El equipo de Defensa del Silala se reunió para analizar la demanda de Chile

La presidenta de Chile, Michelle Bachalet, informó la mañana de este lunes de la presentación de la demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que determine que las aguas del Silala son parte de un río. Bolivia defiende que el recurso es parte de manantiales que nacen y mueren en territorio nacional.

Vertientes. Los bofedales formados producto de los manantiales del Silala en la localidad de Quetena, en Potosí.

Vertientes. Los bofedales formados producto de los manantiales del Silala en la localidad de Quetena, en Potosí. Pedro Laguna-Archivo.

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

El canciller David Choquehuanca y el secretario General de la Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala y todos los recursos hídricos en frontera con la República de Chile, René Martínez, sostienen este lunes una reunión de emergencia para analizar la demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del Silala.

La reunión fue convocada tras que esta mañana la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunciara la determinación de llevar la demanda ante la CIJ para «pedir que la Corte se pronuncie si (el Silala) es un río internacional«.



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Según fuentes de la Cancillería, de la reunión convocada por Choquehuanca participa también el procurador General del Estado, Héctor Arce. Se prevé que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial.

La agente de Chile para la demanda del Silala, Ximena Fuentes, fue la que presentó la soliciutud de apertura de juicio en la secretaría de la Corte Internacional de Justicia en La Haya,  informó el canciller chileno Heraldo Muñoz, minutos después del anuncio de Bachelet.

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Bolivia sostiene que en la zona del cantón Quetena Chico, del departamento de Potosí, hay manantiales cuyas aguas fluyen a Chile por canales artificiales construidos hace más de 100 años, por lo que varias veces ha exigido una compensación económica al Gobierno y a empresarios chilenos.