La Paz / Corrupción. En el despacho del jurista se halló al menos 6 expedientes.
Requisa a oficina de Mendoza devela más casos de consorcio
El allanamiento de la oficina del abogado Milton Mendoza, por el delito de consorcio de jueces y abogados en el caso Cotel, permitió hallar unos seis expedientes originales en el lugar, pruebas de la existencia de más grupos ilegales para tranzar fallos judiciales.
La información es administrada en forma reservada por los investigadores del Ministerio Público y la Policía. No obstante, un funcionario de la Fiscalía y un jurista que sigue la pesquisa confirmaron que en la oficina de Mendoza se encontraron al menos seis expedientes. Uno de esos documentos judiciales pertenecía a la jueza 2ª de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, quien fue detenida preventivamente en el penal de San Sebastián de Cochabamba el miércoles.
Por cada uno de los expedientes se tiene que tomar en cuenta que hay un abogado, un fiscal y un juez, explicó la fuente del Ministerio Público, por lo que no descartó que en el curso de la investigación aparezcan otras personas implicadas.
Los dos entrevistados por este diario se negaron a identificar a juristas, fiscales y jueces que están en calidad de sospechosos por los expedientes que estaban en la oficina de Mendoza, debido a que la pesquisa todavía continúa.
Ilegal. Llamó la atención que los expedientes originales estén en la oficina de Mendoza, ya que estos documentos no pueden ser retirados de los juzgados. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, indicó en una conferencia de prensa que la documentación hallada en el caso Cotel es evaluada y que no dará a conocer los detalles para no dañar la pesquisa que está en curso. “Lo único que les puedo decir es que desde la Fiscalía General no se va a tolerar actos de corrupción”.
La Policía y la Fiscalía llegaron al despacho de Mendoza el martes 29 de marzo, luego de recibir una denuncia del abogado Jhonny Castelú, quien vio a Fernando Ganam, vocal de la Sala Penal 2ª del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), ingresar a esa oficina en poder del expediente original del amparo constitucional que tramitaba en contra de Cotel (Cooperativa de Teléfonos La Paz), institución que era representada precisamente por Mendoza.
Por el caso del amparo en contra de Cotel están detenidos preventivamente el vocal Ganam, acusado de consorcio de jueces y abogados, y cohecho activo y pasivo; y el fiscal Carlos Hugo Rivero, sindicado de pertenecer a ese consorcio. Ambas autoridades judiciales están privadas de libertad en el penal de San Pedro.
Mendoza —que resultó electo para el cargo de magistrado suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las elecciones judiciales de 2001— está desaparecido y tiene en su contra un mandamiento de aprehensión expedido por el Ministerio Público. Blanco no descartó que la comisión de fiscales que indaga el caso Cotel declare rebelde a Mendoza.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, explicó ayer que los consorcios de jueces y abogados funcionan desde estudios jurídicos, instancias particulares que tienen contactos con policías, fiscales y jueces para el tratamiento jurídico de un determinado caso.
En diciembre de 2015, Jiménez indicó que unos 1.000 juristas, de los más de 50.000 que hay en el país, forman parte de estos consorcios de abogados. Incluso dijo que tiene la lista de estos grupos que manipulan la justicia, mediante contactos ilícitos. Por ello pidió garantías al Gobierno para dar a conocer estas listas.
Al ser consultado sobre otro caso, el fiscal Blanco admitió que la expresidenta del TDJ de La Paz y actual vocal Virginia Crespo es investigada por una denuncia interpuesta por el Consejo de la Magistratura. Explicó que la autoridad judicial es indagada por la aprobación de un amparo constitucional en coordinación con su colega Ganam.
Código penal y el delito
Art. 174
“(Consorcio de jueces y abogados). El juez que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas, en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con presidio de dos a cuatro años”.
Juristas
“Idéntica sanción será impuesta al o a los abogados que, con igual finalidad y efecto, concertaren dichos consorcios con uno o varios jueces, o formaren también parte de ellos”.
Hallan droga al aprehender a Guillén
Carlos Corz
La noche del miércoles, durante el operativo de aprehensión del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) de La Paz, Fabián Guillén, se encontraron chips telefónicos de su propiedad, además de sustancias controladas, en manos de su asesora jurídica. La abogada también fue detenida.
La información fue confirmada ayer por el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien explicó que ambos elementos fueron hallados en las manos de la abogada. Posteriormente, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Gary Omonte, precisó que se trataba de la asesora jurídica de Guillén y que la sustancia controlada sería cocaína.
Guillén fue aprehendido en el marco de la investigación iniciada tras la detención del vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Fernando Ganam por negociado de fallos. Es acusado por cohecho activo, complicidad y consorcio de jueces y abogados, dentro del proceso destapado tras la captura de Ganam, que también derivó en la detención y orden de encarcelamiento del fiscal Carlos Hugo Rivero.
“En el momento de hacerse la intervención se ha encontrado en poder de una abogada, en su mano, chips de celulares de Guillén y en la otra mano sustancias controladas”, informó Blanco y anunció que el caso fue remitido a las autoridades de lucha contra el narcotráfico.
Omonte, en declaraciones a la red Unitel, confirmó el hallazgo del sobre con sustancias controladas en manos de la asesora jurídica de Cotel y dijo que “se trataría de cocaína”, lo que finalmente determinarán los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).