La empresa china suscribió 7 millonarios contratos con el Estado boliviano entre 2009 y 2015. De estos contratos, sólo uno tenía crédito chino, el resto fue financiado con créditos del BCB.
La CAMC deja pendientes y en algunos casos perjuicios
CAMC. Un ejecutivo de CAMC estrecha la mano con el gerente de EASBA.ANUARIO 2016 DE PÁGINA SIETEEn febrero de 2016 recayó sobre la imagen de Evo Morales una de las polémicas más devastadoras de su mandato. A principios de ese mes, Carlos Valverde denunció un supuesto tráfico de influencias a favor de Gabriela Zapata, su expareja, quien entonces ejercía como gerente comercial de la empresa china CAMC, con la que el Estado había firmado, al menos, siete contratos millonarios entre 2009 y 2015.La empresa china firmó en 2009 con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la compra de tres perforadoras; en 2012 con la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) la construcción de un ingenio azucarero; en 2013 con el Ministerio de Obras Públicas la ejecución del Tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo; en 2014 con la Empresa Pública Misicuni tres de cuatro paquetes de la fase dos de la construcción de la represa cochabambina, y en 2015 con la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio.De los siete contratos que el Estado adjudicó a esta empresa sólo el de YPFB tuvo financiamiento del Export Import Bank of China (Eximbank). El resto recibió, en su mayoría, fondos del Banco Central de Bolivia (BCB) pero también de otras oficinas estatales.Tras la denuncia de Valverde se inició una investigación a cargo de una comisión mixta que estuvo conformada en su mayoría por legisladores del oficialismo y en menor medida por los de la oposición. Sin embargo, al concluir la indagación, los asambleístas no llegaron a un acuerdo y emitieron dos informes finales, uno por mayoría (del oficialismo) y otro por minoría (de la oposición).En ambos documentos se dan cuenta de los procesos. Sin embargo, el informe por mayoría en ninguno de los casos detecta tráfico de influencias, mientras que el de minoría encuentra al menos siete delitos en los que funcionarios públicos habrían incurrido, tanto en el proceso de adjudicación como en la ejecución de varios de los contratos.Las irregularidadesEn el caso de YPFB se detectó que el Gobierno había comprometido a CAMC, en mayo de 2009, el dinero de un crédito que el país supuestamente suscribió con Expor-Import Bank of China, para la compra de equipos de redes de gas, pero que aún no se había oficializado. Ese crédito se hizo efectivo recién en agosto.Es decir, el Gobierno comprometió fondos con los que no contaba y que no habían sido declarados en sus planes anuales. Esta forma de proceder contraviene a la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, que establece que el Gobierno no puede comprometer dinero que no haya sido declarado en su POA.En el caso del ingenio azucarero, los responsables contrataron directamente a CAMC, luego de haber llamado a licitación internacional dos veces. Adjudicaron la obra a la firma sin haber cerrado oficialmente el segundo proceso y pese a que ésta fue descalificada en dos oportunidades, según detalla el informe de minoría.Si bien los responsables de la empresa tenían vía libre desde un principio para adjudicar el proyecto de forma directa, optaron por la licitación internacional y al no lograr la adjudicación por esa vía obviaron algunos pasos establecidos en sus RE-SABS y el Decreto 0181 para adjudicar la obra a CAMC.El caso de la adjudicación para la ejecución del tramo I de la vía férrea Bulo Bulo-Montero es el que presenta mayores fallas. De ahí que el Ministerio de Obras Públicas se vio obligado a rescindir contrato antes de que el plazo del mismo finalice. Por ejemplo, la publicación de la convocatoria se hizo bajo modalidad Licitación Internacional, pero, con un Documento Base de Contratación errado porque éste era para la modalidad-DBC ANPE (Apoyo Nacional a la Producción).Por ello, tanto el DBC como el contrato fueron modificados una vez adjudicado el proyecto, procedimiento que está fuera de norma, pero que se respalda en «un ordenamiento jurídico nacional” que permite a la administración pública «apartarse de lo prescrito en disposiciones legales en procura de mayor beneficio y resguardo de los bienes de la entidad”, se lee en el informe de minoría. Queda pendiente una investigación de la Contraloría General del Estado a ocho exfuncionarios, entre ellos el exministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez.Sobre el contrato suscrito entre CAMC y la Empresa Pública Misicuni, el proceso de adjudicación pasó por alto datos erróneos en los documentos presentados por CAMC. La firma china declaró en el formulario A-2a, de identificación del proponente que la fecha de expedición de su Matrícula de Comercio fue el 19 de noviembre de 2013, cuando esto se hizo efectivo recién el 27 de ese mes, según se lee en su misma documentación. La primera fecha corresponde a la Escritura Pública de Apertura de Sucursal en el Extranjero. Además, quien firma en representación de CAMC Co. Ltd. Bolivia Branch es el representante legal en China, Li Sihai, y no así el entonces representante legal de la firma en Bolivia, Huang Shan, a quien Sihai habilitó como representante legal de la firma. Al menos es lo que se lee en «El poder especial y suficiente que confiere China CAMC Engineering Co. Ltd. representada legalmente por Li Sihai en favor del señor Huang Shan, para actuar en nombre de la sucursal en Bolivia”, que es el documento adjuntado.Mientras que en el caso del contrato suscrito con la GNRE para la puesta en marcha de la planta industrial de sales de potasio, CAMC entregó una Boleta de Garantía de seriedad de propuesta de un banco chino, cuando la norma (DS 181) establece que este documento debe ser emitido por un banco nacional. Asimismo, se tiene un precio referencial de más de 2.600 millones de bolivianos propuesto por la empresa Ercosplan que realizó el estudio de factibilidad. Sin embargo, en Términos Base de Contratación (TBC) se lanza la convocatoria con un precio referencial de casi la mitad: 1.239 millones de bolivianos.Las paradojasEs contradictorio que el Gobierno reduzca en la mitad el precio referencial de un proyecto tan ambicioso como lo es la Planta Industrial de Sales de Potasio, que se elaboró con un estudio previo realizado por una empresa especializada en el tema y que, por el contrario, adquiera tres perforadoras por 60 millones de dólares, sin haber realizado cotizaciones previas, y justifique este posible sobreprecio de los equipos.De igual forma, llama la atención que para la adjudicación del ingenio azucarero San Buenaventura, CAMC haya sido desestimada en dos ocasiones por la falta de una boleta de garantía de seriedad de propuesta de un banco boliviano, pues en las dos oportunidades presentó una boleta de garantía de un banco chino. EASBA viabilizó la contratación de CAMC con la condición de que presente la boleta de garantía de seriedad de propuesta de un banco boliviano, cosa que se hizo efectiva antes de la firma de contrato. Sin embargo, sorprende que para la Planta de Sales, a GENRE le admita sin mayor reparo la garantía de un banco chino y se proceda con la adjudicación.Contratos con CAMC: una herencia de problemas sin resolver y futuros gastosLas irregularidades en las adjudicaciones a CAMC dejaron como resultado problemas pendientes y en algunos casos perjuicios que el Gobierno deberá subsanar en un mediano plazo. Un ejemplo es el caso del tramo I de la Vía Férrea Montero-Bulo Bulo y Misicuni.Si bien los responsables del Ministerio de Obras Públicas aseguran que no hubo daño económico tras la resolución de contrato con CAMC, pues todo lo desembolsado se recuperó mediante el cobro de boletas de garantía, existen gastos que no se tomaron en cuenta y que generarán cuantiosos gastos al país.La vía férrea se construyó para transportar hacia Brasil los fertilizantes que producirá la Planta de Bulo Bulo (Cochabamba). Se estima que Samsung entregue esta planta la última semana de enero de 2017; sin embargo, una vez que la planta comience a producir, el Gobierno deberá pensar en otra estrategia para el traslado de los mismos mientras la vía no sea finalizada, aspecto que tendrá un costo y que podría incidir en el precio de los fertilizantes para su exportación.Similar problema se observa con el proyecto Misicuni. Si bien, Cochabamba actualmente sufre por la falta de agua, la millonaria inversión que el Gobierno ha realizado para la puesta en marcha de la fase dos de la represa no verá frutos en mucho tiempo, por un lado, porque recientemente se informó que CAMC demorará un año más en la entrega total de la obra, que debía haber sido finalizada en julio de este año; y por el otro, porque Cochabamba recibe su provisión de agua de redes de distribución muy antiguas, que no soportarían la presión con la que saldría el agua de la represa.
Carla HannoverPeriodista