Con extraordinaria celeridad, que contrasta con la lentitud con que se gestionan las pesquisas sobre denuncias de corrupción gubernamental, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció la pronta conformación de una comisión investigadora encargada de “analizar caso por caso” la participación de empresarios bolivianos en las operaciones off-shore mencionadas en los Panamá Papers.Todo esto en medio de un amplio bombo mediático de los medios estatales y paragubernamentales, con el evidente propósito de desviar la atención nacional, hasta ahora enfocada en el escándalo de tráfico de influencias que envuelve al presidente Evo Morales y a su ex consorte, Gabriela Zapata.Una vez que la “omisión investigadora” (no hay ninguna errata) declarase que no existió uso indebido de influencias en el caso Camc, el oficialismo se apresta a lanzar una caza de brujas contra empresarios, muchos de ellos cruceños, lo que hace pensar en una suerte de “terrorismo 3” que podría incluir prácticas extorsivas al igual que las versiones anteriores de la maniobra.No importa que hasta el propio consorcio de periodistas que difundió los Panamá Papers aclare que la gran mayoría de las operaciones off-shore son legales y legítimas: para el régimen la sospecha más tenue se vuelve certeza de un sabotaje capitalista a la nueva “economía comunitaria”.Curiosa o sintomáticamente, se obvia de antemano en la investigación a la empresa estatal Entel, también mencionada en los Panamá Papers, a pesar de que en realidad este sería el único caso que valdría la pena escanear a profundidad, dado que esa compañía pública maneja fondos de todos los bolivianos…[email protected]