Diputado Walthy Egüez cuestiona sesión camaral y advierte movilización nacional en rechazo a DS N° 5143 de registro de Derechos Reales

El Decreto Supremo N° 5143 de Registro de Derechos Reales emitido por el Órgano Ejecutivo protege dudosas intenciones del gobierno nacional de Luis Arce Catacora con la manipulación de información sobre la tenencia de bienes sujetos a registro, la población lo ha advertido y está movilizada para preservar su propiedad.

Fuente: Prensa Creemos

La advertencia del legislador de Creemos, surgen el marco de la 105° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, 08 de mayo de 2024, donde transmitió el descontento de la población por las implicaciones del DS N° 5143 sobre la propiedad privada y por la pobre gestión camaral bajo la presidencia de Israel Huaytari.



“La bancada de Creemos en la legislatura del 2020 hemos presentado el proyecto de ley N° 270/2020-2021 que pone un alto a las intenciones del gobierno a meter su mano a la información de Derechos Reales y al gobierno de Luis Arce no le ha interesado debatir ese proyecto de ley.

Como nos anticipamos se vio obligado a lanzar un decreto supremo para seguir con ese objetivo, tener el control de los bienes de todos los bolivianos (…) el pueblo boliviano está en alerta y está empezando a movilizarse”, dijo enfático.

En esta línea advirtió que el pueblo, en las calles, no permitirá al gobierno tener control sobre la información respecto al derecho propietario, por lo que planteó a la sesión camaral impulsar el tratamiento del proyecto de ley 270/20 que ha sido consecutivamente repuesto hasta la presente legislatura.

Egüez, advirtió al gobierno de no deponer su actitud vulneradora de derechos constitucionales el pueblo actuará en legítima defensa de su patrimonio y no pondrá en riesgo sus bienes privados en manos de la dudosa administración de Arce Catacora.

De igual forma, demandó a Huaytari, presidente de la Cámara Baja, escuchar el mandato de la población y dar paso al tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 para restituir a la Asamblea Legislativa sus prerrogativas constitucionales y alejar del Tribunal Constitucional a los actuales magistrados políticamente prorrogados con objetivos partidarios.