiendo en reforzar la identidad nacional impulsando el sistema escolar campesino con una explosión en el incremento de núcleos escolares desde primaria hasta normales rurales, siguiendo la experiencia de Elizardo Pérez.

Si bien el programa de alfabetización no tuvo óptimos resultados por las debilidades en la formación de docentes y los bajos salarios, la Reforma revolucionaria ha legado generaciones de hispanohablantes, ahora adultos, que manejan el idioma materno nativo y el español. Ello fue complementado con la Reforma Educativa de 1994, que viendo el diagnóstico que reconoce la interculturalidad, decide impulsar la educación bilingüe,  incorporando textos en idioma originario, así los escolares se desarrollan en un contexto bilingüe, por la simple razón que ellos y sus padres –hijos de la revolución- ya hablan español.

En consecuencia, al presente, es prácticamente minúscula la porción de personas que hablan exclusivamente una lengua originaria, son quienes se hallan en su octava década de vida. Lo afirmo en calidad de asesora de organizaciones indígenas de tierras bajas y tierras altas, pues he verificado tal circunstancia, al trabajar en los TCOs de tierras bajas (ahora TCIOs), igual que en las comunidades de tierras altas.

Consiguientemente, establecer como condición “sine qua non” el dominio de un idioma nativo para ejercer las funciones de Defensor del Pueblo –y eventualmente de la función pública- constituye un acto discriminatorio a la inmensa mayoría  del pueblo boliviano que usan básicamente el idioma español  -producto de un proceso educativo y de sincretismo cultural- para ejercer el comercio, actividades académicas y de socialización.

Además, hay que tomar en cuenta que el Defensor del Pueblo no es un puesto que se ejerce de manera individual, sino que cuenta con un equipo multidisciplinario que apoya, asesora y desarrolla tareas operativas. Es una institución cuya función principal es defender al ciudadano de los excesos y abusos de la administración pública. No es una ONG de impacto rural.

Descalificar a los postulantes por no acreditar o conocer un idioma originario, es además de discriminador, injusto. Más si consideramos que el presidente, vicepresidente, ministros y asambleístas, de manera ostensible han demostrado que no manejan lenguas originarias, aunque exhiban certificados falsarios. Ello se comprobó cuando el ex magistrado Gualberto Cusi hizo sus descargos en aymara ante la Cámara Baja y no hubo ni un solo asambleísta que pueda entenderle o traducir.

Al evidenciarse que ni los máximos representantes del Órgano Ejecutivo, o del Órgano Legislativo, necesitan hablar idiomas nativos para desempeñarse, ¿por qué entonces se exige esta condición a quien debe defender los intereses del pueblo de los excesos de las autoridades?

Con tales argumentos cuantitativos, de evidencia fáctica, que el idioma de manejo común entre los bolivianos es el español –sin perjuicio que paralelamente se use en ámbitos privados y comunitarios lenguas nativas– es lógico concluir que tal requisito es innecesario y sólo obedece a razones políticas de descalificación a quienes no se someterían dócilmente a las pretensiones de poder hegemónico del gobierno.

Dichos afanes totalitarios, sólo ponen en evidencia una vez más, las incongruencias legales, e incoherencias ontológicas y discursivas del presidente y su vicepresidente, propaladas por cierto, en idioma español.

*Abogada, fue asesora de organizaciones indígenas.

 

Categorías Opinión