A raíz del cierre de un local en La Paz, salieron a defender su única fuente de ingresos. SCONTENT
El trabajo sexual no tiene ley, pero sí licencia para extorsionar
En Bolivia, el trabajo sexual no está legalizado, pero está permitido. Dos asociaciones trabajaron en una propuesta, que será discutida a finales de este mes. El proyecto está en manos del Defensor del Pueblo. Será presentado a la Asamblea PlurinacionalJavier Méndez Vedia / EL DEBER“Yo pensaba que este trabajo era una vergüenza, que no tenía derecho a nada. Pero nuestra organización ha crecido y me convertí en líder. Ahora me paro delante de un policía, de un intendente, de los locatarios o los garzones. No pueden obligarme a que trabaje doce horas o a que me quede 24 horas en el local. No tengo ningún contrato”, cuenta Nayeli, que ofrece sus servicios en uno de los locales de San Roque, en Potosí, frecuentado por mineros y funcionarios.El locatario es el dueño del local; el garzón es, por lo general, el proxeneta o cafiso de una trabajadora sexual. Ambos son algunas de las figuras que suelen aprovecharse de estas trabajadoras. Las otras personas que abusan lucen uniforme o son funcionarios públicos. Dos proyectos de ley buscan frenar estos abusos.A ver, tu libretaNayeli guarda con cuidado su libreta de sanidad, que es otorgada por el programa ITS-Sida de la Gobernación. Ese documento garantiza que han asistido a las revisiones médicas rutinarias y que están sanas.Ese mismo documento es el que un uniformado le pide a la joven Nayeli, como excusa para usar su cuerpo.Ella ha dejado de limpiar pisos en la oficina de Tránsito y se ha ido a trabajar a un local. A ese lugar ha ido, en busca de una mujer, uno de los jefes de Tránsito y la ha visto. “Me vio y ahí empezó a chantajearme. Decía que iba a contar a mi mamá y a mis hermanos a qué me dedicaba. Tenía que salir a su cuarto y hacía uso de mis servicios. No pagaba”, cuenta.Era frecuente que los integrantes de la guardia municipal y los policías, a veces el personal de salud, casi siempre los dueños, a menudo los clientes y habitualmente los maridos, las explotaran.Los feminicidios aún son frecuentes entre las trabajadoras sexuales. Hace unos años, un garzón asesinó a su pareja embarazada en Sucre. Si las mismas colegas no hubieran detenido al asesino, que sigue preso hasta hoy, Nayeli está segura de que el caso no se habría resuelto, como el de la adolescente de 16 años que apareció muerta después de salir con un cliente. Los abusos continúan cada día, pero ahora hay organizaciones que se hicieron visibles.Una de ellas es Onaem (Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer) y otra, la OTN (Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia). Ambas, desde liderazgos distintos, han presentado proyectos de ley para regularizar el trabajo sexual.Un amparo históricoDiana Ali, coordinadora nacional de OTN, recuerda que la primera victoria conseguida por las trabajadoras sexuales fue un amparo, presentado con ayuda de la Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero. Ese amparo hizo que las trabajadoras dejen de estar prontuariadas en la Policía. “Escribían su nombre y les ponían un alias. Por ejemplo, ‘Pamela Rivas, alias la Diana’. Eran como delincuentes. Ahí nacían las extorsiones. Pedían facturas de agua y luz del domicilio, y si no había, pedían sexo”, cuenta.Según Vero, activista de Onaem Cochabamba, en Bolivia el trabajo sexual no está legalizado, pero está permitido. Las ayuda la abogada Raiza Torreani, que está poniendo a punto el proyecto con un abogado constitucionalista y otro penalista.“No hay en Bolivia una ley que garantice el trabajo sexual. Esta situación conduce a abusos y a la clandestinidad. Se dice que no hay una ley, pero sí hay supuestas barras americanas o whiskerías que tienen licencia de la Alcaldía y funcionan como casas de lenocinio. Es en esta situación que se vive la vulnerabilidad y la clandestinidad”, dice Torreani.También se está revisando la legislación de otros países que ya hicieron muchos progresos en la regulación del trabajo sexual. Uno de esos países es Uruguay, que promulgó su ley hace 14 años, extendió los derechos a los hombres en 2009 y también a la población trans.Collette Spinetti Núñez ha enviado a Raiza Torreani todos los antecedentes que llevaron a la aprobación de la ley. Lo que se ha conseguido abre el camino a la jubilación y a la atención en salud (ver entrevista).¿Y la trata?¿Y la explotación?El abogado Miguel Paredes Oblitas (candidato a doctorado en la Universidad de Viena) recuerda que el año pasado el informe contra la trata de personas de la Secretaría de Estado de Estados Unidos indicó que Bolivia es un país de destino para el turismo sexual y prostitución infantil.Hace cinco meses, Amnistía Internacional dijo oficialmente que legalizar la prostitución reduce la vulneración de los derechos humanos y evita que operen los tratantes.“A mí me vendieron”, dice Jhoana, activista de OTN Santa Cruz. “Tenía 17 años. Me dijeron que vaya a trabajar de copera a La Paz y acepté. Cuando una mala amiga me dijo de qué se trataba, quise volver. Me dijeron que si tenía para pagar los pasajes, el hospedaje y la comida que me habían dado, que vuelva. Yo no tenía plata. Tuve que trabajar”. Así pasaron los años hasta que decidió abandonar el ambiente. Hoy está casada, tiene hijos y el único que sabe que fue trabajadora sexual es su esposo.El procedimiento de ‘enganchar’ a una joven con engaños y luego crearle una deuda es habitual entre los tratantes. En esa situación pueden pasar años.Un estudio realizado por Amnistía Internacional en Nueva Zelanda, que despenalizó el trabajo sexual hace tres años, reveló que el 70% de las trabajadoras estaban más dispuestas a denunciar los abusos en su contra gracias a la legislación.Los proyectos de ley están en manos del Defensor del Pueblo. Tamara Núñez, adjunta de la Defensoría, admite que hay susceptibilidad en algunos grupos, que creen que el trabajo sexual está relacionado con trata y tráfico de personas. “No es así”, dice Lily Cortez, presidenta de OTN. Si el trabajo no es voluntario y es ejercido por menores de edad, “las organizaciones debemos denunciar, para que ya no se hagan cacerías de brujas”