[vid url=http://cd1.eju.tv/video/1406/PB1605160853.mp4]El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra recibió este lunes un informe de la Lic. Norma Borja, directora de Auditoría Interna, respecto a los avances de la auditoría especial a la adquisición de la unidad móvil de video vigilancia y el vehículo, drone, en el que se dejó en claro que dicha auditoría no tiene plazos para su conclusión y que se está realizando cumpliendo con los procedimientos establecidos por ley.Borja asistió a brindar esta explicación, respondiendo a una invitación de la directiva del órgano legislativo, para que todos los concejales, vecinos y medios de comunicación, conozcan la situación real de la auditoría y las etapas por las que debe que pasar antes de emitir su informe final.La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, agradeció la explicación ofrecida por la Dirección de Auditoría Interna a la que calificó de pertinente, oportuna y muy responsable.“Nos hizo conocer que se está cumpliendo con todos los procedimientos que requiere una auditoría especial, de acuerdo a lo que establecen las leyes. Nos han explicado que no existe un tiempo determinado para que se concluya la auditoría, no hay plazos, son un órgano independiente que maneja el principio de confidencialidad y sus personas no están sujetas a exposiciones públicas”, expresó Sosa.Según la explicación ofrecida por la directora, toda auditoría gubernamental consta de tres etapas, planificación, ejecución y comunicación de resultados. El pasado 04 de marzo se recibe la instrucción de realizar una auditoría especial al proceso de adquisición del drone e inmediatamente se organiza y selecciona al personal multidisciplinario para poder asumir la evaluación de estos bienes.
“La obtención de la información no es de un día para otro, es un proceso”, dijo la Lic. Borja, explicando que el procedimiento de entrevistas con posibles actores en la adquisición del drone requiere días, puesto que algunos son funcionarios, otros ex funcionarios e incluso instituciones.
Luego de obtener toda la documentación se debe comprobar su veracidad, al igual que los datos proporcionados en las entrevistas, por lo que se envían oficios a instituciones externas como la Policía, Impuestos Internos, Recaudaciones, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobierno, Fundempresa, entre otras.
Durante los meses de marzo y abril, en el proceso de relevamiento, se pudo advertir la necesidad de contar con especialistas para evaluar los equipos adquiridos; para tal efecto, se enviaron cartas a las universidades y a la Sociedad de Ingenieros para que proporcionen los nombres de los posibles profesionales que podrían asumir esta tarea.
Las universidades no emitieron respuesta y la Sociedad de Ingenieros facilitó tres nombres, personas que al ser invitadas se excusaron de realizar el trabajo debido a compromisos laborales asumidos en el extranjero.
Se envió un oficio de solicitud de reunión con los fiscales del Ministerio Público asignados a este caso, así como con el fiscal de Distrito, encuentro que se llevó a cabo y en el cual dichas autoridades comprendieron la necesidad de Auditoría Interna de poder acceder a los equipos tecnológicos que a comienzos de marzo fueron precintados, imposibilitando acceder a ellos para verificar las especificaciones del contrato.
Posteriormente, se realizó una invitación pública a nivel nacional, difundiendo en cuatro importantes periódicos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, la convocatoria a los especialistas que se requieren para analizar los equipos. A la fecha, se está en el proceso de recepción de las propuestas que están haciendo llegar los profesionales.“En ningún tipo de auditoría se establece plazos, las auditorías están sujetas a los factores internos y externos que se presenten”, remarcó Borja.
Por su lado, José Luis Pérez, del área legal de la Dirección de Auditoría Interna, indicó que esta auditoría tiene dos objetivos: la evaluación del proceso de contratación hasta la suscripción del contrato y la verificación de cada uno de los ítems – bienes que conforman el centro de monitoreo y el drone.
Pérez subrayó la necesidad de acceder al equipo de monitoreo para obtener un informe técnico del especialista que indique si se ha cumplido con los términos de referencia, calidad, garantía, funcionamiento, entre otros aspectos.
“El tiempo que demora una auditoría está sujeto a la complejidad, volumen de información y el acceso que se tiene a los bienes objeto de la auditoría”, añadió el abogado, señalando que el acceso a los equipos tecnológicos tiene que ser autorizado por el Ministerio Público, para luego determinar qué tipo de indicios de responsabilidad se va emitir, si correspondiere. Dichos indicios de responsabilidad pueden ser civiles, penales o administrativos.
Finalmente, la Lic. Norma Borja manifestó que la auditoría se encuentra en la etapa de ejecución, para obtener la evidencia de las áreas críticas y riesgos identificados; paralelamente se está finalizando la etapa de planificación y se continúa con las gestiones con el Ministerio Público para que se defina la fecha conveniente para poder acceder a verificar el objeto de la auditoría.
Fuente: PAT, La Estrella del Oriente