El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, afirmó este miércoles en Bolivia que el Gobierno no debe discriminar a los medios de comunicación con el reparto de los avisos publicitarios del Estado.»El Gobierno no está obligado a poner publicidad, lo que sí está obligado es que cuando, haciendo publicidad oficial, lo haga con criterios claros y objetivos y no discriminatorios. Esa es la definición», declaró Lanza a los medios en La Paz.El relator especial hizo estas afirmaciones tras reunirse con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, dentro de la visita académica que cumple en el país andino para entrevistarse con funcionarios del Gobierno de Evo Morales y representantes de los medios de comunicación, entre otros sectores.En los últimos días, las autoridades y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) polemizaron sobre la denuncia de la institución, que agrupa a la mayoría de los diarios bolivianos, de una «asfixia publicitaria» ejercida por el Gobierno hacia rotativos «con independencia editorial».La ministra Paco replicó criticando que los medios digan que son «independientes» y, a la vez, reclamen publicidad estatal y también les acusó de no dar cobertura a las actividades gubernamentales.Para la ANP, la medida del Gobierno contra los medios es unaconsecuencia del trabajo «transparente» que hicieron con motivo del referendo del pasado 21 de febrero, en el que los bolivianos rechazaron mayoritariamente una reforma constitucional planteada por los afines a Morales para que vuelva a ser candidato en 2019.El mandatario boliviano y otros dirigentes oficialistas atribuyeron su derrota electoral, la primera en diez años, a una supuesta «guerra sucia» en su contra amplificada en varios medios y en las redes sociales durante la campaña.Morales, que suele considerar a la prensa como enemiga, dijo hace poco que los medios de comunicación «se han convertido en una poderosaarma de guerra dirigida a la desinformación, a la ideologización imperial y la desmovilización de la sociedad».El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a cuatro medios y algunos periodistas de conformar un supuesto «cártel de la mentira» por mentir supuestamente sobre el caso que involucra a la exnovia del gobernante, Gabriela Zapata, recluida desde febrero acusada de varios delitos económicos.Al respecto, Lanza señaló que ese tipo de declaraciones no contribuyen a crear un clima de respeto y tolerancia.»Los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar información que tienen que complementar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, entonces creemos que con declaraciones gruesas no se contribuye», afirmó.También señaló que se deben construir sistemas de medios «diversos y plurales», en los que se puedan expresar distintas líneas editoriales.