Señalado por un contrato de Bs 37 millones cuya licitación inició su cuñada, la exsecretaria Angélica Sosa, defiende la legalidad de la adjudicación. Dice que se ejecutó el 90% del proyecto de vigilancia para escuelas pero solo le pagaron 10%. Invita a Murillo a revisar contratos. Está presto a ir a la Fiscalía
Es una ‘bóveda’ de servidores. En la planta baja de este edificio, el ITC Tower de la avenida Las Ramblas de Equipetrol Norte (Santa Cruz), hay un centro con cientos de equipos tecnológicos de procesamiento y almacenamiento donde petroleras, bancos y corporaciones nacionales y multinacionales que operan en Bolivia almacenan sus datos.
Ahí es donde Mario Bruun, el representante de ITC Servicios, ha decidido asumir su defensa respecto a esa acusación de un supuesto uso indebido de influencias por figurar en dos contrataciones de la Alcaldía cruceña, siendo el cuñado de Angélica Sosa, la presidenta del Concejo. EL DEBER recogió ayer en exclusiva su versión de los hechos.
La Fiscalía inició una investigación del supuesto tráfico indebido de influencias en las contrataciones que la Alcaldía hizo de ITC Servicios en diciembre de 2014 y por el alquiler en octubre de 2015 de un inmueble suyo, habida cuenta de que la presidenta del Concejo es su cuñada.
¿Hubo tráfico de influencias?
Sobre temas relacionados a la Fiscalía, desconozco. Sobre temas legales, yo dejaría que mis abogados en su momento puedan dar una respuesta a cualquier tema.
Cuando decidió participar en la licitación a la que convocó en 2014 la Alcaldía para la compra de equipos de vigilancia para la Secretaría de Parques y Jardines, ¿no pensó que podría complicarle el hecho de que la responsable era su cuñada?
Yo soy una persona que tiene muchos familiares en las instituciones públicas —desgraciadamente, no sé, o afortunadamente, digamos— y yo a lo largo de mi vida he sido extremadamente cuidadoso en evitar participar en muchos procesos licitatorios de este país donde he tenido familiares. Tengo familiares en la Gobernación.
¿Qué familiares tiene en la Gobernación cruceña?
Y en los últimos 10 años de los actuales gobernantes nunca he participado de ningún proceso, jamás. Bueno, tengo yo, soy familiar del secretario general…Roly Aguilera.
Soy familiar del gobernador (Rubén Costas), de alguna manera. Tengo otros familiares en la Gobernación. En la Alcaldía, como ustedes saben, la arquitecta Sosa es mi familiar. Inclusive en reparticiones del Estado.
¿Del Estado central?
Del Estado central. Si ustedes hacen sus investigaciones, en los 10 años que la arquitecta Sosa —10, u 11, o 12 años, no sé cuántos son los años que está la arquitecta Sosa en la Alcaldía— jamás, ninguna de las empresas que represento, ni yo ni a través de terceros ni de nadie, he participado en ningún negocio en esta institución, digamos, porque no ha sido de nuestro interés y por, precisamente, evitar este tipo de inconvenientes.
Lo mismo en la Gobernación, jamás en la historia ninguna de las compañías que yo represento se ha presentado a ningún proceso licitatorio. Ahora, me queda a mí claro por la ley y por el derecho al trabajo que nosotros tenemos yo si pudiera presentarme a muchas de estas invitaciones públicas. En muchos casos no lo hemos hecho y en algunos casos sí lo hemos hecho.
¿Y por qué se presentó en 2014 entonces?
Por la complejidad de este proceso es que nosotros nos presentamos, porque no solo tenemos el software de gestión, no solo tenemos el software de reconocimiento facial, no solamente tenemos los servidores y los equipos de almacenamiento de imágenes, no solamente tenemos la capacidad de hacer los tendidos de fibra y hacer la interconexión de la red de estos colegios, sino que lo más importante que tenemos es un centro de datos que es único en Bolivia, que es donde esta información va a ser procesada y guardada bajo estrictas normas de seguridad internacionales.
¿No hay otras empresas competidoras con esa capacidad en el mercado boliviano?
No tenemos. Estamos hace seis años con este tipo de servicios y hoy no existe que yo sepa una empresa que pueda brindar este tipo de servicios.
¿Habló antes con alguien sobre la legalidad?
Quiero mencionar con mucho orgullo que, por ejemplo, Price Waterhouse Coopers es una de nuestras empresas asesoras y auditoras. Volviendo a la pregunta, nosotros hicimos las consultas legales respectivas y, a nuestro entender, por el hecho de que yo solamente era el representante legal de la compañía y existía una ley para este caso, que nosotros podíamos presentarnos en esta licitación.
Fuimos asesorados en su momento de que existía esta ley (Decreto Supremo) 181, existía el artículo 41 y existía la forma de que funcionarios allegados se puedan excusar. Bajo ese criterio, que obtuvimos de nuestros asesores legales, fue que nosotros decidimos participar en esta licitación.
¿Le llegó a preguntar antes a la secretaria de Parques y Jardines sobre este tema?
La arquitecta Sosa poco sabía del proceso este. Entonces, si bien tengo un parentesco político, yo muy raras veces me veo con ella, y no tuve la oportunidad de conversar con ella.
¿Otras empresas se presentaron a esa licitación?
Yo sé que se presentaron cuatro empresas, incluida la nuestra, a todas las reuniones de aclaración por lo que pude leer en los documentos que tengo a mano. Se presentó una empresa internacional que se llama Huawei, que creo que es la empresa de tecnología más grande de este país. Creo que se presentó una empresa Ericsson. Pero sé que se presentaron cuatro.
¿No cree que tenía ventaja su empresa sobre las otras?
No creo, digamos, que haya habido alguna porque ahí teníamos que competir un tema de igualdad de condiciones. Por ahí lo que se pedía era tan complejo y que iba a llevar tanto tiempo en ponerlo en funcionamiento que las otras empresas desistieron en el camino de presentarse en el proceso.
¿Qué avance tiene ITC en la ejecución de su contrato?
Debe de haber un 90% de avance en el proyecto…
¿Y cuánto han cobrado?
Cobramos la cuota inicial del 10%, que en realidad era un anticipo que nosotros pedimos con una boleta de garantía.
¿Qué falta por ejecutar?
Nos falta por ejecutar un 10%, pero es la parte más crucial del proyecto. Son las salas de monitoreo, el centro de monitoreo, donde van a existir unos videowalls inteligentes, interconectados a los servidores, donde se van a procesar las imágenes…
¿Por qué no cobró el resto?
Esa es una muestra más de que aquí no existe tráfico de influencias. Si aquí hubiera existido tráfico de influencias ya yo hubiera cobrado el 100% o el 90% de mi contrato rapidito, como sucede en contratos irregulares. Estoy ya un año y medio aproximadamente, recibí un anticipo del 10% del proyecto cuando ya se había firmado el contrato con una boleta de garantía. Después no he recibido nada aún, al ser un proyecto complejo, al tener involucrados a múltiples directores y jefes de áreas donde están estos colegios se requieren las firmas de muchas personas.
Hay un trámite administrativo muy complejo que me imagino es lo que ha demorado el pago hasta el día de hoy. Esto es una muestra clarísima de que aquí no ha habido tráfico de influencias. Imagínense, no he cobrado.
Llama la atención que hubiera habido correcciones a la adjudicación del contrato a ITC, atribuidas a errores de taipeo en el primer documento. La sospecha del senador Murillo es que se trató de disimular el vínculo familiar entre ustedes.
Los errores administrativos de la Alcaldía yo no los puedo controlar. Ese es un tema ajeno a mí. Lo único que puedo acreditar es que yo sí soy representante legal o sí fui representante legal de la empresa en aquel momento, al igual que fue representante legal el señor Fernando Fraijas, ambos estábamos habilitados para firmar ese contrato.
Y aquí quiero mencionar para desvirtuar los comentarios del señor Murillo de que el poder del señor Fraijas no se le otorgó alegremente un día antes de firmar el contrato con la Alcaldía sino que es un poder que fue emitido en 2013. Lo que pasó en mi caso, yo no sé cómo la Alcaldía lo reportó al Sicoes, fue que yo tuve que realizar un viaje el 25 de diciembre de 2014.
Para ello le muestro mi pasaporte con el sello de salida de Bolivia y el ingreso a Estados Unidos el mismo día, razón por la cual yo no estaba en el país. Es más, yo regresé a fines de enero. Aquí está mi pasaporte.
No estuve ni para la adjudicación ni nada. Entonces, el poder que se tenía que utilizar era por lógica el de Fraijas.
Pero hay un segundo contrato donde usted figura. El de un inmueble suyo que alquiló a la Alcaldía la señora Carla Sofía Bruun Paz como representante legal por el monto mensual de Bs 52.000 y que el senador Murillo ha insinuado que también debería esclarecerse si hubo algún tipo de favorecimiento en este caso. ¿Esto no es uso indebido de influencias?
No puedo opinar con relación al senador Murillo. Es más, por ahí me gustaría hacerlo, pero cuando se quite la investidura política que él tiene, por ahí conversaremos. Porque eso es lo que hoy lo protege para poder emitir criterios de la manera que hace sin una investigación profunda y profesional. Lo que les estoy mostrando a ustedes al día de hoy, en base a las denuncias del señor Murillo y todo lo que pasa por la prensa, les estoy mostrando los documentos originales de ambos casos…
¿Usted impulsó la contratación de su inmueble, que se firmó en octubre de 2015?
Yo desgraciadamente no sabía. Tengo una hermana, mi señora hermana Carla Sofía Bruun Paz, que hace algunos años estaba atravesando algunas dificultades económicas y necesitaba que alguien la ayudara. Entonces yo como hermano le cedo en usufructo este edificio de la avenida Cañoto, aquí yo les muestro el documento que acredita que le cedo en usufructo ese inmueble.
Ella para poder sustentarse crea una empresa, que se llama Oficenter, una empresa unipersonal a su nombre, el año 2012. Aquí yo tengo el NIT y los documentos de registro de esta empresa que datan del 28 de junio de 2012, negocio que ella crea para realizar el alquiler de oficinas dentro de este edificio.
Desde esa fecha ella empieza a operar su negocio de alquileres a múltiples personas. El año pasado, tengo entendido, y a raíz de una necesidad del gobierno municipal, algún funcionario la visita para solicitar que por favor les pueda alquilar oficinas porque la Alcaldía estaba remodelando algún edificio cercano y requería mover a todo su personal por un par de meses mientras dure esa remodelación.
Mi hermana, siguiendo el negocio que ella ya llevaba adelante hacía ya años y del cual vivía, le arrienda a la Alcaldía.
Pero no solo le arrienda, aquí yo le muestro a usted un documento donde la Alcaldía va y la busca a ella y le realiza la solicitud de que por favor ella pueda presentar una propuesta para poder alquilar el inmueble. Entonces el señor Bruun, mi familia o quien sea, nadie se acerca a la Alcaldía para alquilarle un inmueble. Yo me he enterado gracias al señor Murillo. Gracias a él.
Aquí yo lo que quiero dejarle claro al señor Murillo —y lo invito cuando él quiera venir a visitarme, va a tener las puertas abiertas de mi oficina— para mostrarle dónde se depositaron estos dos meses de alquiler que pagó la Alcaldía y en qué los usó mi señora hermana.
¿Cuándo cedió el edificio?
Se lo cedí el año 2011 en usufructo.
¿Por qué se habrá ampliado el contrato?
Tengo entendido que la remodelación del inmueble de la Alcaldía no ha terminado y al día de hoy, como no han podido regresar a su inmueble original, siguen en este edificio y están elaborando un contrato —que creo que ya está elaborado, pero no está firmado ni está protocolizado— por cuatro meses más.
¿Y está usted dispuesto a ir si lo citan en la Fiscalía?
Por supuesto, es mi obligación. Si a mí la Fiscalía me llama, es mi deber de ciudadano acudir
Fuente: eldeber.com.bo