Editorial – Página SieteUno de los mitos de la fase gubernamental actual es que la «nacionalización” de los hidrocarburos fue la que generó un importante aumento en los ingresos fiscales bolivianos. Escribimos «nacionalización” entre comillas porque lo que en realidad ocurrió, el 1 de mayo de 2006, fue una renegociación de contratos. Las mismas empresas siguieron operando los mismos campos y extrayendo los mismos carburantes de los mismos pozos.Esa renegociación implicó un aumento del pago de impuestos por parte de esos operadores, es verdad. Pero es un porcentaje relativamente menor, del 16%, según un revelador estudio de la Fundación Jubileo. La mayor parte de los ingresos por la exportación de gas, como lo han señalado decenas de otros estudios y especialistas, proviene de la Ley del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), aprobada en 2005, con la oposición del MAS. Incluso el presidente de entonces, Carlos Mesa, se negó a firmar la ley, que fue promulgada por el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez.El estudio de la Fundación Jubileo establece que si la «nacionalización” explica el 16% del aumento de ingresos, el IDH explica el 40%. Otros impuestos y regalías implican el 44%.Así, el IDH, entre 2005 y 2015, implicó la recaudación de 13.734 millones de dólares de ingresos, mientras lo generado por la «nacionalización” fue de 5.491, expresó la entidad en base a cifras oficiales. La renta petrolera total en la última década fue de 34.662 millones de dólares.El otro factor que explica estas elevadas cifras son los altos precios del petróleo registrados en una década, y el aumento de los volúmenes exportados de gas a Brasil y Argentina. Si en 2004 el precio del petróleo, que es el que se usa como base para calcular el del gas, tuvo un precio promedio de 37 dólares el barril, en 2005 ya estaba en 53 dólares y el 2006, en 64. Para el 2011 el precio promedio era de 103 dólares el barril. Como comparación podemos decir que en 2002, en medio de una fuerte crisis fiscal, el barril de crudo se cotizaba en 22 dólares, un cuarto del promedio del que fue favorecido el Gobierno.El estudio de Jubileo confirma, como decimos, otros análisis, que demuestran que la así llamada nacionalización ha sido un concepto usado para darle a la gestión actual un sello de eficiencia y de fortaleza que, como vemos, no se ajusta a la realidad.El desafío actual de esa política es, con los impuestos elevados actuales y los precios del petróleo con tendencia a la baja, garantizar las inversiones en exploración. Éstas son cruciales para descubrir más crudo y, de esa manera, poder mantener el ritmo de exportaciones.