Alistan norma para legalizar ocupaciones en dos reservas
El Choré. Foto de archivo: santacruz.gob.bo
Santa Cruz. El sector productivo y la Gobernación dicen que se pretende legalizar los asentamientos ilegales y rechazan el proyecto de decreto supremo. La ABT busca consensuar la norma con los sectores.
Las reservas forestales El Choré y Guarayos están bajo la lupa de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). La entidad tiene listo un proyecto de decreto supremo que será consensuado con diferentes instituciones de la región, con el objetivo de reorientar las actividades de ambas áreas y convertirlas en ‘reservas integrales de bosques’ que permitan la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de manera sustentable de los bosques.
Sin embargo, un artículo del decreto genera polémica en el sector productivo, pues establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria creará un sistema de registro único de los asentamientos posteriores al 18 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2015, como requisito previo a la autorización de instrumentos de gestión por la ABT. La interpretación es que se busca legalizar las ocupaciones ilegales en ambas reservas.
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José Luis Osinaga, jefe nacional de Conservación de Bosques y Tierras, explicó que, de acuerdo a la competencia de la ABT, se busca la gobernabilidad del Estado en las reservas para manejarlas bajo criterios técnicos responsables y con una gestión sustentable.
A partir de ello se crearán mecanismos legales para poder otorgar derecho a diversos actores tanto para los que están en el área como para otros de la región.
“Los únicos que perderán serán los traficantes de tierra. Tenemos que ordenar, saber quiénes están en el lugar, qué actividades desarrollan los sindicatos y a partir de ello reorientar las actividades y cortar el tráfico de tierra”, sintetizó.
Gobernación ve ilegalidad
Cinthia Irene Asín, secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que el proyecto lo conocen de forma extraoficial, a pesar de que formalmente mediante oficio a la ABT y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua se lo solicitó, pidiendo además que si existe una norma que incumbe a los recursos naturales del departamento la institución debe participar de su elaboración, al igual que los municipios, las comunidades y la sociedad civil.
“La norma pretende legalizar asentamientos ilegales, sin precautelar los servicios ambientales que brindan los bosques y las reservas forestales, no estamos de acuerdo”, añadió.
Fuentes del sector agropecuario recordaron que el ministro de Desarrollo Rural comprometió una solución a la regularización del derecho propietario agrario de productores medianos y grandes mediante un trabajo coordinado con la dirigencia de la CAO, pero el INRA, la ABT y el Ministerio de Medio Ambiente vienen socializando el proyecto con organizaciones sociales de la provincia Guarayos, que tiene un contenido contraproducente para el sector.
Mientras tanto, la extracción ilegal de madera y la sobreexplotación del recurso forestal continúa en las dos reservas. En El Choré hay varios sindicatos agrarios que operan ilegalmente.
El Ministerio de Medio Ambiente informó de que el área técnica de esa cartera elabora el informe respectivo y que el martes dará una respuesta. En el INRA desconocen el proyecto
Forestales sugieren sujetarse a la ley
Cualquier iniciativa legislativa, regulatoria o administrativa referida a la ocupación, tenencia y producción de los recursos naturales, específicamente suelos y bosques, debe realizarse en concordancia con el artículo 380, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, advirtió ayer el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila.
Según el artículo 387 de la CPE, el Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal.
También citó el artículo 389 que señala: “La conversión de uso de tierra con cobertura boscosa a uso agropecuario solo procederá en los espacios legalmente asignados para ello de acuerdo con las políticas de planificación de acuerdo a ley”.
EL DEBER / Santa Cruz
