SUCRE. EL IMPUTADO, ENRIQUE LEAÑO DENUNCIÓ UN COBRO DE $US 8.000 POR SU LIBERTAD
Fiscalía ordena aprehensión de juez en plena audiencia cautelar
PROCESO. La audiencia de medidas cautelares del secretario General de la Alcaldía de Sucre, Enrique Leaño, fue ayer.
La intención de la Fiscalía de enviar a detención preventiva al secretario General de la Alcaldía de Sucre, por un presunto caso de corrupción que involucra al ex director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Martín Maturano, se convirtió en un escándalo judicial de proporciones. Fue el juez que debía determinar dicha detención quien terminó preso, acusado de un intento de extorsión para modificar su fallo.
El fiscal Anticorrupción Oscar Vera ordenó la aprehensión del juez 2° de Instrucción en lo Penal de la Capital, luego de que Leaño acusara a la autoridad jurisdiccional de haberle pedido $us 8.000 para quedar libre. La autoridad municipal reaccionó tras escuchar la decisión del Juez de enviarlo a la cárcel San Roque con detención preventiva.
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“El suscrito juez de la Capital administrando justicia en primera instancia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia dispone la detención preventiva del imputado en la cárcel pública de San Roque de esta ciudad, haciendo notar que esta determinación es claramente provisional y puede ser modificada o apelada en el plazo de 72 horas”, dijo el juez Oswaldo Aguilar.
Inmediatamente reaccionó Leaño y manifestó: La palabra señor juez. La autoridad contestó: Si.
“Señor juez usted me ha hecho pedir 8.000 dólares para que no saque este resultado y eso me lo han pedido por teléfono, por personas conocidas. En este momento me han pedido, desde anoche me han estado pidiendo y esta mañana también”, afirmó el imputado en medio de un silencio sepulcral que dejó atónito al público.
“Silencio por favor”, dijo el juez sin la vehemencia que habitualmente imponen los jueces en situaciones que no hacen a la causa para reponer el orden.
En seguida, de pie y enérgico, el fiscal sostuvo: «Usted va a ser aprehendido en este momento por orden fiscal; en flagrancia… proceda».
El juez, sentado en su sillón con la vista levantada hacia el fiscal, preguntó: ¿Por qué? En ese momento su voz ya había sido debilitada por el golpe de la sorpresa.
Quien manejaba la situación era Vera, que tenía a su lado dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) prestos a cumplir la orden.
“Proceda. Usted está siendo acusado por extorsión y concusión. Proceda”, volvió a repetir el fiscal con voz imperativa.
Mientras se ejecutaba la orden, aparentemente el juez quiso firmar algunos documentos, pero el fiscal insistió en la aprehensión inmediata y así se cumplió.
Aguilar fue sacado del Juzgado custodiado por dos policías. El fiscal Vera manifestó a los medios que la autoridad jurisdiccional fue aprehendida para que prestara su declaración informativa en la Fiscalía Departamental. Más tarde, el abogado defensor de Aguilar, Ariel Coronado, confirmó que esa acción se cumplió desde las 18:30.
¿Cuál es la situación jurídica de Leaño? Preguntó la prensa a Vera. “Lamentablemente hay que reconocer que ha quedado en la nebulosa. Estoy volviendo a conducir al señor a la Fiscalía”, respondió cerca de las 13:30.
Cuatro horas más tarde, la situación de Leaño no se clarificó. En un nuevo contacto con los medios, el Fiscal Anticorrupción sostuvo: “El Ministerio Público no puede disponer la libertad del señor (Leaño) y tampoco se lo puede remitir a la cárcel de San Roque, toda vez que no ha concluido la audiencia”.
Sin embargo, la prensa volvió a insistir sobre la situación jurídica del imputado. “El Ministerio Público está resguardando a Leaño no solamente en calidad de imputado del anterior caso por el cual fue aprehendido sino, sobre todo, que él como víctima tiene el derecho y la obligación de prestar su entrevista policial informativa. Se encuentra en calidad de víctima”, respondió.
El fiscal General Ramiro Guerrero dijo que la audiencia cautelar debe reinstalarse con otro juez quien determinará lo que en derecho corresponda. “Legalmente se habría dado una inhabilitación del juez que conocía la causa”, manifestó Vera. “Hay un conflicto de intereses, incluso hasta por un poco de moral él ya debería haber presentado su excusa en el presente caso, porque él es consciente de que la audiencia no ha terminado”, complementó.
Lo que sí está definido es que la Fiscalía Departamental le abrirá un proceso al Juez 2° de Instrucción en lo Penal por la supuesta comisión del delito de concusión, que es cuando un servidor público a través de terceras personas solicita un monto económico a un usuario para favorecerle. El delito se sanciona con una pena de tres a ocho años de cárcel.
Así lo ratificó el fiscal General, Ramiro Guerrero, quien en conferencia de prensa además reveló que desde hace algunos meses conocían el supuesto modus operandi de este juez, que en las audiencias cautelares “extrañamente, este juez y algunos, hacen un cuarto intermedio de cinco a diez minutos, y luego salen a emitir una resolución, muchas veces contraria a lo que está en el cuaderno de investigaciones”.
Afirmó que no sería el único caso en el que habría extorsionado; otros como la causa del vicerrector de San Francisco Xavier, Walter Arízaga, habría seguido el mismo camino.
Finalmente, el abogado de la defensa de Aguilar informó que ya interpuso una acción de libertad y que la misma se resolverá hoy, sábado, a partir de las 11:00, en la Sala Penal 2° del Tribunal Departamental de Justicia.
Enrique Leaño fue involucrado por la Fiscalía en el “Caso Maturano” por el sólo hecho de que, cuando fungía como director del hospital Santa Bárbara, firmó, como correspondía, un proveído derivando la oficina de Recursos Humanos de ese nosocomio la solicitud de licencia de tres meses, para una enfermera auxiliar que fue a Buenos Aires (Argentina) a atender a la pareja de Maturano.
El Consejo de la Magistratura se querellaría contra el juez
El Consejo de la Magistratura no descartó con apersonarse con una querella contra el juez Oswaldo Aguilar y coadyuvar en la investigación. Para el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), la acción de Ministerio Público vulneró el debido proceso del aprehendido.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilbert Choque, reveló que había personas que se quejaban de manera directa contra el mencionado juez, pero nunca formalizaron su denuncia.
“Hay gente que se quejaba de manera directa, pero nunca han formalizado una denuncia; eso es lo que pasa cuando uno se aparta del marco de la ley”, aseguró Choque.
Dijo también que podría ser sometido a un proceso disciplinario porque los cobros se constituyen en una falta gravísima que amerita la destitución del cargo.
Por su parte, la presidenta del ICACH, Silvia Salame, calificó la acción del Ministerio Público como “un acto de barbarie”.» ¿Dónde estamos?» Se preguntó.
Manifestó que con ese tipo de decisión del Ministerio Público cualquier persona imputada que reciba una resolución o sentencia en su contra podría decir: “Ese juez me ha pedido dinero”, a sabiendas de que el fiscal procedería a la detención inmediata del juez.
Para Salame, la decisión del fiscal Oscar Vera de ordenar la aprehensión es una acción que vulnera el debido proceso. «¿Dónde está la presunción de inocencia?» Cuestionó.
También explicó que la denuncia de Enrique Leaño debió ser antes de la audiencia, porque ahora se puede suponer que su decisión de señalar al juez es parte de su autodefensa.
Correo del Sur / Sucre
