La propietaria de un negocio por la terminal Bimodal asegura que entregó Bs 400 para que le renueven su patente de funcionamiento
Como María del Carmen Subirana se identificó la propietaria de un local situado por la terminal Bimodal, donde el 16 de enero aparecieron tres funcionarios de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), que le pidieron Bs 1.800 para que renueve su patente de funcionamiento, según su denuncia.
Subirana indicó que los supuestos funcionarios municipales, que llevaban credenciales de identificación, le pidieron un adelanto de Bs 900, cantidad que no disponía pero les dio Bs 400.
Cuando estalló el escándalo de los falsos funcionarios, Subirana sintió temor de haber sido timada, por ello se apersonó a las oficinas de SER, donde la enviaron de una oficina a otra para que le den una explicación.
Al final la despacharon a una oficina del segundo piso del edificio de SER, que tiene su ingreso por el lado de la calle Orthon, donde un funcionario la atendió, le explicó que las personas con las que había tenido contacto ya no eran funcionarias, procediendo a devolverle el dinero aportado, es decir, Bs 400.
Ahora, la mujer está desorientada porque la vigencia de su patente ha caducado y teme que sea clausurada, aunque la semana pasada el secretario de SER, Joaquín Crapuzzi, aseguró que durante 30 días no habrá actividades de los fiscalizadores porque serán removidos de sus cargos.
Esta nueva denuncia de cobros ilegales se da en momentos en que otros dueños de negocios (quioscos) de diferentes barrios aseguran haber entregado Bs 400, como adelanto por un total de Bs 2.000, que les han cobrado supuestos funcionarios de SER por la emisión de la licencia de funcionamiento.
Por estas nuevas denuncias, Dora Vásquez, funcionaria implicada en los casos de extorsión fue echada del cargo por disposición del alcalde Percy Fernández.
Actualmente, otros dos exfuncionarios de la comuna cruceña, Marco Antonio Barboza y Jimmy Lino, fueron enviados a la cárcel de Palmasola por disposición del juez cautelar. Estos funcionarios están acusados de concusión, uso indebido de influencias, beneficio en función del cargo y otros delitos.
Fuente: Unitel, El Deber
